Francisco Villena

El principal problema del gobierno del PP no es que Pedro Sánchez gane las primarias y vuelva a ser el secretario general del PSOE, lo que significaría el retorno del lema “no es no” a Rajoy y al PP como frontispicio de la oposición socialista, además de un explícito acercamiento del PSOE a Podemos para, en su día y cuando toque, intentar formar un gobierno de izquierdas en nuestro país. La izquierda española, afronta su proceso de primarias en el PSOE y su asamblea de Vistalegre II en Podemos, a cara de perro. La pluralidad de candidatos no implica, de por si, una división interna, pero sí que es evidente la animadversión entre los mismos, la notable diferencia de sus estrategias y de su modo de ver el partido. No atraviesa la izquierda, ciertamente, su mejor momento y se encuentra en fase de recomposición y de búsqueda de liderazgos tras los malos resultados electorales que le ha llevado a la oposición. Tampoco es un problema capital para la estabilidad del gobierno del PP el que no se puedan aprobar los presupuestos generales del Estado para 2017. Aprobado ya el techo de gasto acordado entre el PP y el PSOE se prorrogan los de 2016 y en paz. Aunque es cierto que esta solución de prorrogar, una solución de compromiso, sería infumable aplicarla también para los presupuestos de 2018 y lo más razonable sería entonces, si no hay preupuestos, convocar nuevas elecciones generales anticipadas para mediados del año próximo. Pero eso aún queda lejos.

El principal problema del Gobierno y también de España es el desafío separatista catalán. Las decenas y decenas de recursos de inconstitucionalidad interpuestos en estos dos o tres últimos años por el Gobierno contra las decisiones del gobierno y del parlamento de Cataluña no han supuesto, ni mucho menos, una aminoración de la escalada independentista que en los últimos días se está acelerando al máximo. Tampoco el “diálogo” del Gobierno a través de su vicepresidenta con los políticos catalanes separatistas les ha hecho levantar a estos el pie de su acelerador secesionista. Se veía venir lo que está pasando, que no es otra cosa que el independentismo catalán quiere constituir un Estado catalán en forma de República y para ello precisa de un referéndum de autodeterminación. Y lo que no puede ser, no puede ser. Total que el Gobierno ha dicho que si convocan el referéndum lo impugnará ante los tribunales y que, en ningún caso, el referéndum se va a celebrar por anticonstitucional, empleando incluso medidas coercitivas.

No ha explicado el Gobierno que entiende por medidas coercitivas y si ello implica la aplicación del famoso artículo 155 de la Constitución que significaría la intervención y suspensión de la autonomía catalana. O si esas medidas coercitivas supone, si hiciera falta, el empleo de las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado para impedir el referéndum. Esperemos que no haga falta. El problema es que el referéndum de las cajas de cartón como urnas del 9 de noviembre de 2014 no se iba a celebrar y al final se celebró, ¿por qué no podría celebrarse otro igual por mucho que el Estado advierta ahora y por enésima vez de su exigencia de cumplimiento de la legalidad vigente?.

El asunto de la conferencia de Carles Puigdemont en Bruselas presentando en Europa la causa independentista, los datos fiscales de los contribuyentes catalanes, censos electorales, listado de jueces adictos o no al independentismo, no sólo suponen un desafío intolerable para el Estado español sino que dejan al Gobierno de España en muy mal lugar si no lo investiga, si no lo detiene. A lo que hay que sumar el anuncio del gobierno catalán de la posibilidad de adelantar la convocatoria del referéndum para mediados de este año. La solución de Rajoy a esta cuestión catalana es clara, agotar hasta la extenuación el empleo de la vía jurisdiccional contra las ilegalidades del independentismo catalán. Como ha venido haciendo en estos últimos años, pero el problema y la gravedad de los hechos no ha ido disminuyendo sino al contrario. El PP tiene mayoría absoluta en el Senado, necesaria para aplicar el art. 155 de la CE, y Mariano Rajoy ya no es un presidente del gobierno en funciones.