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Marzà pone en marcha la Ley Valenciana de Educación

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El conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, y el secretario autonómico de Educación e Investigación, Miquel Soler, han expuesto delante de los diferentes agentes de la comunidad educativa los ejes participativos para elaborar la Ley Integral Valenciana de Educación (LIVE).

Los responsables de Educación de la Generalitat han apuntado que «a diferencia de otros territorios, nosotros no disponemos de una norma que enmarque todo el sistema educativo valenciano. Evidentemente que hay un marco legal, pero emana de diferentes leyes y decretos. Por eso vemos la necesidad de una ley integral que pueda definir con mucha más claridad las grandes líneas estratégicas de la educación valenciana».

La mayoría de leyes de educación existentes hacen que los niños y las niñas se deban adaptar al sistema educativo: «Nosotros pensamos que es al revés, que los alumnos deben estar en el centro del sistema y, por tanto, es el sistema el que debe adaptarse. Las escuelas no son fábricas para sacar réplicas de desigualdades, queremos una escuela crítica, más justa, más inclusiva, más solidaría y más abierta al entorno que ayude a cambiar el modelo productivo de nuestro territorio. Una escuela garante de la igualdad de oportunidades», ha apuntado el conseller.

En este sentido, el máximo responsable de Educación ha apuntado la necesidad de trabajar en una normativa autonómica «que blinde presupuestariamente la inversión en educación y que tenga en cuenta el aprendizaje a lo largo de la vida, con un consenso pedagógico».

Tal y como se ha señalado en el acto, la futura Ley Integral Valenciana de Educación «emana del Acuerdo del Botánico, que tiene en cuenta la creación en el año 2011 de la comisión de estudio no permanente en Les Corts para estudiar las técnicas y actuaciones para mejorar el rendimiento escolar y las posibilidades de empleo de los jóvenes, que generó la aprobación de la resolución 566/VIII en marzo de 2015».

A partir de este trabajo en Les Corts, la CEV elaboró un decálogo bajo el paraguas de la Estrategia Europea 2020, donde se planteaban los desafíos vinculados y enfocados al desarrollo educativo del alumnado. Los desafíos se vertebran en líneas fundamentales como la motivación, la implicación, el bienestar, la autonomía, responsabilidad y autoexigencia, el pensamiento crítico y creativo, la maduración equilibrada, la participación y protagonismo, la convivencia, la implicación de la familia, la calidad del ocio, el talento y rendimiento de aprendizajes. Los 12 desafíos han tenido como resultado 343 propuestas de acción concretadas en un documento estratégico, fruto de procesos de participación ciudadana.

«A partir de estos documentos de diagnosis y reflexión, queremos dar un paso más allá y hacer partícipe a toda la comunidad educativa, de forma individual y de forma colectiva, a través de un proceso consultivo para la elaboración de la Ley, ya que hay que escuchar a los especialistas y a los que están en el día a día en las aulas, pues debe ser una ley en la que participe la comunidad educativa y que se apruebe con el máximo consenso posible», ha explicado el conseller Marzà.

En este contexto, el secretario autonómico de Educación e Investigación, Miquel Soler, ha trazado las líneas participativas del proceso, que constan de un calendario de reuniones para escuchar antes del verano a los sindicatos, grupos parlamentarios, asociaciones de directores, asociaciones de inspectores, AMPA, escuelas de Magisterio, patronales de la escuela concertada, cooperativas y patronales de la enseñanza privada, entre otros.

También se han elaborado diferentes cuestionarios dirigidos al profesorado, a las AMPA de los centros educativos y a las familias en general, que podrán ser cumplimentados por todas aquellas personas implicadas que lo deseen.

Acabado el proceso consultivo, se realizarán una serie de encuentros por las diferentes comarcas valencianas para acercar las reflexiones y las diferentes aportaciones de la comunidad educativa.

El objetivo es contar con un borrador de ley a finales de año a partir de las diferentes aportaciones, de los cuestionarios y de las reuniones con los diferentes colectivos.

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Si utilizas Bizum, ojo a lo que llega en 2026: los cambios que va a implantar Hacienda 

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Estafa Bizum inverso
Usuarios con la aplicación de Bizum. / ARCHIVO

Hacienda refuerza el control sobre Bizum a partir de 2026

El inicio de 2026 traerá importantes novedades fiscales que afectarán de lleno a los sistemas de pago digitales. Entre ellos, Bizum será uno de los principales protagonistas. A partir del 1 de enero de 2026, la Agencia Tributaria intensificará el control sobre esta plataforma y otros medios de pago electrónico con el objetivo de reforzar la lucha contra el fraude fiscal.

El cambio se enmarca en el Real Decreto 253/2025, que reconoce el creciente peso de los sistemas de pago digitales —más allá de las tarjetas bancarias tradicionales— y la necesidad de integrarlos de forma plena en los mecanismos de control tributario.

Por qué Hacienda pone el foco en Bizum y otros pagos móviles

Según ha explicado la Agencia Tributaria, el auge de los pagos a través del teléfono móvil, tarjetas virtuales y plataformas digitales ha generado nuevas formas de cobro difíciles de rastrear con la normativa anterior. Por ello, la reforma incorpora expresamente a las entidades de pago y de dinero electrónico como sujetos obligados a facilitar información fiscal, al mismo nivel que las entidades financieras tradicionales.

En este contexto, se redefine el modelo 170 para que incluya cualquier sistema de pago que opere mediante tarjetas físicas o virtuales, dinero electrónico o números de teléfono móvil, como es el caso de Bizum.

Qué cambia exactamente a partir de enero de 2026

Uno de los cambios más relevantes es la eliminación del umbral mínimo de 3.000 euros. Hasta ahora, las entidades solo estaban obligadas a informar a Hacienda de operaciones que superaran esa cantidad. Con la nueva normativa, cualquier importe será comunicado.

Además, la periodicidad de la información cambia de forma sustancial:

  • Se elimina el límite de 3.000 euros para informar de operaciones.

  • La información sobre cobros y pagos pasa de ser anual a mensual.

  • Se refuerza el control sobre empresas y autónomos que utilicen Bizum u otros sistemas similares.

En la práctica, esto significa que cualquier cobro que una empresa o un autónomo realice a través de Bizum —aunque sea por un importe reducido— quedará reflejado en el informe mensual que la plataforma deberá remitir a la Agencia Tributaria.

A quién afectan estos cambios: empresas y autónomos

La reforma afecta directamente a profesionales, autónomos y empresas que utilicen Bizum como medio de cobro. La información que se trasladará a Hacienda incluirá, entre otros datos, la identificación completa del profesional, el número de teléfono o comercio asociado al sistema de cobro, el importe facturado mensualmente y la cuenta bancaria vinculada.

También se diferenciarán los cobros realizados mediante tarjeta y los asociados a pagos móviles, lo que permitirá a la Administración contar con una trazabilidad mucho más detallada de la actividad económica.

¿Qué pasa con los Bizum entre particulares?

Uno de los aspectos que más inquietud ha generado entre los usuarios es si Hacienda controlará los Bizum entre amigos o familiares, como el pago de una cena, un regalo o gastos compartidos. La respuesta es clara: no.

La Agencia Tributaria ha precisado que solo se informará de aquellas operaciones en las que el destinatario tenga un contrato de carácter profesional o empresarial. Por tanto, los Bizum entre particulares quedan excluidos de esta obligación informativa y no se verán afectados por la nueva normativa.

Cambios adicionales en cuentas bancarias y tarjetas

La reforma no se limita únicamente a Bizum. También introduce novedades en la información relativa a cuentas bancarias y tarjetas. En el caso de las cuentas, se mantiene la obligación de comunicar los datos económicos en el último período mensual del ejercicio.

En cuanto a las tarjetas bancarias, se establece la obligación de informar anualmente sobre todas las operaciones realizadas, incluyendo abonos, cargos, recargas, retiradas de efectivo y pagos en establecimientos. Solo quedarán excluidas aquellas tarjetas cuyo volumen anual de operaciones no supere los 25.000 euros, sumando cargos y abonos.

La información remitida a Hacienda incluirá datos como el número de contrato de emisión de la tarjeta, la identificación de los titulares, el tipo de tarjeta, el número total de operaciones, los importes acumulados y la cuenta bancaria asociada.

El objetivo de la reforma fiscal sobre Bizum

Con estas medidas, Hacienda busca disponer de información más precisa y actualizada para prevenir el fraude fiscal y mejorar la eficacia recaudatoria. La Agencia Tributaria ha señalado que ya está enviando comunicaciones informativas a los profesionales para que conozcan con antelación las nuevas obligaciones que entrarán en vigor en 2026.

El uso de Bizum seguirá siendo totalmente legal y válido, pero a partir del próximo año su utilización con fines profesionales estará sometida a un control fiscal mucho más exhaustivo.

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