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Marzà pone en marcha la Ley Valenciana de Educación

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El conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, y el secretario autonómico de Educación e Investigación, Miquel Soler, han expuesto delante de los diferentes agentes de la comunidad educativa los ejes participativos para elaborar la Ley Integral Valenciana de Educación (LIVE).

Los responsables de Educación de la Generalitat han apuntado que «a diferencia de otros territorios, nosotros no disponemos de una norma que enmarque todo el sistema educativo valenciano. Evidentemente que hay un marco legal, pero emana de diferentes leyes y decretos. Por eso vemos la necesidad de una ley integral que pueda definir con mucha más claridad las grandes líneas estratégicas de la educación valenciana».

La mayoría de leyes de educación existentes hacen que los niños y las niñas se deban adaptar al sistema educativo: «Nosotros pensamos que es al revés, que los alumnos deben estar en el centro del sistema y, por tanto, es el sistema el que debe adaptarse. Las escuelas no son fábricas para sacar réplicas de desigualdades, queremos una escuela crítica, más justa, más inclusiva, más solidaría y más abierta al entorno que ayude a cambiar el modelo productivo de nuestro territorio. Una escuela garante de la igualdad de oportunidades», ha apuntado el conseller.

En este sentido, el máximo responsable de Educación ha apuntado la necesidad de trabajar en una normativa autonómica «que blinde presupuestariamente la inversión en educación y que tenga en cuenta el aprendizaje a lo largo de la vida, con un consenso pedagógico».

Tal y como se ha señalado en el acto, la futura Ley Integral Valenciana de Educación «emana del Acuerdo del Botánico, que tiene en cuenta la creación en el año 2011 de la comisión de estudio no permanente en Les Corts para estudiar las técnicas y actuaciones para mejorar el rendimiento escolar y las posibilidades de empleo de los jóvenes, que generó la aprobación de la resolución 566/VIII en marzo de 2015».

A partir de este trabajo en Les Corts, la CEV elaboró un decálogo bajo el paraguas de la Estrategia Europea 2020, donde se planteaban los desafíos vinculados y enfocados al desarrollo educativo del alumnado. Los desafíos se vertebran en líneas fundamentales como la motivación, la implicación, el bienestar, la autonomía, responsabilidad y autoexigencia, el pensamiento crítico y creativo, la maduración equilibrada, la participación y protagonismo, la convivencia, la implicación de la familia, la calidad del ocio, el talento y rendimiento de aprendizajes. Los 12 desafíos han tenido como resultado 343 propuestas de acción concretadas en un documento estratégico, fruto de procesos de participación ciudadana.

«A partir de estos documentos de diagnosis y reflexión, queremos dar un paso más allá y hacer partícipe a toda la comunidad educativa, de forma individual y de forma colectiva, a través de un proceso consultivo para la elaboración de la Ley, ya que hay que escuchar a los especialistas y a los que están en el día a día en las aulas, pues debe ser una ley en la que participe la comunidad educativa y que se apruebe con el máximo consenso posible», ha explicado el conseller Marzà.

En este contexto, el secretario autonómico de Educación e Investigación, Miquel Soler, ha trazado las líneas participativas del proceso, que constan de un calendario de reuniones para escuchar antes del verano a los sindicatos, grupos parlamentarios, asociaciones de directores, asociaciones de inspectores, AMPA, escuelas de Magisterio, patronales de la escuela concertada, cooperativas y patronales de la enseñanza privada, entre otros.

También se han elaborado diferentes cuestionarios dirigidos al profesorado, a las AMPA de los centros educativos y a las familias en general, que podrán ser cumplimentados por todas aquellas personas implicadas que lo deseen.

Acabado el proceso consultivo, se realizarán una serie de encuentros por las diferentes comarcas valencianas para acercar las reflexiones y las diferentes aportaciones de la comunidad educativa.

El objetivo es contar con un borrador de ley a finales de año a partir de las diferentes aportaciones, de los cuestionarios y de las reuniones con los diferentes colectivos.

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Pedro Sánchez comparecerá en el Congreso el 11 de febrero para informar sobre la crisis ferroviaria

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El presidente dará explicaciones por los accidentes de Adamuz y Gelida en plena polémica por el caos en Rodalies

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá el próximo 11 de febrero en el Congreso de los Diputados para informar sobre la crisis ferroviaria que atraviesa España tras los recientes accidentes y las graves incidencias registradas en el servicio de trenes, especialmente en Cataluña. La comparecencia se producirá a petición del propio Ejecutivo, según han confirmado fuentes de Moncloa.

Sánchez explicará ante el pleno los detalles relacionados con los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), en la primera sesión ordinaria del Congreso tras la reanudación de la actividad parlamentaria en febrero.


Jornada de caos ferroviario en Cataluña

La comparecencia llega tras una nueva jornada de inestabilidad en el servicio de Rodalies de Cataluña, donde miles de usuarios se han visto afectados por retrasos, suspensiones y reanudaciones intermitentes del tráfico ferroviario.

Este lunes, el servicio comenzó a operar con dificultades, con algunos tramos cubiertos mediante transporte alternativo. Poco después de las seis y media de la mañana, la circulación volvió a suspenderse debido a una incidencia técnica en el centro de control de Adif, ubicado en la Estación de Francia. Aunque el servicio se reactivó pasadas las siete, volvió a interrumpirse minutos después, generando confusión y malestar entre los viajeros.

Ante esta situación, la Generalitat de Cataluña ha reforzado el servicio de autobuses, aunque ha recomendado a las empresas fomentar el teletrabajo para reducir la presión sobre el sistema de transporte.


Óscar Puente defiende que el accidente de Adamuz era “difícil de detectar”

En relación con el descarrilamiento del tren Iryo en Adamuz, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado que una inspección previa de la vía no habría permitido detectar el problema.

“La auscultación no nos hubiera ofrecido ninguna información relevante”, ha afirmado, subrayando que se trata de un accidente “extraño” no por la existencia de sabotaje, sino por la dificultad técnica para identificar el fallo con antelación. Aunque la hipótesis del sabotaje no se ha descartado por completo, el ministro ha insistido en que no es la opción principal que barajan los investigadores.


Aplazado el funeral de Estado por las víctimas de Adamuz

La Junta de Andalucía y el Gobierno central han acordado posponer el funeral de Estado por las víctimas del accidente de Adamuz, que estaba previsto para el 31 de enero. La decisión se ha tomado después de que una mayoría de las familias comunicara que no asistiría o prefiriera celebrarlo en una fecha posterior.


Debate político y exigencia de responsabilidades

La comparecencia de Pedro Sánchez se producirá en un contexto de creciente presión política, con críticas de la oposición, peticiones de dimisión y cuestionamientos sobre la gestión de la infraestructura ferroviaria y la seguridad del sistema.

Desde el Gobierno recuerdan que el presidente acudirá al Congreso en el marco ordinario de control parlamentario, después de haber descartado su presencia inmediata en el Senado, como reclamaba el Partido Popular.


Una comparecencia clave para el futuro del sistema ferroviario

La intervención del presidente del Gobierno el próximo 11 de febrero se perfila como una cita clave para aclarar responsabilidades, explicar las causas de los accidentes y detallar las medidas que se adoptarán para evitar que se repitan situaciones de caos ferroviario como las vividas en las últimas semanas.

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