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Marzà pone en marcha la Ley Valenciana de Educación

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El conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, y el secretario autonómico de Educación e Investigación, Miquel Soler, han expuesto delante de los diferentes agentes de la comunidad educativa los ejes participativos para elaborar la Ley Integral Valenciana de Educación (LIVE).

Los responsables de Educación de la Generalitat han apuntado que «a diferencia de otros territorios, nosotros no disponemos de una norma que enmarque todo el sistema educativo valenciano. Evidentemente que hay un marco legal, pero emana de diferentes leyes y decretos. Por eso vemos la necesidad de una ley integral que pueda definir con mucha más claridad las grandes líneas estratégicas de la educación valenciana».

La mayoría de leyes de educación existentes hacen que los niños y las niñas se deban adaptar al sistema educativo: «Nosotros pensamos que es al revés, que los alumnos deben estar en el centro del sistema y, por tanto, es el sistema el que debe adaptarse. Las escuelas no son fábricas para sacar réplicas de desigualdades, queremos una escuela crítica, más justa, más inclusiva, más solidaría y más abierta al entorno que ayude a cambiar el modelo productivo de nuestro territorio. Una escuela garante de la igualdad de oportunidades», ha apuntado el conseller.

En este sentido, el máximo responsable de Educación ha apuntado la necesidad de trabajar en una normativa autonómica «que blinde presupuestariamente la inversión en educación y que tenga en cuenta el aprendizaje a lo largo de la vida, con un consenso pedagógico».

Tal y como se ha señalado en el acto, la futura Ley Integral Valenciana de Educación «emana del Acuerdo del Botánico, que tiene en cuenta la creación en el año 2011 de la comisión de estudio no permanente en Les Corts para estudiar las técnicas y actuaciones para mejorar el rendimiento escolar y las posibilidades de empleo de los jóvenes, que generó la aprobación de la resolución 566/VIII en marzo de 2015».

A partir de este trabajo en Les Corts, la CEV elaboró un decálogo bajo el paraguas de la Estrategia Europea 2020, donde se planteaban los desafíos vinculados y enfocados al desarrollo educativo del alumnado. Los desafíos se vertebran en líneas fundamentales como la motivación, la implicación, el bienestar, la autonomía, responsabilidad y autoexigencia, el pensamiento crítico y creativo, la maduración equilibrada, la participación y protagonismo, la convivencia, la implicación de la familia, la calidad del ocio, el talento y rendimiento de aprendizajes. Los 12 desafíos han tenido como resultado 343 propuestas de acción concretadas en un documento estratégico, fruto de procesos de participación ciudadana.

«A partir de estos documentos de diagnosis y reflexión, queremos dar un paso más allá y hacer partícipe a toda la comunidad educativa, de forma individual y de forma colectiva, a través de un proceso consultivo para la elaboración de la Ley, ya que hay que escuchar a los especialistas y a los que están en el día a día en las aulas, pues debe ser una ley en la que participe la comunidad educativa y que se apruebe con el máximo consenso posible», ha explicado el conseller Marzà.

En este contexto, el secretario autonómico de Educación e Investigación, Miquel Soler, ha trazado las líneas participativas del proceso, que constan de un calendario de reuniones para escuchar antes del verano a los sindicatos, grupos parlamentarios, asociaciones de directores, asociaciones de inspectores, AMPA, escuelas de Magisterio, patronales de la escuela concertada, cooperativas y patronales de la enseñanza privada, entre otros.

También se han elaborado diferentes cuestionarios dirigidos al profesorado, a las AMPA de los centros educativos y a las familias en general, que podrán ser cumplimentados por todas aquellas personas implicadas que lo deseen.

Acabado el proceso consultivo, se realizarán una serie de encuentros por las diferentes comarcas valencianas para acercar las reflexiones y las diferentes aportaciones de la comunidad educativa.

El objetivo es contar con un borrador de ley a finales de año a partir de las diferentes aportaciones, de los cuestionarios y de las reuniones con los diferentes colectivos.

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La Guardia Civil confirma la rotura de la vía 22 horas antes del accidente de Adamuz, pero no saltó la alerta en Adif

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Apunta que Adif «no exigió» que el sistema alertara de una rotura de la vía pese a que en sus especificaciones lo recoge

Un informe de la Guardia Civil presentado al Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), plaza número 2, confirma la rotura de la vía 22 horas antes del descarrilamiento del tren Iryo, que en segundos colisionó con el Alvia, a su paso por Adamuz, causando la tarde del domingo 18 de enero el fallecimiento de 46 personas y más de 120 heridos.

A la vista de este informe, queda como «línea principal de investigación la rotura de raíl o soldadura, quedando descartadas las acciones de sabotaje, terrorismo, negligencia o imprudencia de los maquinistas y a expensas de los informes periciales y otra documentación o manifestaciones que puedan ser recabados, y como muy altamente improbable la causa de una pieza en la vía que diera lugar al accidente».

En dicho informe del día 28 de marzo, al que ha tenido acceso Europa Press, se recoge que «el sistema sólo alerta de una rotura si la tensión cae por debajo del umbral de ‘ocupación'», de modo que «en el caso de Adamuz, el Sistema de Apoyo al Mantenimiento (SAM) registró una caída brusca de tensión la noche del 17 de enero, pero al mantenerse por encima del umbral no generó ninguna alarma al enclavamiento ni al personal de mantenimiento» de Adif.

En conclusión, se apunta que «el sistema SAM llegó a registrar de forma pasiva una alteración eléctrica compatible con una rotura horas antes del accidente, pero el sistema de señalización no estaba configurado para alertar de ello de forma automática por la falta de fiabilidad del método en esta infraestructura ferroviaria», a lo que se añade que «Adif a pesar de contener en sus especificaciones que debe estar diseñado para detectar la fractura, no lo exigió».

Al respecto, un informe técnico recogido en la documentación, en fase de borrador, de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) sobre el siniestro de Adamuz ya apuntó hace semanas a una caída de tensión compatible con la rotura de la vía 22 horas antes del descarrilamiento, todo ello «a partir de los registros de las señales eléctricas de los circuitos de vía de la zona, que mantiene Hitachi», que se encarga del sistema de señalización.

En este sentido, el informe de la Benemérita indica que de la documentación aportada del sistema operado por Hitachi «se observan una serie de diagramas» en los que «se refleja que la tensión del circuito de vía se mantiene en el entorno de los dos voltios de tensión» del día 12 al 18 de enero. Sin embargo, desde las 21,46 horas del sábado 17 «se produce un descenso hasta el entorno de 1,5 voltios, no recuperándose dicha tensión hasta el accidente, sobre las 19,43 horas del día 18, en el que la tensión ya queda en cero».

Así, «se confirma que la rotura de vía se produjo en el tramo contemplado entre los kilómetros 319,412 y 318,665, por lo que esta indagatoria corroboraría la existencia de una rotura en ese tramo en el que se encuentra el kilómetro 318,681 y que se produjo a las 21,46 horas del día 17 de enero».

Además, se señala que «según la documentación, puede que fuera técnicamente posible detectar una rotura franca de carril» mediante los sistemas de señalización instalados, «aunque la fiabilidad de dicha detección depende de la configuración eléctrica de la vía».

En base a la manifestación de la responsable del sistema –empresa Hitachi Rail GTS Spain SAU proveedora de servicios contratada por Adif, «era posible detectar una rotura franca de carril en la vía 1 entre el kilómetro 317 y el 319, pero la fiabilidad de esta detección mediante los sistemas de señalización en esta línea específica era muy baja debido a la configuración eléctrica de la infraestructura».

«NO ES HABITUAL» LA VARIACIÓN DE TENSIÓN DE FORMA SOSTENIDA

Igualmente, se declara que ante la variación de la tensión de forma sostenida a lo largo del tiempo, desde las 21,46 horas del día 17 de enero hasta el cero de las 19,43 horas del día 18, «se comprueba que no es habitual durante la serie estudiada», en el período que abarca desde el día 12 de enero.

En este caso, se explica que «estas caídas de tensión se recogen en el SAM que se encuentra ubicado en la Base de Mantenimiento de Hornachuelos, que sólo se consulta por averías notificadas o por tareas de mantenimiento».

No obstante, la Guardia Civil afirma que «habrá que dilucidar si existía la posibilidad técnica de recibir algún tipo de alerta por estas caídas de tensión, sobre todo por el tiempo que se mantiene en esos niveles no habituales y por la gravedad de las consecuencias, puesto que una de ellas es la rotura del raíl, tal y como se reconoce en la manifestación, especialmente porque según las propias especificaciones de Adif, en el diseño del sistema debe establecerse la capacidad de poder detectar la rotura del carril y habiendo sido ya advertido en el memorando de la catenaria de 25KV, redactado para el trazado AVE en el año 1992».

En dicho memorando se advierte, refiriéndose al Sistema de Corriente y retorno y de puesta a tierra, que «el equipo de señalización de libre vía requiere que el número de las conexiones entre rieles y sistema de retorno sea mínimo, a fin de poder detectar la rotura de un riel». Y posteriormente se dice que «la puesta a tierra de los postes debe ser coordinada con la técnica de señalización para la detección de posibles roturas en los raíles».

LA CAUSA

En cuanto al hecho de determinar la causa o causas que dieron lugar al accidente de circulación ferroviaria, el Instituto Armado asevera que «esta cuestión sigue aún sin poder resolverse, en tanto en cuanto no se finalicen otras actuaciones de investigación como es la Inspección Técnico Ocular, además de contar con los resultados de los especialistas de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios e informes periciales solicitados».

No obstante, y al objeto de aclarar las distintas líneas de investigación que se siguen por esta instrucción, se explica el estado actual de cada una de ellas y las gestiones pendientes de resolverse para confirmar o descartar cada una de ellas.

De este modo, se expone que «teniendo en cuenta que se produjo la rotura de un riel (hilo) o de la soldadura y con los datos recabados hasta la fecha, no es posible determinar si fue la rotura del riel la que dio lugar a la de la soldadura o viceversa, se investigan distintas causas».

Ante ello, se han tomado 19 manifestaciones a maquinistas de las empresas Ouigo, Iryo y Renfe, que circularon el mismo día del accidente por ese tramo, de forma que «salvo una manifestación que informa de un golpe en lado derecho, el resto no reporta ningún tipo de incidencia o sensación extraña».

Respecto a la causa del accidente, se significa que «la CIAF llevó a cabo inspecciones, con la finalidad de comprobar la rodadura de los trenes que circularon con anterioridad por el tramo en el que se produjo el descarrilamiento, dando como resultado que en varios de los trenes se apreciaron muescas compatibles con una rotura de raíl».

Una de las causas del descarrilamiento del tren Iryo, con la información disponible a la fecha de redacción del informe, «pudo ser la rotura del riel, marcado con la inscripción ‘Ensidesa’ del año 2023, acero de grado R350HT, del carril sentido Madrid y que se corresponde con el lote 4D2062, que son los carriles nuevos instalados en el entorno de Adamuz», a lo que se añade que «la rotura de un riel puede producirse por diversas causas técnicas, operativas y metalúrgicas que van desde el proceso de fabricación hasta el desgaste por el uso continuado».

Entretanto, en el informe se afirma que los agentes actualmente analizan las imágenes de las cámaras de los dos trenes, «por si pudieran aportar más información relativa al momento de la colisión».

 

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