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Marzà pone en marcha la Ley Valenciana de Educación

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El conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, y el secretario autonómico de Educación e Investigación, Miquel Soler, han expuesto delante de los diferentes agentes de la comunidad educativa los ejes participativos para elaborar la Ley Integral Valenciana de Educación (LIVE).

Los responsables de Educación de la Generalitat han apuntado que «a diferencia de otros territorios, nosotros no disponemos de una norma que enmarque todo el sistema educativo valenciano. Evidentemente que hay un marco legal, pero emana de diferentes leyes y decretos. Por eso vemos la necesidad de una ley integral que pueda definir con mucha más claridad las grandes líneas estratégicas de la educación valenciana».

La mayoría de leyes de educación existentes hacen que los niños y las niñas se deban adaptar al sistema educativo: «Nosotros pensamos que es al revés, que los alumnos deben estar en el centro del sistema y, por tanto, es el sistema el que debe adaptarse. Las escuelas no son fábricas para sacar réplicas de desigualdades, queremos una escuela crítica, más justa, más inclusiva, más solidaría y más abierta al entorno que ayude a cambiar el modelo productivo de nuestro territorio. Una escuela garante de la igualdad de oportunidades», ha apuntado el conseller.

En este sentido, el máximo responsable de Educación ha apuntado la necesidad de trabajar en una normativa autonómica «que blinde presupuestariamente la inversión en educación y que tenga en cuenta el aprendizaje a lo largo de la vida, con un consenso pedagógico».

Tal y como se ha señalado en el acto, la futura Ley Integral Valenciana de Educación «emana del Acuerdo del Botánico, que tiene en cuenta la creación en el año 2011 de la comisión de estudio no permanente en Les Corts para estudiar las técnicas y actuaciones para mejorar el rendimiento escolar y las posibilidades de empleo de los jóvenes, que generó la aprobación de la resolución 566/VIII en marzo de 2015».

A partir de este trabajo en Les Corts, la CEV elaboró un decálogo bajo el paraguas de la Estrategia Europea 2020, donde se planteaban los desafíos vinculados y enfocados al desarrollo educativo del alumnado. Los desafíos se vertebran en líneas fundamentales como la motivación, la implicación, el bienestar, la autonomía, responsabilidad y autoexigencia, el pensamiento crítico y creativo, la maduración equilibrada, la participación y protagonismo, la convivencia, la implicación de la familia, la calidad del ocio, el talento y rendimiento de aprendizajes. Los 12 desafíos han tenido como resultado 343 propuestas de acción concretadas en un documento estratégico, fruto de procesos de participación ciudadana.

«A partir de estos documentos de diagnosis y reflexión, queremos dar un paso más allá y hacer partícipe a toda la comunidad educativa, de forma individual y de forma colectiva, a través de un proceso consultivo para la elaboración de la Ley, ya que hay que escuchar a los especialistas y a los que están en el día a día en las aulas, pues debe ser una ley en la que participe la comunidad educativa y que se apruebe con el máximo consenso posible», ha explicado el conseller Marzà.

En este contexto, el secretario autonómico de Educación e Investigación, Miquel Soler, ha trazado las líneas participativas del proceso, que constan de un calendario de reuniones para escuchar antes del verano a los sindicatos, grupos parlamentarios, asociaciones de directores, asociaciones de inspectores, AMPA, escuelas de Magisterio, patronales de la escuela concertada, cooperativas y patronales de la enseñanza privada, entre otros.

También se han elaborado diferentes cuestionarios dirigidos al profesorado, a las AMPA de los centros educativos y a las familias en general, que podrán ser cumplimentados por todas aquellas personas implicadas que lo deseen.

Acabado el proceso consultivo, se realizarán una serie de encuentros por las diferentes comarcas valencianas para acercar las reflexiones y las diferentes aportaciones de la comunidad educativa.

El objetivo es contar con un borrador de ley a finales de año a partir de las diferentes aportaciones, de los cuestionarios y de las reuniones con los diferentes colectivos.

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Esta es la indemnización que cobrarán los familiares de los fallecidos en Adamuz y Gelida

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Las indemnizaciones alcanzarán los 210.000 euros por fallecido y se abonarán en un plazo máximo de tres meses

El Gobierno ha aprobado un paquete de ayudas de 20 millones de euros destinado a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), en los que murieron 46 personas y otras 164 resultaron heridas. El nuevo mecanismo permitirá que los familiares de cada persona fallecida reciban hasta 210.000 euros en concepto de indemnización.

La medida ha sido anunciada este martes por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras el Consejo de Ministros, donde se ha dado luz verde a un real decreto-ley de medidas urgentes para garantizar una respuesta rápida y eficaz a las víctimas.


Cómo se repartirán los 20 millones de euros en ayudas

Del total aprobado, 10 millones de euros se destinarán a ayudas directas y los otros 10 millones a anticipos de los seguros obligatorios. En el caso de fallecimiento, cada familia recibirá inicialmente 144.000 euros, libres de impuestos, repartidos del siguiente modo:

  • 72.000 euros en ayudas directas del Estado

  • 72.000 euros como anticipo del seguro

Una vez que las aseguradoras determinen oficialmente los daños personales, se abonará una cantidad adicional equivalente, lo que elevará la indemnización total hasta los 210.000 euros por víctima mortal, todo ello en un plazo máximo de tres meses.


Ayudas para heridos según la gravedad de las lesiones

En el caso de las personas heridas, las ayudas se calcularán conforme al baremo vigente, en función de la gravedad de las lesiones. Las cuantías oscilan entre:

  • 2.400 euros para lesiones leves

  • Más de 84.000 euros en los casos de máxima gravedad

Estas cantidades se duplicarán al sumarse el anticipo del seguro obligatorio, garantizando así un apoyo económico inmediato a los afectados.


El Ejecutivo quiere evitar retrasos como en el accidente de Angrois

Óscar Puente ha subrayado que el objetivo del Gobierno es evitar que las víctimas tengan que esperar años para cobrar las indemnizaciones, como ocurrió tras el accidente de Angrois.

“No vamos a consentir que haya víctimas que estén diez años esperando una compensación. Hemos aprendido de lo ocurrido y por eso aprobamos este mecanismo”, ha afirmado el ministro.


Hacia un sistema permanente de compensación anticipada

Además de las ayudas actuales, el Gobierno iniciará cambios normativos para crear un mecanismo estructural de intervención pública que permita al Estado adelantar parte de las indemnizaciones en accidentes de transporte colectivo, sin esperar a que se resuelva la responsabilidad civil.

Este sistema garantizará una atención rápida y homogénea a las víctimas, independientemente de la complejidad judicial de cada caso.


Oficinas de atención y apoyo directo a las víctimas

El Ejecutivo también ha puesto en marcha líneas de atención integral a las víctimas. A partir de este miércoles se abrirán oficinas específicas en:

  • Huelva, para atender a los afectados del accidente de Adamuz

  • Barcelona, para las víctimas del siniestro en Gelida y Rodalies

Además, se activará el servicio ‘Administración Cerca de Ti’, mediante el cual profesionales de las delegaciones del Gobierno podrán desplazarse a los domicilios para ayudar en la tramitación de las ayudas.

 

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