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Más de 45.000 delincuentes sexuales no pueden trabajar con niños en España

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MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) – Un total de 45.155 delincuentes sexuales no pueden trabajar con menores de edad en España, 5.692 de ellos en la Comunitat Valenciana, porque están condenados en sentencia firme por delitos contra la libertad e indemnidad sexual o por trata de seres humanos, incluida la pornografía. De todos ellos, 42.581 son adultos y 2.574 menores, y más de 4.000 han sido ‘fichados’ en los últimos dos años y medio.

Así se recoge en los últimos datos del Registro Central de Delincuentes Sexuales facilitados a Europa Press, hasta el mes de agosto de 2018. Con la puesta en marcha de este fichero, que está en vigor desde marzo de 2016, se exige obligatoriamente un certificado de delitos de naturaleza sexual a todas las personas que ejercen o quieren ejercer una profesión o actividad que implique el contacto con menores.

La obligatoriedad de presentar este documento la establece Ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, así como la Ley de Voluntariado, ambas aprobadas en 2015, y busca proteger a los menores contra la explotación y el abuso sexual.

4.000 NUEVOS DESDE SU CREACIÓN
El registro arrancó el 1 de marzo de 2016 con un total de 40.782 delincuentes sexuales identificados, de los que 38.272 eran adultos y 2.510 menores de edad. Ese año finalizó con 41.714 delincuentes fichados, es decir, un millar más que al principio.

Ya a finales de 2017, en el registro constaban 2.000 personas más con antecedentes penales por delitos de índole sexual y con la prohibición de trabajar con menores, 43.795 en total, (41.217 adultos y 2.578 menores). Hasta agosto de este año 2018, esa cifra ha aumentado hasta los 45.155 delincuentes sexuales fichados, de los que 42.581 son mayores de edad y 2.574 menores.

Así pues, desde la puesta en marcha del fichero, el Ministerio ha detectado a 4.373 delincuentes sexuales nuevos de los que 64 eran menores. Éstos se suman a los más de 40.000 que ya figuraban en el registro en marzo de 2016 porque las condenas, en la mayoría de los casos identificados, no se cancelan hasta 30 años después ya que han sido cometidos por adultos contra menores. Si la condena está dirigida a un menor de edad los registros se borran transcurridos diez años desde la mayoría de edad.

La mayoría de los delincuentes que no pueden trabajar con niños en España han sido condenados por tribunales en Andalucía (8.567), Cataluña (7.015), Comunidad Valenciana (5.692) y Madrid (4.683). Otros 40 han sido juzgados por la Audiencia Nacional, y 40 más por el Tribunal Supremo, mientras que hay 1.211 casos en los que no consta la procedencia. Desde el Ministerio de Justicia, advierten de que un mismo delincuente puede haber sido condenado en varias comunidades, por lo que la cifra total no se corresponde con una suma aritmética.

CASI 1.500 CONDENADOS PRETENDÍAN TRABAJAR CON NIÑOS
Según los datos del departamento que dirige Dolores Delgado, que se lanzó el registro más de 5,1 millones de personas han solicitado el certificado que permite acreditar la carencia de este tipo de delitos o su existencia. Entre esas solicitudes, Justicia detectó a 1.410 personas condenadas por delitos sexuales en España que pretendían trabajar con niños: 534 de ellas en 2016, 576 en 2017 y 300 hasta agosto de 2018.

El Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual es gratuito y se puede solicitar de forma presencial, por Internet o por correo postal. Todas las entidades que trabajan con menores pueden solicitar el certificado negativo negativo (para acreditar que se carece de antecedentes) de sus trabajadores de forma conjunta, previo consentimiento expreso de éstos.

Por su parte, las administraciones públicas pueden solicitarlo, con autorización previa del trabajador, directamente a través de la Plataforma de Intermediación de Datos que gestiona el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Este trámite persigue incrementar el control de los delincuentes sexuales y prevenir su contacto con menores de manera que primen los derechos de éstos sobre cualquier otro,

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Óscar Puente descarta dimitir tras el accidente de Urda: «Ahora mi deber es estar al mando»

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El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha descartado presentar su dimisión por el accidente ferroviario de Urda (Toledo), que deja por el momento 69 fallecidos y 42 heridos hospitalizados. «Ahora mi deber es estar al mando», ha asegurado durante su comparecencia de este viernes, en la que ha vuelto a reconocer un «fallo en el control de mando» como uno de los elementos clave de la tragedia.

Puente ha defendido que su manera de asumir responsabilidades es dar explicaciones y permanecer al frente del Ministerio para afrontar la crisis. «Mi forma de asumir responsabilidades es dar la cara. No me voy a esconder detrás de nadie porque no me tengo que esconder de nadie», ha manifestado.

El ministro ha añadido que respeta las peticiones de dimisión, pero considera que su obligación inmediata es responder ante lo sucedido y aportar soluciones. «Mi obligación ahora es resolver el problema», ha insistido.

También ha reclamado actuar con «rigor y proporcionalidad» antes de establecer responsabilidades individuales, mientras continúa la investigación para esclarecer por qué el AVE de Renfe no frenó antes de impactar contra el tren de Iryo.

Sánchez advierte de que las víctimas podrían ser de hasta 27 nacionalidades

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado que entre las víctimas del accidente ferroviario podría haber personas de «hasta 27 nacionalidades». El Ejecutivo está trabajando con las autoridades consulares para facilitar la identificación de los fallecidos y ofrecer información a las familias.

Sánchez ha reconocido la gravedad de la tragedia y ha admitido que el accidente ha dañado la confianza de los ciudadanos en la alta velocidad española. El presidente ha insistido en que es necesario esclarecer lo sucedido y adoptar medidas para evitar que vuelva a ocurrir un siniestro de estas características.

La Guardia Civil investiga más allá del posible error humano

La investigación del accidente no se centra únicamente en la actuación del trabajador del centro de control de Adif que autorizó al AVE a recuperar la marcha normal. La Guardia Civil quiere reconstruir toda la cadena de decisiones y averiguar por qué no se activaron mecanismos que podrían haber evitado la colisión.

Los agentes investigan especialmente el fallo del sistema de seguridad LZB, que supervisa la circulación y permite ordenar el frenado automático de los trenes cuando detecta una situación de peligro.

Entre las principales líneas de investigación figuran:

  • El fallo del sistema LZB: determinar qué provocó la avería que dejó detenidos a varios trenes en un tramo de la línea.
  • Las comunicaciones de Adif: comprobar qué información recibió el centro de control sobre la situación del Iryo y por qué se permitió al AVE circular a velocidad normal.
  • Los protocolos de seguridad: analizar si las instrucciones dadas a los maquinistas se ajustaron a los procedimientos establecidos para estas incidencias.
  • El mantenimiento de las instalaciones: revisar posibles averías anteriores y las intervenciones realizadas en los equipos.
  • La organización del centro de control: estudiar las circunstancias en las que trabajaban los operadores durante la incidencia.

Los investigadores también quieren determinar si hubo tiempo suficiente para detener el AVE después de que la maquinista del Iryo comunicara que su tren seguía parado y no conseguía reiniciar el sistema.

Las cajas negras de ambos convoyes serán fundamentales para reconstruir los últimos minutos antes del impacto y establecer qué ocurrió exactamente.

Puente insiste en el fallo del centro de control y descarta dimitir

En su comparecencia, Óscar Puente ha vuelto a señalar el fallo producido en el centro de control como uno de los elementos centrales del accidente. El ministro ha pedido que se actúe con «rigor y proporcionalidad» antes de atribuir responsabilidades.

También ha rechazado abandonar el cargo pese a las peticiones de dimisión de la oposición.

«Ahora mi deber es estar al mando», ha afirmado. Puente ha defendido que su responsabilidad como ministro es dar la cara y trabajar para solucionar la situación, además de garantizar que se esclarezcan los hechos.

«No me voy a esconder detrás de nadie porque no me tengo que esconder de nadie», ha añadido.

69 fallecidos y 42 heridos hospitalizados

El balance provisional continúa en 69 víctimas mortales y 42 personas hospitalizadas, mientras avanzan las labores de recuperación de los restos de los trenes y la identificación de los fallecidos.

Hasta el momento se han realizado 48 autopsias y se han comunicado cinco identificaciones a las familias, correspondientes a tres mujeres y dos hombres.

Además, la Guardia Civil ha recibido 70 denuncias por desaparición, aunque dos de las personas inicialmente buscadas han sido localizadas con vida. Las autoridades no descartan que el balance de fallecidos pueda aumentar debido a la complejidad de los trabajos de recuperación e identificación.

 

 

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