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Más de un tercio de las oficinas que cerrará Bankia están en la Comunitat

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(EUROPA PRESS)-El 72,72 por ciento de las sucursales bancarias que cerrará Bankia a partir del próximo mes de febrero en el marco de su fusión con Banco Mare Nostrum (BMN) corresponden a la red comercial de esta última, según la información trasladada por la entidad a los sindicatos, consultada por Europa Press. El grueso de cierres corresponde a la Comunitat Valenciana, con 49 oficinas.

En una ronda de contactos previos con los sindicatos para la integración de ambas entidades, la dirección de Bankia comunicó a los representantes de los trabajadores su intención de cerrar 99 oficinas de ambas entidades a partir de febrero para evitar solapamientos en la red comercial.

De estas 99 sucursales, 72 corresponden a la entidad fruto de la fusión de Caja Murcia, Sa Nostra y Caja Granada, mientras que las 27 restantes son de Bankia. No obstante, BMN ya había anunciado con anterioridad la clausura de 24 de sus oficinas en diciembre y de otras 22 en enero, por lo que el ajuste total asciende a 145 cierres.

De este modo, los 118 cierres de oficinas de BMN supondrán la clausura del 14,55% de su red, que antes del ajuste estaba compuesta por 811 sucursales. Bankia, por su parte, echará el cierre al 1,54% de las 1.751 sucursales de las que disponía al final del tercer trimestre.

El grueso del ajuste se concentra en la Comunitat Valenciana, con un total de 49 cierres (33,79%), mientras que 35 corresponden a Baleares (24,14%) y 31 a Andalucía (21,38%). En la Región de Murcia se clausurarán 16 sucursales (11,03%), en la Comunidad de Madrid 13 (8,97%) y en Canarias una (0,69%).

PALMA DE MALLORCA, LA MÁS AFECTADA
Palma de Mallorca, en cambio, es la localidad más afectada, con el cierre de 21 oficinas, por delante de Granada, con 11, Murcia, con 9, y Madrid, con 7.

El planteamiento inicial del proceso de reestructuración de Bankia también contempla la salida de 2.510 trabajadores, de los que de los que 1.118 corresponderían a la red comercial y otros 817 a los servicios centrales.

Además, se prevé el recorte de 200 puestos de trabajo con motivo de la digitalización y la salida de unos 375 empleados que actualmente se encuentran en excedencia voluntaria por la aplicación de otros ERE y que se incorporarán a partir de 2018.

Bankia y BMN cuentan conjuntamente con 17.531 empleados, por lo que el ajuste planteado supondría la salida del 14,32% de la plantilla de la sociedad resultante de la fusión.

Por el momento, los sindicatos han solicitado reducir hasta 1.800 el número de salidas del proceso y requieren prejubilaciones a partir de los 55 años con convenio con la seguridad social hasta los 65 años, en vez de prejubilaciones desde los 57 años con convenio hasta los 63, como propone Bankia.

Por el momento, Bankia ya ha recibido todas las autorizaciones exigidas por las autoridades pertinentes en relación con el proceso de integración, por lo que está previsto que las acciones que emitirá la entidad para atender el canje de fusión con BMN sean admitidas a negociación en los mercados españolas a partir del próximo 12 de enero.

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El Tribunal Supremo envía a juicio al fiscal general del Estado y le impone una fianza de 150.000 euros

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Álvaro García Ortiz
Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado

El Tribunal Supremo ha abierto juicio oral contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos. El magistrado instructor de la Sala Segunda, Ángel Hurtado, le ha impuesto una fianza de 150.000 euros para asegurar posibles responsabilidades civiles. Si no la abona en el plazo de cinco días, se procederá al embargo de bienes.

El caso se basa en la filtración, presuntamente autorizada o coordinada por García Ortiz, del contenido confidencial de un correo electrónico relacionado con la investigación fiscal sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En concreto, se acusa al fiscal general de haber facilitado esa información a un medio de comunicación, lo que constituiría un delito de revelación de secretos cometido por autoridad.


El proceso judicial

La decisión del magistrado llega semanas después de que la Sala de Apelación del propio Supremo confirmara el procesamiento de García Ortiz. El tribunal considera que existen indicios suficientes para sentarlo en el banquillo y juzgar si su actuación supuso una violación del deber de confidencialidad inherente a su cargo.

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que actúa como acusación particular, solicita una condena de seis años de prisión para el fiscal general. Sin embargo, el magistrado ha rechazado su suspensión cautelar del cargo, aunque ha remitido el auto a la Inspección Fiscal para que determine si procede alguna medida administrativa.


Respaldo del Gobierno y críticas de la oposición

Pese a la apertura de juicio, el Gobierno ha reiterado su plena confianza en Álvaro García Ortiz y ha defendido su presunción de inocencia. Así lo ha afirmado la ministra portavoz, quien ha subrayado que el fiscal general «siempre ha defendido la verdad y ha perseguido el delito».

Por el contrario, la oposición ha exigido su dimisión inmediata. Desde el Partido Popular, se considera que la situación es insostenible desde el punto de vista ético y político. Su portavoz en el Congreso ha señalado que en un país democrático, el fiscal general debería haber renunciado ya al cargo.


La Fiscalía también recurre

En paralelo, la propia Fiscalía del Tribunal Supremo ha presentado un recurso contra el auto de apertura de juicio oral. La teniente fiscal sostiene que la instrucción ha vulnerado derechos fundamentales y no ha respetado las garantías procesales necesarias. Por ello, solicita el archivo del caso.

La causa se encuentra ahora en una fase clave: a la espera de que se determine la fecha del juicio y de que la Inspección Fiscal valore si es procedente adoptar medidas disciplinarias internas contra García Ortiz.


Claves del caso

  • Imputado: Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado

  • Delito atribuido: Revelación de secretos

  • Fianza: 150.000 euros, a abonar en cinco días

  • Condena solicitada: 6 años de prisión (por parte de APIF)

  • Reacciones: Apoyo del Gobierno, duras críticas del PP y Compromís

  • Estado actual: Auto de apertura de juicio oral firme; pendiente de fecha


Este juicio marca un precedente inédito en la historia reciente del Ministerio Fiscal en España y pone bajo escrutinio público el papel institucional del fiscal general, su relación con el Gobierno y los límites legales de su actuación.

 

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