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Simón adelanta que el uso de la mascarilla se extenderá hasta otoño

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Las mascarillas seguirán siendo obligatorias una vez finalizado el estado de alarma, según contempla el borrador del real decreto que tiene previsto aprobar el Gobierno el próximo martes, y que incluirá sanciones de hasta cien euros para quien no cumpla esta obligación de llevar mascarilla en espacios cerrados.

Fernando Simón, ha informado este viernes que la situación de la COVID en España ha dejado un muerto más en la cifra total, la cual se eleva a 27.134, así como 177 casos diagnosticados el día previo y 249 con inicio de síntomas en los últimos siete días según cifras de Sanidad.

Tras informar de la situación, en la ronda de preguntas de los periodistas el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha sido preguntado al respecto de si el uso obligatorio de mascarillas, tal como está dispuesto ahora podría sufrir alguna modificación o ser eliminado con la llegada a la denominada nueva normalidad,Fernando Simón ha sido claro: “Esto nos lo dirá la versión que se publique de los decretos para esa fase. La intención es que la obligatoriedad tal cual está ahora se mantenga por lo menos hasta que veamos si hay nuevas olas a partir del otoño que viene o no», ha dicho, aclarando que «el documento tendrá validez o vigencia después del decreto de alarma”.

De este modo, el uso obligatorio de mascarilla continuaría en los mismos términos hasta entonces, es decir, continuará siendo obligatorio en transporte público y en todos aquellos casos, tanto en espacio cerrado como en la vía pública, en que no se pueda mantener la distancia mínima de seguridad de 2 metros. De este modo, las mascarillas nos acompañarían durante el verano a la espera de que, tal como manifiesta, se determine si habrá una nueva ola o no en otoño, cuando precisamente los virus respiratorios vuelven a adquirir de nuevo presencia.

La decisión final que se adopte será publicada en próximos decretos. «Veremos cómo queda la versión final, que no depende solo de un ministerio, sino de muchos», ha precisado Simón, al explicar que como la norma tendrá validez cuando haya terminado el estado de alarma, se tiene que consensuar con muchos organismos e instituciones.

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Hacienda aplaza a 2027 la entrada en vigor de Verifactu para pymes y autónomos

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Hacienda mayores 65 años

La Agencia Tributaria ha confirmado el aplazamiento de la obligación de usar Verifactu, el sistema de verificación de facturas para empresas, pymes y autónomos, hasta 2027. La medida afecta a los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades, cuya obligación comenzará en enero de 2027, y al resto de empresas y autónomos, que deberán cumplirla a partir de julio de 2027.

Qué es Verifactu y por qué se implementa

Verifactu es un software obligatorio de facturación que digitaliza y estandariza los procesos de emisión de facturas. Su objetivo es garantizar la autenticidad, integridad y trazabilidad de los pagos, facilitando además la vigilancia de Hacienda sobre las operaciones económicas. Las sanciones por incumplimiento pueden alcanzar hasta 50.000 euros.

Según datos del Observatorio TeamSystem, solo un 8% de las pymes y autónomos ha implementado Verifactu hasta mediados de noviembre, mientras que un 15% está en proceso de hacerlo.

Motivo del aplazamiento

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en Rac1 que el aplazamiento forma parte de un real decreto ley para facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales y promover la digitalización de los procesos de facturación. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, explicó que la medida es especialmente relevante para pymes y autónomos, quienes habían solicitado más tiempo para adaptarse al sistema.

Reacciones del sector

El presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, celebró la medida en la red social X: “Por fin llega el sentido común que reclamábamos. Se aplaza un año la entrada en vigor de Verifactu. Un alivio para los autónomos ante la marea de cargas y trámites que sufrimos”.

Expertos como Gonzalo de Luis recuerdan que Verifactu no altera la fiscalidad vigente, sino que permite a Hacienda conocer todos los ingresos de los profesionales, reducir la morosidad, acelerar cobros y profesionalizar la gestión de los negocios.

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