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Simón adelanta que el uso de la mascarilla se extenderá hasta otoño

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Las mascarillas seguirán siendo obligatorias una vez finalizado el estado de alarma, según contempla el borrador del real decreto que tiene previsto aprobar el Gobierno el próximo martes, y que incluirá sanciones de hasta cien euros para quien no cumpla esta obligación de llevar mascarilla en espacios cerrados.

Fernando Simón, ha informado este viernes que la situación de la COVID en España ha dejado un muerto más en la cifra total, la cual se eleva a 27.134, así como 177 casos diagnosticados el día previo y 249 con inicio de síntomas en los últimos siete días según cifras de Sanidad.

Tras informar de la situación, en la ronda de preguntas de los periodistas el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha sido preguntado al respecto de si el uso obligatorio de mascarillas, tal como está dispuesto ahora podría sufrir alguna modificación o ser eliminado con la llegada a la denominada nueva normalidad,Fernando Simón ha sido claro: “Esto nos lo dirá la versión que se publique de los decretos para esa fase. La intención es que la obligatoriedad tal cual está ahora se mantenga por lo menos hasta que veamos si hay nuevas olas a partir del otoño que viene o no», ha dicho, aclarando que «el documento tendrá validez o vigencia después del decreto de alarma”.

De este modo, el uso obligatorio de mascarilla continuaría en los mismos términos hasta entonces, es decir, continuará siendo obligatorio en transporte público y en todos aquellos casos, tanto en espacio cerrado como en la vía pública, en que no se pueda mantener la distancia mínima de seguridad de 2 metros. De este modo, las mascarillas nos acompañarían durante el verano a la espera de que, tal como manifiesta, se determine si habrá una nueva ola o no en otoño, cuando precisamente los virus respiratorios vuelven a adquirir de nuevo presencia.

La decisión final que se adopte será publicada en próximos decretos. «Veremos cómo queda la versión final, que no depende solo de un ministerio, sino de muchos», ha precisado Simón, al explicar que como la norma tendrá validez cuando haya terminado el estado de alarma, se tiene que consensuar con muchos organismos e instituciones.

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La defensa de Begoña Gómez pide archivar el caso y critica el impacto en la Justicia

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Juez Peinado

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez el archivo definitivo de la causa judicial que investiga su actividad profesional, al considerar que no existen fundamentos jurídicos suficientes. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha afirmado su abogado durante la vista celebrada este miércoles.

El procedimiento está dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha reunido a las partes en un nuevo trámite en los juzgados de Madrid en plena Semana Santa.


La defensa insiste en el archivo del caso

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha reiterado que no existe base para investigar los delitos que se le atribuyen, entre ellos malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Durante su intervención, el letrado ha criticado la falta de imparcialidad en el proceso y ha calificado la situación como una “pesadilla jurídica”. Además, ha defendido que la investigación responde a intereses ajenos a la Justicia.

En la misma línea, la Fiscalía también ha vuelto a posicionarse a favor del archivo de la causa tras casi dos años de investigación.


Solicitud de nuevas pruebas y testigos

De forma preventiva, la defensa ha pedido al juez que, en caso de continuar el proceso, se practiquen nuevas diligencias. Entre ellas, destaca la declaración como testigo de José Manuel Ruano, vinculado a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, se han solicitado informes periciales para analizar:

  • El papel del cónyuge del presidente del Gobierno
  • El funcionamiento de las cátedras extraordinarias
  • El supuesto perjuicio económico a la universidad

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha pedido documentación oficial que acredite sus funciones en La Moncloa.


Las acusaciones piden ampliar la investigación

En el lado opuesto, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado al juez nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

Entre sus peticiones se incluyen:

  • La vida laboral completa de Gómez
  • La actualización del salario de su asesora
  • Información sobre reuniones relacionadas con proyectos tecnológicos vinculados a su actividad

Posible juicio con jurado popular

El juez ha reiterado que, en caso de que el procedimiento continúe hasta juicio, este podría celebrarse ante un jurado popular. Esta decisión ya generó controversia y fue objeto de revisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

En una resolución reciente, Peinado defendió que existen indicios suficientes para continuar la causa, apuntando a un posible aprovechamiento de la posición institucional de Gómez, algo que la defensa rechaza y califica de “meras conjeturas”.


Origen del caso Begoña Gómez

La investigación se inició en abril de 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias y posteriormente se amplió con acciones judiciales impulsadas por Vox y otras entidades.

El caso analiza, por un lado, la relación profesional de Gómez con empresarios y la universidad, y por otro, el uso de recursos públicos en su actividad como esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


Un caso con impacto político y mediático

La causa judicial contra Begoña Gómez sigue generando un fuerte impacto político y mediático en España, con posiciones enfrentadas entre las partes implicadas.

Mientras la defensa insiste en el archivo inmediato, las acusaciones reclaman seguir investigando, manteniendo abierto un proceso que continúa marcando la actualidad judicial y política del país.

 

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