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Mazón acusa a Ribera de “manipulación” y publica un SMS como prueba de su versión

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Mazón SMS Ribera
La ministra Teresa Ribera y el president de la Generalitat Carlos Mazón

Madrid, 8 de noviembre (EFE) – El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha respondido a las declaraciones de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, en las que afirmaba haber tenido dificultades para contactar con él durante la reciente dana. Mazón, en un mensaje en su cuenta de X, sostuvo que «basta de manipulaciones» y compartió una captura de pantalla de un SMS que recibió de Ribera, en el que le comunicaba que estaban «pendientes y preocupados».

El mensaje de Ribera a Mazón en la tarde de la dana

En el mensaje que Mazón ha hecho público, la vicepresidenta Ribera le expresaba su preocupación, mencionando que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y el equipo de protección civil estaban atentos a la situación. «Dime cualquier cosa en la que podamos ayudar», se lee en el SMS enviado a las 20:20 horas, según Mazón. Esta declaración surge después de que Ribera comentara en el programa Hora 25 de la Cadena Ser que intentó localizar al president en cuatro ocasiones durante la emergencia.

Mazón comió con la periodista Maribel Vilaplana el día de la DANA y llegó al Palau a las 18.00 horas

Ribera defiende su versión y cuestiona la reacción de Mazón

Ribera ha mantenido su postura, explicando que el secretario de Estado le alertó de la gravedad de la situación y que intentó comunicarse con Mazón sin éxito. Según la vicepresidenta, en su último contacto, Mazón respondió que la situación estaba bajo control, aunque la tarde se tornó «crítica». Además, Ribera se mostró preocupada por que «alguien considere que una alerta tan grave no es relevante o que pueda esperar».

Debate sobre el funcionamiento del Estado autonómico en situaciones de emergencia

La vicepresidenta Ribera aprovechó para subrayar el funcionamiento del Estado autonómico en situaciones críticas, y cuestionó si el liderazgo de Mazón es efectivo en este contexto. También insinuó que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, podría no estar en sintonía con las decisiones de Mazón.

Este intercambio de versiones en torno a la comunicación entre ambos mandatarios pone en relieve las tensiones políticas en la gestión de la catástrofe y plantea interrogantes sobre la coordinación y eficacia en la respuesta ante emergencias.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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