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Valencia

Mazón ve «desproporcionadas» las nuevas medidas restrictivas del Consell

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Alicante, 9 jul (EFE/OP).- El presidente de la Diputación de Alicante y presidente del PP de la Comunitat valenciana, Carlos Mazón, ha considerado «desproporcionadas, injustas y discriminatorias» las medidas adoptadas por el Consell para intentar frenar el repunte de contagios de coronavirus en la Comunitat y que afectan «negativamente» al sector del ocio y la hostelería.

Mazón se ha reunido este viernes en el Palacio Provincial con dirigentes de la Coordinadora de Empresas de Ocio y Hostelería de la Comunitat Valenciana (CEOH) con el objetivo de valorar las nuevas disposiciones que este colectivo no comparte porque, «lejos de ser el problema, somos parte de la solución».

El encuentro ha contado con la presencia del director del Patronato de Turismo Costa Blanca, José Mancebo; el presidente de CEOH, Lalo Díez, los presidentes de la Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA), César Anca, y de la de Locales de Ocio y Restauración de Alicante (ALROA), Javier Galdeano, y los representantes de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Elche, Francisco Linares, y de Altea, Franz Haubiz.

Tanto Mazón como Díez han pedido conocer los informes técnicos que menciona la Conselleria de Sanidad y en base a los cuales se ampara para haber decretado el cierre anticipado de los locales de ocio y hostelería.

«Estamos en un momento controvertido, complicado e injusto para el sector, por lo que queremos ratificar nuestro compromiso, apoyo y defensa a la hostelería y el ocio nocturno, así como nuestro rechazo a las medidas anunciadas ayer por el president de la Generalitat, porque nos parecen desproporcionadas, injustas y que se enfocan exclusivamente sobre un colectivo que lejos de ser el problema está siendo parte de la solución», ha dicho Mazón.

A este respecto, el presidente de la Diputación de Alicante ha avanzado en su comparecencia ante los medios de comunicación que él hubiera planteado incluso «ampliar el horario de la hostelería y del ocio nocturno para minimizar los ‘botellones’ y las fiestas privadas» como una de las muchas medidas que se podrían tomar sin dañar al sector más afectado por la pandemia.

Ha señalado que, si de él hubiera dependido, «no habría discriminado de manera injustificada a la hostelería y al ocio nocturno, no anunciaría las mismas ayudas veinte veces y pondría en marcha, como lo estoy haciendo en la Diputación de Alicante, un plan a corto, medio y largo plazo».

«Ya hemos bajado los impuestos, habilitado partidas extraordinarias para autónomos y profesionales, e implementado un plan concreto para la hostelería», ha recordado.

Según Mazón, se tendría que haber reforzado la presencia policial en concentraciones ilegales, tomar medidas para restringir aglomeraciones en el ámbito privado, no despedir a 3.000 sanitarios a las puertas del verano y no establecer toques de queda selectivos que propician la movilidad entre poblaciones.

«Se trata de la no criminalización y de mantener el mismo criterio», ha insistido el presidente de la Diputación de Alicante, quien ha añadido que «si no se hubieran tomado decisiones injustas, sin señalar desproporcionadamente a quien no lo merece, estaríamos en otro escenario».

«Estamos indignados ante la falta de un criterio que cambia cada día, ante la falta de previsión y de responsabilidad. Tenemos un Gobierno de España que ha trasladado toda la responsabilidad a las comunidades autónomas y ahora la Generalitat traslada esa responsabilidad a los jóvenes, a la hostelería y al ocio nocturno», ha criticado Mazón.

«Cómo es posible que la Comunitat que más está desprotegiendo a los jóvenes, a la cola en vacunación de este colectivo, esté señalándoles como los principales responsables de la actual situación», se ha preguntado.

Por todo ello, Mazón ha trasladado su apoyo y el de la Diputación de Alicante a las reivindicaciones del sector, «frente a la descoordinación, imprevisión y falta de rigor de la Generalitat y para dejar de señalar con el dedo a unos profesionales que trabajan con esfuerzo por habilitar lugares controlados, con separación y observancia rigurosa de la normativa, frente a los jóvenes que buscan su propia escena privada que es donde mayor contagio hay».

Mazón ha arremetido también contra lo que considera un «engaño» al sector por parte de la Generalitat, que, según el presidente de la Diputación de Alicante, ha anunciado en reiteradas ocasiones ayudas por importe de 4,8 millones de euros.

«Basta ya de engañar al sector, de anunciar muchas veces la misma partida económica, que no aumenta por anunciarla más, porque es el mismo anuncio que hace desde noviembre», ha reprochado.

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Valencia

Los pisos turísticos en la Comunitat Valenciana caen un 25% en un año hasta los 48.411 apartamentos

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

València multiplica por seis el cierre de pisos turísticos ilegales y endurece el control en todos los barrios

El Ayuntamiento de València ha intensificado su ofensiva contra los apartamentos turísticos ilegales, multiplicando por seis las órdenes de cese durante el actual mandato. El consistorio asegura que este incremento refleja un “cambio radical” en la política municipal para frenar la proliferación de viviendas de uso turístico fuera de la legalidad.

Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, se ha pasado de una media de 71 órdenes anuales en el anterior gobierno a 449 expedientes por año, lo que supone un aumento superior al 600%. De estas órdenes, el 87% ya se han ejecutado.

Más inspecciones y vigilancia continua

Para lograr estos resultados, el Ayuntamiento ha reforzado los equipos de control con cinco grupos de inspectores de Urbanismo y siete unidades de Policía Local, que rastrean de forma constante la actividad ilegal en todos los distritos.

El consistorio defiende que esta estrategia marca el paso de una etapa de “permisividad” a otra de “tolerancia cero”, en un contexto de creciente presión turística en la ciudad.

Moratoria y nuevas normas urbanísticas

El aumento de cierres llega acompañado de medidas estructurales. Desde mayo de 2024 está en vigor una moratoria que suspende la concesión de nuevas licencias turísticas, prorrogada hasta al menos mayo de 2026. Durante este periodo se han paralizado 363 expedientes, evitando la creación de casi 4.700 nuevas plazas.

Además, el gobierno municipal liderado por María José Catalá prepara una nueva normativa urbanística que limitará el crecimiento de estos alojamientos. Entre las principales restricciones destacan:

  • Máximo del 2% de viviendas turísticas por barrio
  • Límite del 8% de plazas turísticas respecto a la población
  • Tope del 15% en plantas bajas por manzana
  • Exigencia de acceso independiente y aprobación vecinal

También se creará un censo municipal de alojamientos turísticos (CATAV) y se reforzarán las inspecciones para detectar irregularidades.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, Compromís cuestiona la eficacia de estas medidas. Su portavoz, Papi Robles, sostiene que la normativa “ni reduce ni controla” el número real de plazas turísticas y acusa al gobierno local de utilizar una “cortina de humo”.

En la misma línea, el edil socialista Javier Mateo critica que las cifras ofrecidas por el ejecutivo no reflejan la situación real y denuncia que se está facilitando la expansión de apartamentos turísticos en los barrios.

Presión sobre la vivienda en València

El debate sobre los pisos turísticos se produce en un momento de fuerte tensión en el mercado inmobiliario de València, donde vecinos y colectivos denuncian el impacto de estos alojamientos en el precio del alquiler y en la vida de los barrios.

Con las nuevas medidas, el Ayuntamiento busca equilibrar el atractivo turístico de la ciudad con la protección del uso residencial, aunque el enfrentamiento político sobre su efectividad sigue abierto.


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