El juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia comenzará el 7 de abril
El Tribunal Supremo ha confirmado que juzgará al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia de COVID-19. La vista oral arrancará el próximo 7 de abril.
El alto tribunal ha rechazado la alegación presentada por ambos investigados, quienes solicitaban que el procedimiento no se celebrara en el Supremo.
Rechazada la petición para evitar el juicio en el Supremo
Ábalos y Koldo García habían cuestionado la competencia del alto tribunal para celebrar el juicio. Sin embargo, el Supremo ha desestimado esta petición y ha ratificado que será la Sala correspondiente la que asuma el enjuiciamiento del conocido como caso mascarillas.
El procedimiento analiza supuestas irregularidades en contratos de adquisición de material sanitario durante los momentos más críticos de la pandemia.
Citados como testigos Ángel Víctor Torres y Francina Armengol
En el marco de la preparación del juicio, el tribunal ha acordado citar como testigos al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.
Ambos deberán comparecer en la vista oral para declarar en relación con los hechos investigados.
El juicio comenzará el 7 de abril
La apertura del juicio oral está prevista para el 7 de abril, fecha a partir de la cual se desarrollarán las sesiones en el Tribunal Supremo.
El caso se enmarca en las investigaciones judiciales abiertas por contratos de emergencia firmados durante la crisis sanitaria, un contexto en el que múltiples administraciones públicas realizaron adquisiciones urgentes de material de protección.
Contexto del caso mascarillas
Las actuaciones judiciales se centran en determinar si existieron irregularidades en la adjudicación y gestión de contratos de suministro de mascarillas en los primeros meses de la pandemia.
La decisión del Supremo de mantener su competencia y fijar fecha de juicio marca un nuevo hito en uno de los procedimientos judiciales con mayor repercusión política de los últimos años.
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