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Valencia

MICOF: Las farmacias han sido «ninguneadas» por la conselleria de Sanidad durante la pandemia

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El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Valencia (MICOF), Jaime Giner
Concha Tejerina

València, 25 abr (EFE).- El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Valencia (MICOF), Jaime Giner, asegura que durante la pandemia del coronavirus, las farmacias comunitarias valencianas han sido «ninguneadas» e «infrautilizadas» por la Conselleria de Sanidad.

«Hemos hecho un papel importantísimo porque ha sido el único establecimiento sanitario que ha atendido presencialmente y ha abierto en horario normal. Sin embargo, desde la Administración no se nos han dado medios», lamenta Giner en una entrevista con la Agencia EFE.

Además, asegura que después de los médicos, son el segundo colectivo sanitario en el que se han producido más fallecimientos por covid, y a pesar de eso, denuncia, entre el 15 y el 20 % de farmacéuticos valencianos «aún no ha sido vacunado».

COMUNICACIÓN CON ATENCIÓN PRIMARIA

El presidente del Colegio Oficial más antiguo del mundo, que este año celebra su 580 aniversario, reclama una «comunicación directa» con los centros de salud de Atención Primaria, algo que no ha ocurrido en la pandemia, durante la cual, afirma, los teléfonos de atención ciudadana «estaban colapsados».

Según explica, si esa conexión hubiera existido se podría haber comunicado al centro de salud casos de personas que llegaran a la farmacia con síntomas o solucionar, a través de la receta electrónica, problemas de pacientes a quienes les caducaba el tratamiento o no tenían medicamentos.

«Sin embargo, se nos mandaba a los pacientes para que les adelantáramos la medicación, algo ilegal y por lo que la Conselleria puede sancionar con una multa mínima de 30.000 euros», indica Giner, quien considera que para evitar esas situaciones es fundamental «un canal de comunicación» pero que, denuncia, «aún estamos esperando y no sé cuándo tendremos».

Afirma que impulsar esa comunicación es «voluntad política de la Administración», a la que también se ha pedido muchas veces el acceso a la historia clínica y farmacoterapéutica del paciente para la indicación farmacéutica en síntomas menores.

También recuerda que las farmacias comunitarias se han ofrecido para colaborar en la vacunación contra la covid, en hacer test o cribados, «algo vital para detectar posibles brotes», o para hacer un seguimiento de los casos.

«No podemos hacer más, por lo menos que se nos trate como debe ser, porque hay profesionales que pueden seleccionar al personal que acude a su clínica o cerrarla durante el confinamiento, pero en nuestro caso el acceso es libre y hemos cumplido el horario», señala para añadir: «Aun así no hemos sido considerados profesionales de primera línea».

UN COLECTIVO NINGUNEADO POR SANIDAD

Giner afirma que se sienten «ninguneados» por la Conselleria de Sanidad cuando ellos podrían «solucionar problemas sanitarios y de salud de los pacientes con una agilidad brutal, dejando más tiempo a atención primaria para que pueda atender bien a los pacientes que lo necesitan y ahorrando millones de euros a la Administración».

«Pero no quieren reconocer que la farmacia comunitaria puede aportar mucho al ciudadano e incluso a la sostenibilidad del sistema sanitario», asevera.

Según afirma, «esto es lo que ha ocurrido durante toda la pandemia. En las farmacias hemos vivido con miedo porque había un momento en que la información era muy confusa y entraban, y más aún en la tercera ola, pacientes positivos de covid para recoger medicamentos porque no tenían a nadie para hacerlo».

Durante el confinamiento Sanidad habilitó un servicio a domicilio y aunque desde el Colegio les advirtieron de que no lo cortaran porque seguía siendo necesario, «lo hicieron».

«Durante la tercera ola, nos ha llamado gente a la farmacia porque estaba confinada en casa y no tenía a nadie para ir a recoger los medicamentos», explica para añadir: «Nos saltamos la legalidad» porque la salud del paciente está «antes que cualquier ley».

«Como farmacéuticos a pie de calle hemos tenido que ir solucionando los problemas, a veces infringiendo la ley y a veces improvisando constantemente», confiesa el presidente del MICOF.

«Reconozco que la Conselleria está viviendo una situación muy difícil y está haciendo un papel importante a nivel de sociedad, pero a los profesionales sanitarios del ámbito privado les está yendo fatal», aclara.

MUERTES POR COVID

Según Giner, los profesionales farmacéuticos son el segundo colectivo sanitario, por detrás de los médicos y por delante del personal de Enfermería, que más muertos ha tenido por covid durante la pandemia.

«Es algo que no se está reflejando por la Administración ni se está teniendo en cuenta», denuncia Giner, quien considera que este colectivo debería tener «un trato especial, sobre todo en el tema de vacunación».

«Estamos trabajando mucho y siempre hemos acudido a todo lo que nos han pedido desde la Administración, pero muchas veces nos encontramos con la situación de que no cuentan con los profesionales y eso es un error», critica.

Durante la pandemia, explica, les han «dejado al aire» porque no tenían medidas de protección, se las tenían que «agenciar» ellos, y recuerda que el 3 de marzo de 2020 ya se puso en contacto con la Conselleria de Sanidad para que les coordinara porque veían lo que se les venía encima.

«Lo que hemos echado en falta durante este tiempo es que se nos tratar, hubiera sido muy importante para el ciudadano y para el control de la pandemia, que se nos considerara como sistema sanitario, que es lo que somos», subraya.

PROFESIONALES SIN VACUNAR

Giner asegura que entre un 15 y un 20 % de los profesionales de la farmacia comunitaria está aún sin vacunar porque fueron suprimidos del listado que remitieron a la Consellería de Sanidad.

Se trata de entre 700 u 800 profesionales, tanto menores de 55 años como mayores de 55 o de 65, indica Giner, que añade que este problema también afecta a los colegios de ópticos, podólogos o fisioterapeutas.

«Todos ámbitos privados, cuando en la pública están todos vacunados, y deben estarlo», indica.

Giner ha remitido una carta a Ana Barceló para pedirle una solución porque, asegura, «el Colegio está colapsado de farmacéuticos en primera línea, que están atendiendo presencialmente al ciudadano, y ni se les ha vacunado ni sabe cuándo se le va a vacunar».

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Valencia

Tres antiguos menores del caso Bar España aseguran que fueron amenazados para denunciar falsos abusos

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Caso Bar España
El expresidente de la Diputación y del PP de Castellón Carlos Fabra, tras declarar en mayo de 2019 como perjudicado en el Juzgado de Instrucción nº 5 de Castellón, en el denominado "caso Bar España", por un presunto delito de injurias y calumnias a políticos y empresarios a los que falsamente se relacionaba con la pederastia. EFE/Domenech Castelló/Archivo

Tres personas que eran menores cuando denunciaron supuestas prácticas de pederastia en el caso Bar España han asegurado en el juicio por la difusión de este bulo que sus declaraciones eran mentira y que las realizaron bajo amenazas de una persona fallecida a la que la Fiscalía sitúa como origen de la historia.

Los tres testigos han declarado este jueves en la vista oral y han explicado que fueron presionados para sostener unas acusaciones que, según han afirmado, no eran ciertas.

Uno de ellos ha relatado que aquella persona les dictaba lo que debían decir. «Nos dictaba lo que teníamos que decir y lo escribíamos», ha explicado ante el tribunal.

Otro de los testigos, hermano del anterior, ha asegurado que le amenazaban con impedirle ver a sus hermanos si no obedecía. Una prima de ambos también ha declarado que recibió amenazas para denunciar unos abusos que ha negado que fueran ciertos.

Gabriela Bravo denuncia el daño de las acusaciones

La exconsellera de Justicia Gabriela Bravo también ha declarado en el juicio y ha recordado las acusaciones que la vinculaban con una supuesta red de pederastia relacionada con el Bar España. Según ha explicado, se le señalaba por conocer presuntamente los delitos y no actuar para investigarlos ni proteger a los menores.

Bravo ha asegurado que aquellas informaciones le afectaron profundamente, tanto por su responsabilidad política como por su trayectoria profesional como fiscal especializada en menores.

«De repente, verme involucrada en un tema de que consentía determinados hechos delictivos y que los encubría fue duro, muy desagradable y muy ofensivo como persona y para mi profesión y mi carrera», ha declarado.

La exconsellera ha cuestionado las informaciones difundidas a partir de un informe en el que se solicitaba abrir una investigación y ha considerado injuriosas las publicaciones que, según sostiene, la acusaban de no haber actuado.

Bravo ha reclamado una indemnización y que se eliminen de las redes sociales los contenidos relacionados con esas acusaciones. «A veces, a base de repetir mucho una mentira, puede dar apariencia de verdad, y eso hace daño», ha advertido.

Empresarios denuncian las consecuencias del caso Bar España

La sesión también ha contado con las declaraciones de varios empresarios que, según han relatado, fueron relacionados en redes sociales y mediante panfletos distribuidos por Benicarló con una supuesta red de pederastia vinculada al establecimiento.

Los testigos han descrito las consecuencias personales y profesionales de aquellas acusaciones. Uno de ellos ha resumido el impacto sufrido con una frase: «Me han destrozado la vida».

Otro ha explicado que se difundieron afirmaciones que vinculaban el local con presuntos abusos sexuales a menores, violaciones y asesinatos. Una tercera persona ha señalado que su negocio comenzó a funcionar mal a raíz de las acusaciones y que finalmente tuvo que cerrarlo.

El juicio por la difusión del bulo del caso Bar España continuará con nuevas declaraciones de testigos. Está previsto que el resto de los acusados que todavía no han comparecido lo hagan el próximo lunes.

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