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Ministra: Ni Adif ni Renfe recibieron información sobre el incendio de Bejís

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tren atrapado en el fuego de Bejís
Tren de Renfe que cubre el servicio de media distancia entre Valencia y Zaragoza, detenido en la estación de Caudiel (Castellón). EFE/ Domenech Castelló

Madrid, 31 ago (EFE).- La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha asegurado que ni Adif ni Renfe recibieron información sobre el incendio de Bejís (Castellón) ni de la situación de la vía por la que circulaba el tren en el que resultaron heridas unas quince personas, aunque ha destacado que «las empresas cumplieron con los protocolos de emergencia».

Sánchez ha comparecido este miércoles a petición propia en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en el Congreso de los Diputados, reunida en sesión extraordinaria, para tratar la afección al servicio ferroviario del incendio de Bejís, el pasado 16 de agosto, y también a petición del Partido Popular, Grupo Mixto y Ciudadanos, según la ministra.

Sánchez ha subrayado que con el objetivo de aclarar los hechos, existe abierta una investigación sobre el incidente del pasado 16 de agosto por parte de la autoridad judicial pertinente y en la propia empresa, por lo que ha pedido a los diputados «ser cautos y no utilizar el hecho como elemento de enfrentamiento partidista».

Según la ministra, después de comunicarse con el centro de regulación de tráfico, la maquinista que conducía el tren que cubría el trayecto Valencia-Zaragoza, en el que viajaban 49 pasajeros, al llegar a la altura del incendio de Bejís, decidió parar el tren y dar marcha atrás ante el avance de las llamas y la presencia de humo en el tramo de la vía.

La respuesta del centro, según Sánchez, fue que en Adif «no se había recibido información sobre el incendio».

Tras recibir la autorización, la maquinista entonces cambió de vagón para iniciar la maniobra de marcha atrás, en un tren en el que viajaba sin más tripulación, porque en la legislación al respecto «no son obligatorios» los interventores.

En el trayecto para volver nuevamente a Caudiel (Valencia), la maquinista fue «recogiendo a varias personas que caminaban por la vía» heridas para trasladarlas a la estación «donde esperaban ya servicios de seguridad».

Según Sánchez, en esos momentos se produjo tensión, abandono del tren por parte de algunos viajeros que tiraron de los frenos de emergencia, lo que «obligó a la maquinista a preparar nuevamente el tren» para iniciar la marcha atrás.

Adif autorizó el viaje del tren porque «no tenía ninguna notificación» de otras autoridades de la situación del incendio de Bejís.

Quince personas fueron atendidas, una fue trasladada al Hospital de La Fé de València, otras ocho a diferentes centros y «la maquinista continúa de baja por quemaduras en ambos brazos», mientras dos heridos continúan hospitalizados, aunque se prevé una «pronta recuperación».

Según ha explicado la ministra, Renfe se ha puesto en contacto con los heridos y los pasajeros afectados en este episodio y ha facilitado un número de contacto para comunicar cualquier problema.

Además, se facilitó el desplazamiento de los afectados y tres personas reciben atención psicológica relacionada con el incidente, dos han recibido el alta y a la tercera se dará un seguimiento, aunque tiene una «evolución favorable».

Según Sánchez, ese mismo día, un tren partió a mediodía y pudo realizar el mismo trayecto por esa vía, que se restableció el pasado 28 de agosto.

La ministra ha expresado su «solidaridad» con los viajeros del tren y ha asegurado que se hace «cargo de la situación vivida» en el trayecto.

Ha manifestado que el ministerio está realizando estudios «exhaustivos y rigurosos» para «extraer lecciones de la situación», así como analizar la necesidad de modificar normativas para que no se repitan estos hechos.

Asimismo, estudian un plan de contingencia ante situaciones de emergencia para asegurar la coordinación y comunicación con los diferentes servicios de las comunidades autónomas; incrementar los simulacros para entender el funcionamiento de Protección Civil y otros departamentos.

Además, reforzar la información a los usuarios para dar a conocer que los maquinistas y demás tripulantes son agentes de autoridad y responsables en una situación como la vivida el pasado 16 de agosto.

Los diputados han felicitado a la maquinista del tren por su «diligencia y prudencia» y han pedido mejorar los sistemas de información y coordinación en situaciones de emergencia.

 

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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