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Valencia

Mompó, en el Cecopi la tarde de la DANA: «¡Enviad la alerta de una puta vez!»

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Mompó DANA Enviad alerta de una puta vez
El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, junto a Carlos Mazón. | Jorge Gil / Europa Press

El envío tardío de la alerta a la población durante la DANA podría haber evitado muchas muertes, según considera la jueza que instruye la causa penal en el juzgado de Instrucción 3 de Catarroja. La investigación se centra en esclarecer quién tuvo la responsabilidad de activar la alarma en los móviles de la ciudadanía, que llegó a las 20:11 cuando la riada ya había anegado numerosos municipios de la provincia de Valencia.

El proceso de decisión y ejecución de la orden es clave en el señalamiento de responsabilidades, y cada vez se conocen más detalles al respecto.

Tensión en el Cecopi: la espera de Mazón y la reacción de Mompó

Durante la tarde de la DANA, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (Cecopi) vivió momentos de máxima tensión. La consellera Salomé Pradas, directora del Plan de Emergencias, no tomó una decisión a la espera de la llegada del president del Consell, Carlos Mazón. Así lo han confirmado varios testigos a La Vanguardia.

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, mostró su impaciencia y cerca de las 19:00 horas exclamó: «¡Enviad la alerta de una puta vez!», según informó TVE y ha podido confirmar este medio.

El retraso en la alerta y el papel de la Confederación Hidrográfica del Júcar

Para ese momento, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ya había advertido sobre la necesidad de alertar a la población debido al riesgo en la presa de Forata, donde estaba declarado el escenario de emergencia 2. A pesar de ello, el Cecopi, activo desde las 17:00 horas, no había tomado una decisión. Durante las deliberaciones se produjeron varios recesos en los que quedaron desconectados representantes de la Delegación del Gobierno, AEMET y la CHJ.

Un debate interno que costó horas

La decisión de enviar la alerta se tomó tras un largo debate interno, no solo sobre la necesidad de emitir el mensaje, sino también sobre su contenido, la zona de envío y los problemas técnicos de cobertura y falta de luz en algunos municipios.

El propio Mompó reconoció en una entrevista a La Vanguardia que la discusión giró en torno a cómo enviar el mensaje y qué términos utilizar. «Me acuerdo que fui yo mismo quien verbalizó la necesidad de enviar cuanto antes la alerta», afirmó.

La jueza señala la falta de avisos como factor determinante en las muertes

La magistrada ha subrayado la relación directa entre la ausencia de avisos y las muertes ocurridas durante la DANA. En su auto de esta semana, insiste en que la falta de alertas impidió que la población tomara medidas de protección.

Por ello, ha requerido a la Generalitat Valenciana información sobre quién tenía la función de tomar la decisión y qué personas ejecutaron la orden. La Conselleria de Emergencias respondió que la responsabilidad recaía en Salomé Pradas y que el comité de dirección incluía a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Además, identificó a dos funcionarios como encargados de redactar y validar el mensaje.

No obstante, la jueza ha solicitado más información sobre si hubo otras autoridades presentes en el Cecopi antes del envío de la alerta, más allá de las 29 personas y organismos convocados esa tarde. Esta petición podría apuntar directamente al papel de Carlos Mazón.

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Valencia

Los pisos turísticos en la Comunitat Valenciana caen un 25% en un año hasta los 48.411 apartamentos

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

València multiplica por seis el cierre de pisos turísticos ilegales y endurece el control en todos los barrios

El Ayuntamiento de València ha intensificado su ofensiva contra los apartamentos turísticos ilegales, multiplicando por seis las órdenes de cese durante el actual mandato. El consistorio asegura que este incremento refleja un “cambio radical” en la política municipal para frenar la proliferación de viviendas de uso turístico fuera de la legalidad.

Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, se ha pasado de una media de 71 órdenes anuales en el anterior gobierno a 449 expedientes por año, lo que supone un aumento superior al 600%. De estas órdenes, el 87% ya se han ejecutado.

Más inspecciones y vigilancia continua

Para lograr estos resultados, el Ayuntamiento ha reforzado los equipos de control con cinco grupos de inspectores de Urbanismo y siete unidades de Policía Local, que rastrean de forma constante la actividad ilegal en todos los distritos.

El consistorio defiende que esta estrategia marca el paso de una etapa de “permisividad” a otra de “tolerancia cero”, en un contexto de creciente presión turística en la ciudad.

Moratoria y nuevas normas urbanísticas

El aumento de cierres llega acompañado de medidas estructurales. Desde mayo de 2024 está en vigor una moratoria que suspende la concesión de nuevas licencias turísticas, prorrogada hasta al menos mayo de 2026. Durante este periodo se han paralizado 363 expedientes, evitando la creación de casi 4.700 nuevas plazas.

Además, el gobierno municipal liderado por María José Catalá prepara una nueva normativa urbanística que limitará el crecimiento de estos alojamientos. Entre las principales restricciones destacan:

  • Máximo del 2% de viviendas turísticas por barrio
  • Límite del 8% de plazas turísticas respecto a la población
  • Tope del 15% en plantas bajas por manzana
  • Exigencia de acceso independiente y aprobación vecinal

También se creará un censo municipal de alojamientos turísticos (CATAV) y se reforzarán las inspecciones para detectar irregularidades.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, Compromís cuestiona la eficacia de estas medidas. Su portavoz, Papi Robles, sostiene que la normativa “ni reduce ni controla” el número real de plazas turísticas y acusa al gobierno local de utilizar una “cortina de humo”.

En la misma línea, el edil socialista Javier Mateo critica que las cifras ofrecidas por el ejecutivo no reflejan la situación real y denuncia que se está facilitando la expansión de apartamentos turísticos en los barrios.

Presión sobre la vivienda en València

El debate sobre los pisos turísticos se produce en un momento de fuerte tensión en el mercado inmobiliario de València, donde vecinos y colectivos denuncian el impacto de estos alojamientos en el precio del alquiler y en la vida de los barrios.

Con las nuevas medidas, el Ayuntamiento busca equilibrar el atractivo turístico de la ciudad con la protección del uso residencial, aunque el enfrentamiento político sobre su efectividad sigue abierto.


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