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Muere un motorista de 30 años tras saltarse un control

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en la carretera CV-50, en el término municipal de Real (Valencia).

Muere un motorista de 30 años tras saltarse un control

La Guardia Civil  estaba realizando un control, el motorista se lo saltó y ha colisionó contra un coche en la carretera CV-50, en el término municipal de Real (Valencia).

El accidente se produjo la tarde de este jueves en el kilómetro 50 de la citada vía, según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil, que han señalado que la moto que conducía el fallecido no tenía seguro ni había pasado la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).

Desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) han informado de que hasta el lugar del accidente, la calle García Araus, se movilizó una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) y otra del SAMU, cuyo equipo médico estabilizó al motorista, tras realizarle la reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de soporte vital avanzado.

Posteriormente fue evacuado por politraumatismo al hospital General Universitario de València, donde falleció, según han confirmado fuentes sanitarias.

Los servicios médicos también asistieron a un hombre, de 66 años, por cervicalgia y contusión costal, y fue trasladado al mismo centro hospitalario que el anterior, en la ambulancia de SVB.

 

Saltarse un control policial puede tener diversas consecuencias, y estas pueden variar según las leyes y regulaciones del lugar específico. Aquí hay algunas posibles consecuencias que podrían enfrentar las personas que deciden evadir un control policial:

  1. Arresto: Evitar un control policial a menudo se considera una violación de la ley. Los agentes de policía pueden arrestar a alguien por intentar eludir un control, especialmente si hay razones para sospechar actividades ilegales.
  2. Multas: En muchos lugares, evadir un control policial puede resultar en multas sustanciales. Estas multas pueden variar según la gravedad de la infracción y las leyes locales.
  3. Cargos adicionales: Además de enfrentar consecuencias por evadir el control, es posible que se presenten cargos adicionales si se descubre que la persona tiene motivos legales para ser detenida, como tener una orden de arresto pendiente o portar sustancias ilegales.
  4. Incautación de vehículo: En algunos casos, las autoridades pueden tener el derecho de incautar el vehículo utilizado para evadir el control policial, especialmente si se sospecha que se ha utilizado en la comisión de un delito.
  5. Suspensión de licencia de conducir: Dependiendo de las leyes locales, evadir un control policial puede resultar en la suspensión de la licencia de conducir.
  6. Juicio: La persona que evadió el control policial puede enfrentar un juicio legal, donde se determinará su culpabilidad y se impondrán sanciones adicionales.
  7. Posible violencia: Intentar evadir un control policial puede aumentar el riesgo de confrontaciones violentas con las fuerzas del orden, lo que podría tener consecuencias graves, incluyendo lesiones o incluso la pérdida de vidas.

Es importante señalar que las consecuencias pueden variar según la jurisdicción y la gravedad de la situación. En general, es recomendable seguir las instrucciones de la policía y abordar cualquier inquietud o disputa legal en el momento adecuado y a través de los canales adecuados.

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Hallan mercurio y metanol en una anciana con alzhéimer mientras dos abogados y un notario la expoliaban en València

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La Policía Nacional ha detenido en València a cinco personas, entre ellas dos abogados, un notario de reconocido prestigio en la ciudad, la cuidadora de la víctima y el comprador de varios inmuebles, por presuntamente expoliar el patrimonio de una mujer octogenaria con alzhéimer. El perjuicio económico asciende a unos 785.000 euros, según ha informado la Jefatura Superior de Policía.

La investigación ha destapado una trama de ventas inmobiliarias irregulares, abusos de confianza y una grave situación de vulnerabilidad, en la que la anciana habría sido despojada de todos sus bienes en apenas un año.

Ventas irregulares y patrimonio enajenado

Las pesquisas policiales comenzaron en junio de 2025, tras la denuncia interpuesta por los familiares de la mujer. Estos alertaron de que cada vez les resultaba más difícil contactar con la anciana o visitarla, lo que despertó su preocupación.

Al consultar el Registro de la Propiedad, comprobaron que la totalidad de los inmuebles de la mujer habían sido vendidos en un corto periodo de tiempo. Las investigaciones revelaron que las operaciones se realizaron con el asesoramiento de dos abogados que, además, actuaban como letrados del comprador, incurriendo en un claro conflicto de intereses y dejando a la víctima en una situación de absoluta indefensión.

Los inmuebles fueron vendidos muy por debajo de su valor real de mercado, lo que permitió a los implicados obtener importantes beneficios económicos.

El papel clave del notario y la cuidadora

Todas las operaciones se formalizaron ante el mismo notario, que dio validez legal a las transacciones. Incluso en la venta de la vivienda habitual de la anciana —realizada bajo la fórmula de nuda propiedad— se incluyeron condiciones especialmente gravosas, que llegaban a contemplar la posible pérdida del usufructo.

Los agentes constataron además que el notario, junto al comprador, realizó gestiones para suprimir dicho usufructo, entrevistándose con vecinos para intentar demostrar que la mujer ya no residía en el inmueble, algo que no era cierto.

La cuidadora, que se encargaba de preparar la comida y atender diariamente a la octogenaria, tenía una posición de especial influencia sobre ella. Fue incluida en el testamento y era quien realizaba extracciones de dinero de las cuentas bancarias de la víctima.

Sustancias tóxicas y agravamiento del caso

Durante una hospitalización de la anciana, los investigadores llegaron a detectar presencia de mercurio y metanol en su organismo, un hallazgo que incrementó la gravedad de las sospechas sobre su entorno más cercano y reforzó la investigación policial.

Delitos y situación judicial

Como resultado de la operación, los cinco detenidos están acusados de prevaricación, falsedad en documento público, estafa, delito contra los derechos de los trabajadores y deslealtad profesional. Uno de ellos cuenta con antecedentes policiales.

Todos han pasado ya a disposición judicial, mientras continúa la investigación para esclarecer completamente los hechos y determinar si existen más personas implicadas.

 

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