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Sucesos

La mujer que ayudó a morir a su marido enfermo acepta cinco de cárcel

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València, 10 may (OFFICIAL PRESS – EFE).- La mujer de 77 años acusada de un delito de auxilio al suicidio por inyectar, previo acuerdo, una dosis elevada de morfina a su marido de 95 y enfermo crónico, ha aceptado la pena de cinco meses de prisión que pedía la Fiscalía de Valencia, aunque con suspensión de pena y, por tanto, sin consecuencias para ella.

La mujer que ayudó a morir a su marido

En el juicio, que ha comenzado este miércoles en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia, se juzgaba a la mujer por un delito de auxilio al suicidio, con la eximente incompleta de alteración psíquica y la agravante de parentesco.
Según el escrito de conformidad, al marido, de 95 años y aquejado de numerosas patologías crónicas, estas dolencias «le provocaban padecimientos permanentes» y, según el abogado de la acusada, Constantino Marín, «sufría un deterioro físico y cognitivo global» y «no se regía por sí mismo, sino que necesitaba ayuda, incluso mecánica, para cualquier acto».

De hecho, la víctima había redactado conforme a la legislación vigente un documento de voluntades anticipadas en las que manifestaba su deseo expreso de que, cuando llegara el momento terminal de su enfermedad, se le administrara sedación para acabar con su vida de forma indolora.

«La acusada, conocedora de la voluntad de su marido, tras haber observado el deterioro progresivo del mismo, su sufrimiento por la situación descrita y la reciente epidemia de COVID-19 que había empeorado su estado, en cumplimiento de la voluntad expresa de este y con la finalidad de paliar su sufrimiento, el 9 de diciembre de 2020, en el domicilio familiar y estando ambos de acuerdo, le administró por vía intramuscular una dosis elevada de morfina con la finalidad de acabar con su vida de forma indolora», según el relato de los hechos.

Ella padece alteración psíquica

La acusada padecía un trastorno generado por la situación vivida por su marido durante los años anteriores a los hechos, y por ello se considera que concurre la eximente incompleta de alteración psíquica.

Este trastorno, en los momentos previos a los hechos, «le produjo una intensa alteración de su estado mental que le mermó de forma severa su capacidad de entender y querer, modificando sin llegar a anular sus facultades cognoscitivas e intelectivas», según las conclusiones del escrito de conformidad.

Cinco meses de condena

Por todo ello, la acusada ha aceptado una condena de cinco meses de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena, y costas.

El abogado de la acusada ha asegurado que se han conformado para «evitar a la acusada el trance de tener que pasar por el juicio» y ha resaltado que la condena es «a cinco meses de prisión pero con suspensión y, por lo tanto, sin ningún tipo de consecuencia».

«Inicialmente se abría un procedimiento de jurado, y la tesitura de tener que ir al juicio, con lo que implica un tribunal con nueve jurados, pruebas testificales, interrogatorios y pruebas testificales, iba a suponer un sufrimiento enorme para la acusada», ha señalado después, en declaraciones a los medios.

Así ha explicado el acuerdo de conformidad, si bien ha considerado que, si se hubiera producido el juicio, «a buen seguro, al 100 %, habría sido absuelta» debido a las «circunstancias» del caso: «El hecho de que fuera en plena pandemia, con las circunstancias de la persona fallecida y de la persona acusada y con la manifestación por escrito de la voluntad de evitarse cualquier sufrimiento».

Asimismo, ha recordado que entre los hechos y el juicio se aprobó la ley de Eutanasia, que no se aplica por ser posterior y a la que no cabría acogerse en cualquier caso porque no se siguió el procedimiento reglado.
«Pero la acusada ha actuado, como dicen los informes periciales, por un acto de amor máximo al materializar la voluntad de su esposo para acabar con su sufrimiento», ha concluido.

 

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Ocho menores agreden sexualmente, durante seis días, a una niña de 13 años con discapacidad

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Una patrulla de la Guardia Civil a su salida de un juzgado en Alicante. EFE/MORELL/Archivo

Alicante, 27 sep (OFFICIAL PRESS-EFE).- Ocho menores entre 15 y 17 años han quedado este miércoles en Alicante en libertad con cargos por, supuestamente, participar en una agresión sexual durante seis días a una niña de 13 años que padece una discapacidad.

Los hechos, según el diario Información de Alicante, han ocurrido en una localidad del interior de la provincia (en la comarca del Baix Vinalopó) y el juzgado de Menores ha acordado dejar a los presuntos agresores en libertad provisional con orden de alejamiento de 300 metros para seis de ellos hacía la víctima por un periodo de seis meses.

Además de la menor de 13 años que ha sufrido la agresión sexual, la Guardia Civil ha identificado a otras dos jóvenes a las que también habrían podido intentar agredir sexualmente en un tiempo reciente en la misma localidad, aunque no ha habido denuncia.

Varias decenas de familiares y amigos de los ocho detenidos han estado durante la jornada junto a los juzgados alicantinos del barrio de Benalúa a la espera de conocer la situación en que quedaban los menores, y en la zona se ha desplegado un visible dispositivo de seguridad de la Policía Nacional para evitar incidentes.

Al parecer, la agresión consistió en numerosas felaciones cometidas durante seis días del pasado abril y se ha conocido a raíz de que la víctima lo ha desvelado recientemente a una orientadora del instituto donde cursa los estudios después de que varios familiares de los supuestos agresores le llamaran «puta», situación que incluso le ha llevado a pedir el cambio de clase.

Dos menores más podrían ser víctimas de agresiones sexuales similares a la niña de 13 años

Dos menores de edad podrían haber sido víctimas de agresiones sexuales muy parecidas a las denunciadas por una niña con discapacidad de 13 años que fue agredida durante seis días por ocho jóvenes de 15 y 17 años en el entorno de un instituto de una localidad de la provincia de Alicante.

Fuentes del caso han informado este jueves a EFE que así se deduce de la investigación aunque las dos jóvenes que pudieron padecer las mismas agresiones sexuales, consistentes en felaciones, no han querido interponer denuncia.

Los ocho menores detenidos pasaron ayer a disposición del juzgado de Menores de la ciudad de Alicante y la juez decretó la libertad con cargos con una orden de alejamiento de 300 metros para seis de ellos por un periodo de seis meses.

Los hechos ocurrieron en una población de la alicantina comarca del Baix Vinalopó en los meses de septiembre y octubre de 2022 y en abril de 2023, aunque no han trascendido hasta recientemente después de la menor desvelara lo sucedido a una orientadora de su instituto, donde pidió el cambio de clase porque varios allegados de los supuestos agresores le llamaban «puta».

La investigación la ha llevado el Equipo Mujer Menor (Emume) de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Alicante y los ocho arrestos de los jóvenes nacidos entre 2006 y 2008 tuvieron lugar el pasado día 25.

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