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Valencia

La Generalitat exige al Gobierno la retirada de la polémica campaña publicitaria con una naranja podrida

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naranja podrida campaña
Cartel de la campaña publicitaria

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, junto con la directora general de Comercio, Artesanía y Consumo, Maribel Sáez, han enviado una carta al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España y al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, exigiendo la «retirada inmediata» del apoyo que brindan a la campaña ‘Los mercados se mueren’, lanzada por la ONGD Justicia Alimentaria.

Nuria Montes ha calificado como «absolutamente inadmisible» que el Gobierno central permita esta campaña «de desprestigio y agresión injustificable hacia nuestros mercados y nuestros productos alimentarios más representativos, que son un referente en calidad y gestión en todo el mundo», según indica la Generalitat en un comunicado.

Ataque a los mercados

La consellera ha agregado que esta campaña «lejos de proteger a los mercados, los perjudica gravemente, poniendo en peligro los puestos de trabajo de medio millón de personas empleadas en los mercados municipales de toda España». La carta destaca que en la Comunitat Valenciana existen 149 mercados con 4.244 paradas, generando un empleo directo para 10.600 personas, de las cuales el 65% son mujeres.

Por su parte, Maribel Sáez ha afirmado que el discurso de esta campaña es «interesado, incierto y desleal con respecto al futuro de los mercados, poniendo en riesgo un sector que necesita todo nuestro apoyo para continuar trabajando en la excelencia».

En la carta, la consellera y la directora general también expresan su «disconformidad» con el producto elegido para la imagen de la campaña, una naranja podrida, bajo el lema ‘Los mercados se mueren’. Argumentan que, para la Comunitat Valenciana, la naranja es una seña de identidad equiparable a muchos símbolos importantes para los valencianos, como el plátano para Canarias o el marisco para Galicia. Critican el tratamiento de esta imagen como «una manipulación que desprestigia a la naranja y, con ella, la oferta de nuestros mercados».

Por todas estas razones, exigen «una rectificación pública y la inmediata retirada de la campaña», que ha comenzado con la difusión de carteles en Barcelona y tiene previsto continuar en otras grandes ciudades españolas como València, Madrid, Sevilla, Zaragoza y Bilbao.

Indignación de los agricultores

Quienes también han solicitado la retirada han sido las organizaciones agrarias. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) se ha sumado a las críticas y ha mostrado su «indignación» por el uso de una naranja podrida en la campaña. El presidente de AVA, Cristóbal Aguado, ha pedido la retirada inmediata de “una propaganda que puede dañar gravemente su consumo en plena campaña al depreciar la calidad de las frutas nacionales. Nos sienta muy mal que se utilicen varias frutas en estado de putrefacción para tratar de revitalizar los mercados”.

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Valencia

Esta es la nueva normativa de apartamentos turísticos en Valencia: límites, polémica y claves del cambio

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

El Ayuntamiento de València ha aprobado definitivamente la nueva normativa de apartamentos turísticos, una medida impulsada por el gobierno municipal con el apoyo de PP y Vox y el rechazo de Compromís y PSPV-PSOE.

La regulación modifica el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y busca poner límites al crecimiento del alojamiento turístico en la ciudad, en un contexto marcado por el aumento del precio de la vivienda y la presión vecinal.


🏛 Qué cambia con la nueva normativa

El nuevo marco urbanístico introduce restricciones al crecimiento de los apartamentos turísticos, con el objetivo de proteger el uso residencial de la vivienda. Según el equipo de gobierno, se trata de la normativa “más restrictiva de España” en este ámbito.

Entre las principales medidas destacan:

  • Implantación de “candados” urbanísticos que limitan el número de apartamentos por distrito, barrio o manzana.
  • Regulación del total de plazas turísticas, incluyendo apartamentos, hoteles y hostales.
  • Refuerzo de las inspecciones y aumento de las órdenes de cese contra alojamientos ilegales.
  • Coordinación con Policía y Agencia Tributaria para controlar la actividad irregular.

Desde el consistorio aseguran que el 98% de la vivienda queda protegida para uso residencial, dificultando la apertura de nuevos alojamientos turísticos.


Críticas de vecinos y oposición

La nueva normativa ha generado un intenso debate político y social. La Federació d’Associacions Veïnals de València considera que la regulación presenta “vacíos y excepciones” y no resuelve el principal problema: la existencia de miles de apartamentos turísticos ilegales.

Según denuncian, en la ciudad habría más de 9.000 viviendas turísticas fuera de la legalidad, una cifra que, a su juicio, no se aborda con medidas eficaces.

Por su parte, desde la oposición:

  • El PSPV-PSOE advierte que la norma no reducirá los apartamentos en zonas saturadas y permitirá su expansión en otros barrios.
  • Compromís acusa al gobierno local de favorecer la especulación y la subida de precios de la vivienda.

Ambos partidos coinciden en que la ciudad vive una situación de “tensión” en el mercado inmobiliario y reclaman medidas más restrictivas.


Debate sobre vivienda y turismo en València

El crecimiento del turismo en València ha sido uno de los factores clave en el encarecimiento del alquiler y la compra de vivienda en los últimos años.

Mientras el gobierno municipal defiende un modelo de turismo “de calidad” y compatible con la vida vecinal, la oposición insiste en que la nueva normativa puede agravar el problema si no se controla la oferta ilegal.


El Ayuntamiento defiende un “hito” urbanístico

La alcaldesa ha calificado la aprobación como un “hito” y ha asegurado que responde a un cambio de modelo de ciudad:

  • Priorizar el derecho a la vivienda.
  • Limitar el turismo masivo.
  • Garantizar la convivencia entre vecinos y visitantes.

Además, el gobierno local insiste en que la normativa está diseñada para ser sólida jurídicamente y evitar que pueda ser anulada en los tribunales.


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