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Valencia

La Generalitat exige al Gobierno la retirada de la polémica campaña publicitaria con una naranja podrida

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naranja podrida campaña
Cartel de la campaña publicitaria

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, junto con la directora general de Comercio, Artesanía y Consumo, Maribel Sáez, han enviado una carta al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España y al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, exigiendo la «retirada inmediata» del apoyo que brindan a la campaña ‘Los mercados se mueren’, lanzada por la ONGD Justicia Alimentaria.

Nuria Montes ha calificado como «absolutamente inadmisible» que el Gobierno central permita esta campaña «de desprestigio y agresión injustificable hacia nuestros mercados y nuestros productos alimentarios más representativos, que son un referente en calidad y gestión en todo el mundo», según indica la Generalitat en un comunicado.

Ataque a los mercados

La consellera ha agregado que esta campaña «lejos de proteger a los mercados, los perjudica gravemente, poniendo en peligro los puestos de trabajo de medio millón de personas empleadas en los mercados municipales de toda España». La carta destaca que en la Comunitat Valenciana existen 149 mercados con 4.244 paradas, generando un empleo directo para 10.600 personas, de las cuales el 65% son mujeres.

Por su parte, Maribel Sáez ha afirmado que el discurso de esta campaña es «interesado, incierto y desleal con respecto al futuro de los mercados, poniendo en riesgo un sector que necesita todo nuestro apoyo para continuar trabajando en la excelencia».

En la carta, la consellera y la directora general también expresan su «disconformidad» con el producto elegido para la imagen de la campaña, una naranja podrida, bajo el lema ‘Los mercados se mueren’. Argumentan que, para la Comunitat Valenciana, la naranja es una seña de identidad equiparable a muchos símbolos importantes para los valencianos, como el plátano para Canarias o el marisco para Galicia. Critican el tratamiento de esta imagen como «una manipulación que desprestigia a la naranja y, con ella, la oferta de nuestros mercados».

Por todas estas razones, exigen «una rectificación pública y la inmediata retirada de la campaña», que ha comenzado con la difusión de carteles en Barcelona y tiene previsto continuar en otras grandes ciudades españolas como València, Madrid, Sevilla, Zaragoza y Bilbao.

Indignación de los agricultores

Quienes también han solicitado la retirada han sido las organizaciones agrarias. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) se ha sumado a las críticas y ha mostrado su «indignación» por el uso de una naranja podrida en la campaña. El presidente de AVA, Cristóbal Aguado, ha pedido la retirada inmediata de “una propaganda que puede dañar gravemente su consumo en plena campaña al depreciar la calidad de las frutas nacionales. Nos sienta muy mal que se utilicen varias frutas en estado de putrefacción para tratar de revitalizar los mercados”.

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Valencia

Los pisos turísticos en la Comunitat Valenciana caen un 25% en un año hasta los 48.411 apartamentos

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

València multiplica por seis el cierre de pisos turísticos ilegales y endurece el control en todos los barrios

El Ayuntamiento de València ha intensificado su ofensiva contra los apartamentos turísticos ilegales, multiplicando por seis las órdenes de cese durante el actual mandato. El consistorio asegura que este incremento refleja un “cambio radical” en la política municipal para frenar la proliferación de viviendas de uso turístico fuera de la legalidad.

Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, se ha pasado de una media de 71 órdenes anuales en el anterior gobierno a 449 expedientes por año, lo que supone un aumento superior al 600%. De estas órdenes, el 87% ya se han ejecutado.

Más inspecciones y vigilancia continua

Para lograr estos resultados, el Ayuntamiento ha reforzado los equipos de control con cinco grupos de inspectores de Urbanismo y siete unidades de Policía Local, que rastrean de forma constante la actividad ilegal en todos los distritos.

El consistorio defiende que esta estrategia marca el paso de una etapa de “permisividad” a otra de “tolerancia cero”, en un contexto de creciente presión turística en la ciudad.

Moratoria y nuevas normas urbanísticas

El aumento de cierres llega acompañado de medidas estructurales. Desde mayo de 2024 está en vigor una moratoria que suspende la concesión de nuevas licencias turísticas, prorrogada hasta al menos mayo de 2026. Durante este periodo se han paralizado 363 expedientes, evitando la creación de casi 4.700 nuevas plazas.

Además, el gobierno municipal liderado por María José Catalá prepara una nueva normativa urbanística que limitará el crecimiento de estos alojamientos. Entre las principales restricciones destacan:

  • Máximo del 2% de viviendas turísticas por barrio
  • Límite del 8% de plazas turísticas respecto a la población
  • Tope del 15% en plantas bajas por manzana
  • Exigencia de acceso independiente y aprobación vecinal

También se creará un censo municipal de alojamientos turísticos (CATAV) y se reforzarán las inspecciones para detectar irregularidades.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, Compromís cuestiona la eficacia de estas medidas. Su portavoz, Papi Robles, sostiene que la normativa “ni reduce ni controla” el número real de plazas turísticas y acusa al gobierno local de utilizar una “cortina de humo”.

En la misma línea, el edil socialista Javier Mateo critica que las cifras ofrecidas por el ejecutivo no reflejan la situación real y denuncia que se está facilitando la expansión de apartamentos turísticos en los barrios.

Presión sobre la vivienda en València

El debate sobre los pisos turísticos se produce en un momento de fuerte tensión en el mercado inmobiliario de València, donde vecinos y colectivos denuncian el impacto de estos alojamientos en el precio del alquiler y en la vida de los barrios.

Con las nuevas medidas, el Ayuntamiento busca equilibrar el atractivo turístico de la ciudad con la protección del uso residencial, aunque el enfrentamiento político sobre su efectividad sigue abierto.


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