OFFICIAL PRESS/EFE.- El Ministerio de Sanidad ha facilitado al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) los nombres de los expertos que elaboraron los informes del proceso de desescalada, técnicos del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias que hicieron esta labor de forma coordinada con las comunidades.

Sin duda, uno de los capítulos más polémicos de la gestión de la COVID-19 en España. Desde hace meses, la oposición está reclamando ese listado para saber quién o quiénes han estado al frente de la pandemia. El mismo Pedro Cavadas hizo declaraciones públicas dudando de la existencia de este «comité de expertos».

Sanidad ha informado en un comunicado de su respuesta a una de las solicitudes efectuadas ante el CTBG que requería las identidades de los expertos de la desescalada, después de que éstos hayan prestado su consentimiento, sin formular oposición alguna a que se suministren sus datos de carácter personal, con lo que se cumple la finalidad del derecho a la protección de datos de garantizar a los individuos un poder de disposición sobre informaciones protegidas.

Según el comunicado, que no contiene esos nombres, en su respuesta a Transparencia el departamento que dirige Salvador Illa hace hincapié en que la elaboración de informes técnicos de valoración de la evolución de la pandemia en cada comunidad durante la desescalada «fue responsabilidad del Ministerio de Sanidad a través de la Dirección General de Salud Pública y, como unidad de esta Dirección General, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias», que dirige Simón.

Además, añade que «este trabajo se realizó de forma coordinada con las Consejerías de Sanidad de cada una de las comunidades autónomas y haciendo un análisis conjunto de la situación».

Según argumenta, el Ministerio ha buscado siempre garantizar el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen de unos empleados públicos que no poseen condición de alto cargo, amparados por el artículo 14.1.h) del real decreto por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Esta norma garantiza el derecho a la propia imagen, a la dignidad en el trabajo y a la intimidad.