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Sanidad facilita a Transparencia los nombres del polémico «Comité de expertos» de la gestión del coronavirus

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OFFICIAL PRESS/EFE.- El Ministerio de Sanidad ha facilitado al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) los nombres de los expertos que elaboraron los informes del proceso de desescalada, técnicos del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias que hicieron esta labor de forma coordinada con las comunidades.

Sin duda, uno de los capítulos más polémicos de la gestión de la COVID-19 en España. Desde hace meses, la oposición está reclamando ese listado para saber quién o quiénes han estado al frente de la pandemia. El mismo Pedro Cavadas hizo declaraciones públicas dudando de la existencia de este «comité de expertos».

Sanidad ha informado en un comunicado de su respuesta a una de las solicitudes efectuadas ante el CTBG que requería las identidades de los expertos de la desescalada, después de que éstos hayan prestado su consentimiento, sin formular oposición alguna a que se suministren sus datos de carácter personal, con lo que se cumple la finalidad del derecho a la protección de datos de garantizar a los individuos un poder de disposición sobre informaciones protegidas.

Según el comunicado, que no contiene esos nombres, en su respuesta a Transparencia el departamento que dirige Salvador Illa hace hincapié en que la elaboración de informes técnicos de valoración de la evolución de la pandemia en cada comunidad durante la desescalada «fue responsabilidad del Ministerio de Sanidad a través de la Dirección General de Salud Pública y, como unidad de esta Dirección General, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias», que dirige Simón.

Además, añade que «este trabajo se realizó de forma coordinada con las Consejerías de Sanidad de cada una de las comunidades autónomas y haciendo un análisis conjunto de la situación».

Según argumenta, el Ministerio ha buscado siempre garantizar el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen de unos empleados públicos que no poseen condición de alto cargo, amparados por el artículo 14.1.h) del real decreto por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Esta norma garantiza el derecho a la propia imagen, a la dignidad en el trabajo y a la intimidad.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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