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Sanidad facilita a Transparencia los nombres del polémico «Comité de expertos» de la gestión del coronavirus

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OFFICIAL PRESS/EFE.- El Ministerio de Sanidad ha facilitado al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) los nombres de los expertos que elaboraron los informes del proceso de desescalada, técnicos del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias que hicieron esta labor de forma coordinada con las comunidades.

Sin duda, uno de los capítulos más polémicos de la gestión de la COVID-19 en España. Desde hace meses, la oposición está reclamando ese listado para saber quién o quiénes han estado al frente de la pandemia. El mismo Pedro Cavadas hizo declaraciones públicas dudando de la existencia de este «comité de expertos».

Sanidad ha informado en un comunicado de su respuesta a una de las solicitudes efectuadas ante el CTBG que requería las identidades de los expertos de la desescalada, después de que éstos hayan prestado su consentimiento, sin formular oposición alguna a que se suministren sus datos de carácter personal, con lo que se cumple la finalidad del derecho a la protección de datos de garantizar a los individuos un poder de disposición sobre informaciones protegidas.

Según el comunicado, que no contiene esos nombres, en su respuesta a Transparencia el departamento que dirige Salvador Illa hace hincapié en que la elaboración de informes técnicos de valoración de la evolución de la pandemia en cada comunidad durante la desescalada «fue responsabilidad del Ministerio de Sanidad a través de la Dirección General de Salud Pública y, como unidad de esta Dirección General, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias», que dirige Simón.

Además, añade que «este trabajo se realizó de forma coordinada con las Consejerías de Sanidad de cada una de las comunidades autónomas y haciendo un análisis conjunto de la situación».

Según argumenta, el Ministerio ha buscado siempre garantizar el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen de unos empleados públicos que no poseen condición de alto cargo, amparados por el artículo 14.1.h) del real decreto por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Esta norma garantiza el derecho a la propia imagen, a la dignidad en el trabajo y a la intimidad.

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El Gobierno aprueba una nueva oferta de empleo público con 36.600 plazas, un 9% menos que en 2024

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una nueva oferta de empleo público (OEP) para 2025 con un total de 36.600 plazas, lo que supone un descenso del 9% respecto a la convocatoria del año anterior, cuando se ofertaron 40.146 puestos. Esta decisión llega en un contexto marcado por las negociaciones sindicales y las exigencias de estabilidad y refuerzo de los servicios públicos.

Reparto de las plazas: Administración General, Justicia y Seguridad

Según ha detallado el Ministerio de Función Pública, del total de 36.617 plazas, 20.840 serán de nuevo ingreso y 11.600 de promoción interna. La mayor parte de los puestos se concentrarán en la Administración General del Estado (AGE), así como en los ámbitos de Justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y Sanidad Exterior.

Este reparto responde a las necesidades detectadas por los distintos departamentos para cubrir jubilaciones, vacantes estructurales y reforzar áreas estratégicas como la digitalización, la inspección laboral o la gestión de políticas públicas.

Oferta extraordinaria: 1.000 plazas para facilitar la jubilación parcial

Junto a esta convocatoria general, el Gobierno ha anunciado una oferta extraordinaria de 1.000 plazas específicamente dirigida a facilitar la jubilación parcial anticipada del personal laboral de la AGE. Este colectivo había quedado en un limbo legal tras la reforma de las pensiones, al exigir la normativa que el trabajador relevista tenga contrato indefinido y jornada completa.

Esta medida responde a una histórica reivindicación de los sindicatos CCOO y UGT, que también exigen su ampliación al personal funcionario y estatutario.

Reacciones sindicales: tensión por el acuerdo inacabado

La nueva OEP llega en medio de creciente presión sindical. La semana pasada, CCOO y UGT organizaron una protesta frente al Ministerio de Hacienda para exigir el cumplimiento íntegro del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, así como la ejecución del plan de choque contra la temporalidad y la subida salarial correspondiente a 2025.

Aunque el Ejecutivo ha aprobado recientemente un incremento salarial adicional del 0,5%, los sindicatos consideran que las medidas son aún insuficientes para abordar los retos estructurales del empleo público en España.

Una oferta con menos plazas, pero centrada en la estabilización

Pese a ser un 9% inferior a la del año pasado, la nueva OEP mantiene un enfoque prioritario en la estabilización del empleo, la reducción de la temporalidad y la eficiencia en los procesos selectivos, con la intención de agilizar convocatorias y evitar demoras en la incorporación de personal.

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