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El número de desempleados en Murcia se reduce hasta niveles previos a la crisis

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El número de desempleados se redujo el pasado año un 8,7% en Murcia, situándose en un valor promedio de 32.716 personas, el más bajo desde 2009, cuando el paro registrado era de 31.021 personas. El dato contrasta con los que se dieron en 2012, 2013 y 2014, años en los que se superó la cifra de 40.000 parados en el municipio.

Según el análisis que se puede consultar en el portal del Ayuntamiento www.murciaencifras.es, la disminución fue más acentuada entre los hombres (-12,5%) y la bajada se produjo en todos los grupos de edad.

De tal forma que el paro masculino se situó a final de 2017 en el 13,63%, el dato más bajo de toda la serie, que entre 2010 y 2014 no logró bajar del 20%. En cuanto al desempleo femenino, pese a ser más elevado, también se ha reducido por encima del 5,8% y concluyó el pasado año con el dato más bajo desde 2012.

Por otra parte, el grupo de población entre 25 y 44 años ha conseguido la mayor disminución de la serie de los últimos 9 años, de forma que cerró 2017 con la mejor cifra de casi una década. El 14,5% registrado ahora supone diez puntos menos del nivel alcanzado en 2012 y 2013, cuando sobrepasaron el 24,3%.

También los jóvenes, menores de 25 años, han mejorado su inserción laboral. Hasta 2014 el porcentaje superó el 4%, mientras el pasado año se mantuvo por debajo del 3%.

Por otra parte, el desempleo entre los mayores de 45 años se sitúa en el 15,2%, el dato más bajo desde 2013.

Todos estos indicadores ‘confirman que avanzamos en la buena dirección para impulsar la creación de empleo, conseguir la reducción del paro y promover la mejora del mercado laboral’, aseguró el concejal de Empleo, Turismo y Cultura, Jesús Pacheco, quien destaca ‘el trabajo y el esfuerzo del sector empresarial, sin cuya intervención sería imposible hablar de estos datos’. Respecto a las políticas de promoción del empleo del Ayuntamiento, Pacheco adelantó que ‘continuaremos trabajando de la mano de los distintos partidos municipales para conseguir este objetivo común’.

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El fiscal general Álvaro García Ortiz presenta su renuncia tras ser condenado: “Es el momento de abandonar”

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Álvaro García Ortiz

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado su renuncia al Gobierno después de que el Tribunal Supremo lo condenara el pasado 20 de noviembre a dos años de inhabilitación, por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

En su comunicación de renuncia, García Ortiz ha afirmado que “es el momento de abandonar”, asumiendo las consecuencias de la sentencia y tratando de poner punto final a la crisis institucional generada por el caso.

La condena del Supremo ha sacudido el panorama político, con duras reacciones de Ayuso, que calificó la sentencia como “hechos propios de una dictadura”. También ha reabierto el debate sobre la independencia del Ministerio Público y la relación entre cargos institucionales y el poder ejecutivo.

Con su marcha, se abre una nueva etapa en el Ministerio Público y se intensifica la presión para reformar mecanismos de control y garantizar una fiscalía verdaderamente independiente.


Condena histórica al fiscal general: dos años de inhabilitación por revelación de secretos contra el novio de Ayuso

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, a dos años de inhabilitación y a pagar una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos. La sentencia afecta a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien el Tribunal ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

Según la resolución del Supremo, García Ortíz vulneró la confidencialidad de información sensible relacionada con Alberto González Amador, un acto considerado grave por comprometer derechos fundamentales y la confianza en la administración pública.

Esta decisión del Tribunal Supremo marca un precedente significativo sobre la responsabilidad de altos cargos en el manejo de información confidencial, reforzando la protección jurídica frente a filtraciones o revelaciones indebidas.

 


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