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Ocho funcionarios valencianos piden protección tras revelar posibles casos de corrupción

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La Agencia Antifraude recibió un total de 35 denuncias en 2017, la mayoría de ellas (el 40 por ciento) por cuestiones relacionadas con la contratación. Además, entre ese año y 2018 ha recibido nueve peticiones de funcionarios de administraciones de la Comunitat para acogerse al estatuto que protege a los denunciantes de posibles casos de corrupción, una en 2017 y las otras ocho en lo que llevamos de año.

Así lo ha indicado en una comparecencia en la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de Les Corts a la que ha acudido para presentar la primera memoria de este organismo correspondiente al ejercicio de 2017 y en donde ha relatado todos los pasos que ha dado este organismo para su puesta en marcha.

En su intervención, ha detallado que en 2017 tuvo que aprobar una resolución de protección a un secretario interventor de un ayuntamiento de la provincia de Alicante que había denunciado un caso por presuntas conductas delictivas en el ámbito del funcionariado que los tribunales estaban investigando.

El funcionario pidió acogerse al estatuto del denunciante, mecanismo que prevé esta agencia para proteger a quienes informan o denuncian posibles casos de corrupción, y el consistorio entendió que la agencia vulneraba «el principio de autonomía», por lo que le dio 15 días para anular el acuerdo. «Mantuvimos la resolución e iniciamos un contencioso. Será interesante ver cuál es la posición de los tribunales», ha puntualizado.

MEMORIA 2017
En cuanto a la actividad de la Agencia Antifraude en 2017, ha explicado que no se aprobó ningún expediente sancionador y recibió 35 denuncias, de las cuales 24 afectan a administraciones locales (el 68,57%), ocho a la Generalitat (22,86%) y las tres restantes a otras entidades.

Por materias, el 40% están relacionadas con la contratación, el 22,86% con cuestiones de personal, el 8,57 con subvenciones, el 2,86% con concesiones, otro 2,86% con urbanismo y el 22,86% es por otras cuestiones.

Respecto al denunciante, siete denuncias fueron puestas por empleados públicos (20%); dos por cargos públicos (5,71%); 16 por personal eventual de la administración (45,71%); 8 por particulares (22,86%) y dos fueron de forma anónima, lo que supone el 5,71%. El canal que más se utilizó fue el correo electrónico ya que 24 de las 35 denuncias llegaron por esta vía, mientras que cinco lo hicieron por el registro de la agencia y seis de forma presencial.

Llinares ha explicado que pese a que la agencia arrancó el 30 de junio del pasado año, cuando él tomó posesión de su cargo, no fue hasta finales de año cuando pudo comenzar a desempeñar su labor debido a la falta de personal y la necesidad de recursos. De este modo, los primeros meses los dedicó a «dotar de los elementos básicos a la agencia» como fue darla de alta en Seguridad Social y en los registros oficiales, así como buscar una sede.

Así, ha relatado que la entrada de los primeros dos funcionarios no se produjo hasta el 15 de octubre, aunque a principios de noviembre ya eran siete las personas que trabajan en la agencia y que asumían la gestión administrativa y económica financiera.

Respecto a la sede, ha considerado que su ubicación, actualmente se encuentra en un local de alquiler en la calle Navellos, debería de ser un espacio público y, a su juicio, la mejor opción serían los locales «decomisados a la trama de Cooperación» que están en la avenida Ausiàs March.

«El arranque ha sido ir salvando un problema detrás de otro. 2017 hemos hecho lo que hemos podido hacer. En 2017, hemos hecho lo que hemos podido», ha admitido para señalar que de los 1,5 millones que había presupuestados solo se ha ejecutado el 10% y el resto ha vuelto a las arcas de la administración pública valenciana.

LLEGAR A VERANO «A PLENO RENDIMIENTO»
Pese a los problemas iniciales, Llinares ha destacado que actualmente son 16 funcionarios y reciben una media de 12 denuncias mensuales, por lo que ha manifestado que «lo ideal» sería «llegar a verano con la agencia a pleno rendimiento» para poder empezar a recibir casos de oficio porque hasta ahora no ha sido posible por la limitación de recursos.

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Trump aplaza cinco días los ataques a Irán tras contactos “constructivos” para rebajar la tensión

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Irán
Donald Trump confirma el bombardeo y amenaza con futuras ofensivas si Teherán no abandona su programa nuclear.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado posponer durante cinco días los ataques previstos contra infraestructuras energéticas de Irán tras mantener lo que ha calificado como conversaciones “muy buenas y constructivas” con Teherán en los últimos días.

Pausa militar tras contactos diplomáticos

Según ha explicado el mandatario, la decisión afecta a bombardeos dirigidos contra centrales eléctricas e instalaciones energéticas iraníes, que habían sido amenazadas tras un ultimátum previo relacionado con la reapertura del estrecho de Ormuz.

Trump ha señalado que este aplazamiento responde al “tono y la franqueza” de los contactos recientes, y ha condicionado cualquier acción militar futura al resultado de las conversaciones en curso durante esta semana.

Irán niega las negociaciones

Sin embargo, desde Irán han rechazado la versión estadounidense. Medios oficiales y fuentes gubernamentales iraníes aseguran que no ha habido ningún diálogo con Washington y califican las declaraciones de Trump de “mentira”.

Además, sostienen que la decisión de aplazar el ataque responde a la presión militar iraní y a la amenaza de una respuesta contundente, así como a factores económicos como la inestabilidad en los mercados.

Tensión en el Golfo y amenaza de escalada

El trasfondo del conflicto sigue siendo el control del estrecho de Ormuz, un punto clave para el comercio mundial de petróleo. Trump había dado un ultimátum de 48 horas para su reapertura, advirtiendo de posibles ataques en caso de incumplimiento.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní ha reiterado que responderá a cualquier agresión, incluyendo posibles ataques a infraestructuras energéticas en la región vinculadas a Estados Unidos.

Contexto de conflicto abierto

La crisis se enmarca en una escalada militar más amplia en Oriente Próximo, con miles de víctimas según distintos balances. Mientras Washington habla de avances hacia una posible “resolución completa”, Teherán insiste en que no hay negociación y acusa a Estados Unidos de llevar a cabo una “guerra psicológica”.

La evolución de los contactos en los próximos días será clave para determinar si la pausa anunciada por Donald Trump abre la puerta a una desescalada o si, por el contrario, se reactiva el riesgo de un conflicto mayor en la región.

 

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