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Ocho funcionarios valencianos piden protección tras revelar posibles casos de corrupción

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La Agencia Antifraude recibió un total de 35 denuncias en 2017, la mayoría de ellas (el 40 por ciento) por cuestiones relacionadas con la contratación. Además, entre ese año y 2018 ha recibido nueve peticiones de funcionarios de administraciones de la Comunitat para acogerse al estatuto que protege a los denunciantes de posibles casos de corrupción, una en 2017 y las otras ocho en lo que llevamos de año.

Así lo ha indicado en una comparecencia en la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de Les Corts a la que ha acudido para presentar la primera memoria de este organismo correspondiente al ejercicio de 2017 y en donde ha relatado todos los pasos que ha dado este organismo para su puesta en marcha.

En su intervención, ha detallado que en 2017 tuvo que aprobar una resolución de protección a un secretario interventor de un ayuntamiento de la provincia de Alicante que había denunciado un caso por presuntas conductas delictivas en el ámbito del funcionariado que los tribunales estaban investigando.

El funcionario pidió acogerse al estatuto del denunciante, mecanismo que prevé esta agencia para proteger a quienes informan o denuncian posibles casos de corrupción, y el consistorio entendió que la agencia vulneraba «el principio de autonomía», por lo que le dio 15 días para anular el acuerdo. «Mantuvimos la resolución e iniciamos un contencioso. Será interesante ver cuál es la posición de los tribunales», ha puntualizado.

MEMORIA 2017
En cuanto a la actividad de la Agencia Antifraude en 2017, ha explicado que no se aprobó ningún expediente sancionador y recibió 35 denuncias, de las cuales 24 afectan a administraciones locales (el 68,57%), ocho a la Generalitat (22,86%) y las tres restantes a otras entidades.

Por materias, el 40% están relacionadas con la contratación, el 22,86% con cuestiones de personal, el 8,57 con subvenciones, el 2,86% con concesiones, otro 2,86% con urbanismo y el 22,86% es por otras cuestiones.

Respecto al denunciante, siete denuncias fueron puestas por empleados públicos (20%); dos por cargos públicos (5,71%); 16 por personal eventual de la administración (45,71%); 8 por particulares (22,86%) y dos fueron de forma anónima, lo que supone el 5,71%. El canal que más se utilizó fue el correo electrónico ya que 24 de las 35 denuncias llegaron por esta vía, mientras que cinco lo hicieron por el registro de la agencia y seis de forma presencial.

Llinares ha explicado que pese a que la agencia arrancó el 30 de junio del pasado año, cuando él tomó posesión de su cargo, no fue hasta finales de año cuando pudo comenzar a desempeñar su labor debido a la falta de personal y la necesidad de recursos. De este modo, los primeros meses los dedicó a «dotar de los elementos básicos a la agencia» como fue darla de alta en Seguridad Social y en los registros oficiales, así como buscar una sede.

Así, ha relatado que la entrada de los primeros dos funcionarios no se produjo hasta el 15 de octubre, aunque a principios de noviembre ya eran siete las personas que trabajan en la agencia y que asumían la gestión administrativa y económica financiera.

Respecto a la sede, ha considerado que su ubicación, actualmente se encuentra en un local de alquiler en la calle Navellos, debería de ser un espacio público y, a su juicio, la mejor opción serían los locales «decomisados a la trama de Cooperación» que están en la avenida Ausiàs March.

«El arranque ha sido ir salvando un problema detrás de otro. 2017 hemos hecho lo que hemos podido hacer. En 2017, hemos hecho lo que hemos podido», ha admitido para señalar que de los 1,5 millones que había presupuestados solo se ha ejecutado el 10% y el resto ha vuelto a las arcas de la administración pública valenciana.

LLEGAR A VERANO «A PLENO RENDIMIENTO»
Pese a los problemas iniciales, Llinares ha destacado que actualmente son 16 funcionarios y reciben una media de 12 denuncias mensuales, por lo que ha manifestado que «lo ideal» sería «llegar a verano con la agencia a pleno rendimiento» para poder empezar a recibir casos de oficio porque hasta ahora no ha sido posible por la limitación de recursos.

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Sánchez y Feijóo se reunirán el lunes para abordar el posible envío de tropas españolas a Ucrania

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se reunirán previsiblemente el próximo lunes para abordar cuestiones relacionadas con la política exterior y la Defensa, entre ellas el posible envío de tropas españolas a Ucrania.

El encuentro se producirá tras los contactos mantenidos entre los gabinetes de ambos dirigentes, después de que Moncloa solicitara formalmente la reunión. Aunque la fecha aún está pendiente de confirmación oficial, el Partido Popular ha señalado que el lunes es el día fijado inicialmente.

El apoyo del PP, clave para el envío de tropas

El Gobierno necesitará el respaldo del PP en el Congreso si pretende sacar adelante una decisión de este calado. Desde el partido de Feijóo han dejado claro que no apoyarán ninguna medida de Defensa de forma aislada, y que cualquier decisión sobre el envío de soldados, el presupuesto militar o la estrategia exterior debe someterse a una votación vinculante en la Cámara Baja.

Los populares consideran que el Ejecutivo no puede exigir un apoyo automático y reclaman información detallada sobre los compromisos de España en materia de seguridad nacional, incluidos el gasto militar y la participación en misiones internacionales.

Política exterior y tensiones geopolíticas

Según fuentes gubernamentales, Pedro Sánchez está dispuesto a explicar al líder de la oposición los cambios geopolíticos que se están produciendo en el contexto internacional y la estrategia diplomática y de seguridad que está desplegando el Ejecutivo ante el conflicto en Ucrania.

El PP, por su parte, ha pedido ampliar el contenido de la reunión para abordar otros asuntos de política exterior que, a su juicio, preocupan a los ciudadanos, así como las relaciones internacionales del Gobierno y su alineamiento con los socios europeos.

Clima de desconfianza política

Desde el Partido Popular insisten en que el Gobierno no está en condiciones de exigir un apoyo ciego, y subrayan que ni sus socios parlamentarios ni la oposición garantizan su respaldo sin un debate previo y transparente.

 

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