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Ocho funcionarios valencianos piden protección tras revelar posibles casos de corrupción

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La Agencia Antifraude recibió un total de 35 denuncias en 2017, la mayoría de ellas (el 40 por ciento) por cuestiones relacionadas con la contratación. Además, entre ese año y 2018 ha recibido nueve peticiones de funcionarios de administraciones de la Comunitat para acogerse al estatuto que protege a los denunciantes de posibles casos de corrupción, una en 2017 y las otras ocho en lo que llevamos de año.

Así lo ha indicado en una comparecencia en la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de Les Corts a la que ha acudido para presentar la primera memoria de este organismo correspondiente al ejercicio de 2017 y en donde ha relatado todos los pasos que ha dado este organismo para su puesta en marcha.

En su intervención, ha detallado que en 2017 tuvo que aprobar una resolución de protección a un secretario interventor de un ayuntamiento de la provincia de Alicante que había denunciado un caso por presuntas conductas delictivas en el ámbito del funcionariado que los tribunales estaban investigando.

El funcionario pidió acogerse al estatuto del denunciante, mecanismo que prevé esta agencia para proteger a quienes informan o denuncian posibles casos de corrupción, y el consistorio entendió que la agencia vulneraba «el principio de autonomía», por lo que le dio 15 días para anular el acuerdo. «Mantuvimos la resolución e iniciamos un contencioso. Será interesante ver cuál es la posición de los tribunales», ha puntualizado.

MEMORIA 2017
En cuanto a la actividad de la Agencia Antifraude en 2017, ha explicado que no se aprobó ningún expediente sancionador y recibió 35 denuncias, de las cuales 24 afectan a administraciones locales (el 68,57%), ocho a la Generalitat (22,86%) y las tres restantes a otras entidades.

Por materias, el 40% están relacionadas con la contratación, el 22,86% con cuestiones de personal, el 8,57 con subvenciones, el 2,86% con concesiones, otro 2,86% con urbanismo y el 22,86% es por otras cuestiones.

Respecto al denunciante, siete denuncias fueron puestas por empleados públicos (20%); dos por cargos públicos (5,71%); 16 por personal eventual de la administración (45,71%); 8 por particulares (22,86%) y dos fueron de forma anónima, lo que supone el 5,71%. El canal que más se utilizó fue el correo electrónico ya que 24 de las 35 denuncias llegaron por esta vía, mientras que cinco lo hicieron por el registro de la agencia y seis de forma presencial.

Llinares ha explicado que pese a que la agencia arrancó el 30 de junio del pasado año, cuando él tomó posesión de su cargo, no fue hasta finales de año cuando pudo comenzar a desempeñar su labor debido a la falta de personal y la necesidad de recursos. De este modo, los primeros meses los dedicó a «dotar de los elementos básicos a la agencia» como fue darla de alta en Seguridad Social y en los registros oficiales, así como buscar una sede.

Así, ha relatado que la entrada de los primeros dos funcionarios no se produjo hasta el 15 de octubre, aunque a principios de noviembre ya eran siete las personas que trabajan en la agencia y que asumían la gestión administrativa y económica financiera.

Respecto a la sede, ha considerado que su ubicación, actualmente se encuentra en un local de alquiler en la calle Navellos, debería de ser un espacio público y, a su juicio, la mejor opción serían los locales «decomisados a la trama de Cooperación» que están en la avenida Ausiàs March.

«El arranque ha sido ir salvando un problema detrás de otro. 2017 hemos hecho lo que hemos podido hacer. En 2017, hemos hecho lo que hemos podido», ha admitido para señalar que de los 1,5 millones que había presupuestados solo se ha ejecutado el 10% y el resto ha vuelto a las arcas de la administración pública valenciana.

LLEGAR A VERANO «A PLENO RENDIMIENTO»
Pese a los problemas iniciales, Llinares ha destacado que actualmente son 16 funcionarios y reciben una media de 12 denuncias mensuales, por lo que ha manifestado que «lo ideal» sería «llegar a verano con la agencia a pleno rendimiento» para poder empezar a recibir casos de oficio porque hasta ahora no ha sido posible por la limitación de recursos.

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Incendios en España: se estabilizan gracias a la mejora meteorológica, aunque preocupa Jarilla (Cáceres)

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Labores de extinción de un incendio forestal. EFE / Kai Forsterling/Archivo

Las peticiones de activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han descendido en las últimas horas, según confirmó este miércoles el Gobierno tras la reunión del Comité Estatal de Coordinación (CECOD) contra los incendios, presidida de manera telemática por Pedro Sánchez.

En el encuentro, al que asistieron representantes de las principales instituciones, la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, destacó que se está prestando “especial atención” a los incendios de Seadur Larouco (Ourense), Porto (Zamora), Oímbra – Xinzo de Limia (Ourense) y Barniedo de la Reina – Boca de Huérgano (León).

En el caso del incendio de Jarilla (Cáceres), las condiciones meteorológicas son algo más favorables, pero las rachas de viento continúan complicando la extinción.

La Aemet prevé lluvias y descenso de temperaturas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que la situación meteorológica está mejorando gracias a una DANA situada en Francia y al paso de una vaguada que afecta a la Península. Esto provocará inestabilidad, precipitaciones y tormentas en el noroeste y Baleares, algunas localmente fuertes, así como un descenso generalizado de las temperaturas.

Detenidos y hectáreas arrasadas

El Ministerio del Interior ha confirmado la detención de 37 personas por su presunta relación con los incendios forestales registrados en España desde el 1 de junio. Además, otras 113 personas están siendo investigadas, veinte más que el día anterior.

Según los datos del Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS), en lo que va de año han ardido en España 391.581 hectáreas, la mayoría durante este mes de agosto, uno de los más destructivos de la última década.

Galicia y Castilla y León: alivio tras días de emergencia

Una de las comunidades más castigadas ha sido Galicia, donde el servicio ferroviario de alta velocidad entre Ourense y Madrid pudo restablecerse a las 17:00 horas después de permanecer cortado siete días. El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, anunció además trenes especiales para los afectados por los cortes.

En Ourense, la jefa de servicio de prevención de incendios forestales, Sandra Martínez, explicó que la situación está “mucho más calmada” y que por fin se centran en las labores de extinción: «Llevábamos varios días preocupados sobre todo por la protección de las poblaciones, pero ahora estamos avanzando en la extinción».

La provincia permanece en nivel 2 de emergencia, decretado por la Xunta desde el 12 de agosto, aunque las últimas previsiones son optimistas.

El Camino de Santiago no ha sufrido daños graves. Aunque se han registrado focos cercanos al Camino Francés y deterioro en señalizaciones y barandillas, todas las rutas son transitables.

Extremadura: preocupación por el incendio de Jarilla

El incendio de Jarilla (Cáceres) ha arrasado ya 16.000 hectáreas y tiene un perímetro de 160 kilómetros. Durante la noche, los equipos de extinción enfrentaron grandes dificultades debido al viento. El consejero extremeño de Presidencia, Abel Bautista, aseguró que «la noche ha sido muy complicada, incluso grave para algunos grupos, aunque afortunadamente no hubo daños personales».

El municipio de La Garganta permanece en preaviso por una posible evacuación si la situación empeora.

Castilla y León: evolución favorable pero con focos activos

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, informó de que todos los incendios en Castilla y León evolucionan de manera “favorable” gracias a la tregua meteorológica.

Actualmente, la comunidad registra 27 incendios, con ocho en Índice de Gravedad Potencial (IGP) 2, todos en León salvo Porto (Zamora) y Cardaño de Arriba (Palencia). Entre los más preocupantes están los de Barniedo, que amenaza con extenderse a la vertiente palentina, y el de Porto, que obligó a evacuar varias localidades.

En Asturias, el Servicio de Emergencias (SEPA) contabiliza 14 incendios forestales, de los cuales 5 siguen activos.

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