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Ocho funcionarios valencianos piden protección tras revelar posibles casos de corrupción

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La Agencia Antifraude recibió un total de 35 denuncias en 2017, la mayoría de ellas (el 40 por ciento) por cuestiones relacionadas con la contratación. Además, entre ese año y 2018 ha recibido nueve peticiones de funcionarios de administraciones de la Comunitat para acogerse al estatuto que protege a los denunciantes de posibles casos de corrupción, una en 2017 y las otras ocho en lo que llevamos de año.

Así lo ha indicado en una comparecencia en la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de Les Corts a la que ha acudido para presentar la primera memoria de este organismo correspondiente al ejercicio de 2017 y en donde ha relatado todos los pasos que ha dado este organismo para su puesta en marcha.

En su intervención, ha detallado que en 2017 tuvo que aprobar una resolución de protección a un secretario interventor de un ayuntamiento de la provincia de Alicante que había denunciado un caso por presuntas conductas delictivas en el ámbito del funcionariado que los tribunales estaban investigando.

El funcionario pidió acogerse al estatuto del denunciante, mecanismo que prevé esta agencia para proteger a quienes informan o denuncian posibles casos de corrupción, y el consistorio entendió que la agencia vulneraba «el principio de autonomía», por lo que le dio 15 días para anular el acuerdo. «Mantuvimos la resolución e iniciamos un contencioso. Será interesante ver cuál es la posición de los tribunales», ha puntualizado.

MEMORIA 2017
En cuanto a la actividad de la Agencia Antifraude en 2017, ha explicado que no se aprobó ningún expediente sancionador y recibió 35 denuncias, de las cuales 24 afectan a administraciones locales (el 68,57%), ocho a la Generalitat (22,86%) y las tres restantes a otras entidades.

Por materias, el 40% están relacionadas con la contratación, el 22,86% con cuestiones de personal, el 8,57 con subvenciones, el 2,86% con concesiones, otro 2,86% con urbanismo y el 22,86% es por otras cuestiones.

Respecto al denunciante, siete denuncias fueron puestas por empleados públicos (20%); dos por cargos públicos (5,71%); 16 por personal eventual de la administración (45,71%); 8 por particulares (22,86%) y dos fueron de forma anónima, lo que supone el 5,71%. El canal que más se utilizó fue el correo electrónico ya que 24 de las 35 denuncias llegaron por esta vía, mientras que cinco lo hicieron por el registro de la agencia y seis de forma presencial.

Llinares ha explicado que pese a que la agencia arrancó el 30 de junio del pasado año, cuando él tomó posesión de su cargo, no fue hasta finales de año cuando pudo comenzar a desempeñar su labor debido a la falta de personal y la necesidad de recursos. De este modo, los primeros meses los dedicó a «dotar de los elementos básicos a la agencia» como fue darla de alta en Seguridad Social y en los registros oficiales, así como buscar una sede.

Así, ha relatado que la entrada de los primeros dos funcionarios no se produjo hasta el 15 de octubre, aunque a principios de noviembre ya eran siete las personas que trabajan en la agencia y que asumían la gestión administrativa y económica financiera.

Respecto a la sede, ha considerado que su ubicación, actualmente se encuentra en un local de alquiler en la calle Navellos, debería de ser un espacio público y, a su juicio, la mejor opción serían los locales «decomisados a la trama de Cooperación» que están en la avenida Ausiàs March.

«El arranque ha sido ir salvando un problema detrás de otro. 2017 hemos hecho lo que hemos podido hacer. En 2017, hemos hecho lo que hemos podido», ha admitido para señalar que de los 1,5 millones que había presupuestados solo se ha ejecutado el 10% y el resto ha vuelto a las arcas de la administración pública valenciana.

LLEGAR A VERANO «A PLENO RENDIMIENTO»
Pese a los problemas iniciales, Llinares ha destacado que actualmente son 16 funcionarios y reciben una media de 12 denuncias mensuales, por lo que ha manifestado que «lo ideal» sería «llegar a verano con la agencia a pleno rendimiento» para poder empezar a recibir casos de oficio porque hasta ahora no ha sido posible por la limitación de recursos.

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El IPC baja al 2,5% en enero en la Comunitat Valenciana, por encima de la media nacional

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El IPC en la Comunitat Valenciana se redujo hasta el 2,5% interanual en enero, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A pesar de la bajada, la tasa valenciana se sitúa por encima de la media nacional, que cerró el primer mes del año en el 2,3%, seis décimas menos que en diciembre (2,9%).


Evolución del IPC en enero en la Comunitat Valenciana

El descenso del Índice de Precios de Consumo refleja una moderación de la inflación en el arranque de 2026, aunque los precios continúan creciendo respecto al mismo mes del año anterior.

En el conjunto de España:

  • IPC interanual: 2,3%

  • Inflación subyacente: 2,6%

La inflación subyacente —que no incluye alimentos no elaborados ni productos energéticos— se mantuvo estable, lo que indica cierta resistencia en los precios estructurales de la economía.


Comparativa por comunidades autónomas

La Comunitat Valenciana, con su 2,5%, se posiciona ligeramente por encima de la media española.

Las comunidades con mayor subida interanual fueron:

  • Madrid: +3%

  • Ceuta: +2,9%

En el extremo opuesto, las menores subidas de precios se registraron en:

  • La Rioja: +1,9%

  • Región de Murcia: +1,9%

  • Galicia: +1,9%

  • Castilla-La Mancha: +1,9%


¿Qué significa esta bajada del IPC?

La reducción del IPC en enero apunta a una desaceleración de la inflación, aunque los precios siguen en niveles superiores a los registrados hace un año.

Para los hogares valencianos, esto supone:

  • Menor presión inflacionaria que en diciembre.

  • Persistencia de precios elevados en determinados productos y servicios.

La evolución de la inflación en los próximos meses será clave para determinar el impacto en el consumo, los salarios y la economía regional.


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