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Ocho funcionarios valencianos piden protección tras revelar posibles casos de corrupción

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La Agencia Antifraude recibió un total de 35 denuncias en 2017, la mayoría de ellas (el 40 por ciento) por cuestiones relacionadas con la contratación. Además, entre ese año y 2018 ha recibido nueve peticiones de funcionarios de administraciones de la Comunitat para acogerse al estatuto que protege a los denunciantes de posibles casos de corrupción, una en 2017 y las otras ocho en lo que llevamos de año.

Así lo ha indicado en una comparecencia en la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de Les Corts a la que ha acudido para presentar la primera memoria de este organismo correspondiente al ejercicio de 2017 y en donde ha relatado todos los pasos que ha dado este organismo para su puesta en marcha.

En su intervención, ha detallado que en 2017 tuvo que aprobar una resolución de protección a un secretario interventor de un ayuntamiento de la provincia de Alicante que había denunciado un caso por presuntas conductas delictivas en el ámbito del funcionariado que los tribunales estaban investigando.

El funcionario pidió acogerse al estatuto del denunciante, mecanismo que prevé esta agencia para proteger a quienes informan o denuncian posibles casos de corrupción, y el consistorio entendió que la agencia vulneraba «el principio de autonomía», por lo que le dio 15 días para anular el acuerdo. «Mantuvimos la resolución e iniciamos un contencioso. Será interesante ver cuál es la posición de los tribunales», ha puntualizado.

MEMORIA 2017
En cuanto a la actividad de la Agencia Antifraude en 2017, ha explicado que no se aprobó ningún expediente sancionador y recibió 35 denuncias, de las cuales 24 afectan a administraciones locales (el 68,57%), ocho a la Generalitat (22,86%) y las tres restantes a otras entidades.

Por materias, el 40% están relacionadas con la contratación, el 22,86% con cuestiones de personal, el 8,57 con subvenciones, el 2,86% con concesiones, otro 2,86% con urbanismo y el 22,86% es por otras cuestiones.

Respecto al denunciante, siete denuncias fueron puestas por empleados públicos (20%); dos por cargos públicos (5,71%); 16 por personal eventual de la administración (45,71%); 8 por particulares (22,86%) y dos fueron de forma anónima, lo que supone el 5,71%. El canal que más se utilizó fue el correo electrónico ya que 24 de las 35 denuncias llegaron por esta vía, mientras que cinco lo hicieron por el registro de la agencia y seis de forma presencial.

Llinares ha explicado que pese a que la agencia arrancó el 30 de junio del pasado año, cuando él tomó posesión de su cargo, no fue hasta finales de año cuando pudo comenzar a desempeñar su labor debido a la falta de personal y la necesidad de recursos. De este modo, los primeros meses los dedicó a «dotar de los elementos básicos a la agencia» como fue darla de alta en Seguridad Social y en los registros oficiales, así como buscar una sede.

Así, ha relatado que la entrada de los primeros dos funcionarios no se produjo hasta el 15 de octubre, aunque a principios de noviembre ya eran siete las personas que trabajan en la agencia y que asumían la gestión administrativa y económica financiera.

Respecto a la sede, ha considerado que su ubicación, actualmente se encuentra en un local de alquiler en la calle Navellos, debería de ser un espacio público y, a su juicio, la mejor opción serían los locales «decomisados a la trama de Cooperación» que están en la avenida Ausiàs March.

«El arranque ha sido ir salvando un problema detrás de otro. 2017 hemos hecho lo que hemos podido hacer. En 2017, hemos hecho lo que hemos podido», ha admitido para señalar que de los 1,5 millones que había presupuestados solo se ha ejecutado el 10% y el resto ha vuelto a las arcas de la administración pública valenciana.

LLEGAR A VERANO «A PLENO RENDIMIENTO»
Pese a los problemas iniciales, Llinares ha destacado que actualmente son 16 funcionarios y reciben una media de 12 denuncias mensuales, por lo que ha manifestado que «lo ideal» sería «llegar a verano con la agencia a pleno rendimiento» para poder empezar a recibir casos de oficio porque hasta ahora no ha sido posible por la limitación de recursos.

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La UCO se persona en varias sedes de Acciona por una pieza separada del ‘caso Koldo’

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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha personado este viernes en varias sedes de la empresa Acciona en el marco de una pieza separada del ‘caso Koldo’, que actualmente se investiga bajo secreto sumarial.

Detalles de la operación

La actuación de la UCO forma parte de una derivada de la investigación original del ‘caso Koldo’, aunque por el momento no se han facilitado más detalles sobre los motivos de la intervención ni sobre el alcance de la misma.

Las autoridades mantienen la confidencialidad debido a que se trata de un procedimiento judicial en curso, y cualquier información adicional dependerá de la evolución de la investigación.

Contexto del ‘caso Koldo’

El ‘caso Koldo’ ha estado en el foco mediático durante los últimos meses debido a su implicación con empresas y altos cargos en presuntos delitos económicos y de corrupción. La aparición de piezas separadas de la investigación indica que los investigadores están ampliando el caso para analizar nuevos indicios o implicados.

Acciona y la operación de la UCO

Acciona, una de las principales empresas del sector de la construcción y energías renovables en España, ha sido escenario de registros y actuaciones de la UCO, aunque la compañía no ha emitido por el momento declaraciones oficiales sobre la investigación.

Se espera que las próximas horas o días puedan aportar más información sobre esta pieza separada y su relación con el ‘caso Koldo’, así como sobre posibles imputaciones o medidas judiciales adicionales.

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