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Oltra ofrece la Comunitat para acoger a los refugiados de Afganistán

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EFE/EPA/AKHTER GULFAM

Mónica Oltra, consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, vicepresidenta y portavoz de la Generalitat Valenciana, ha asegurado que desde el Consell, ante la crisis que se vive en Afganistán por la llegada de los talibanes, «vamos a seguir ofreciendo nuestros recursos y nuestras manos para que esas personas que huyen puedan encontrar un refugio seguro».

En sus declaraciones hace hincapié en que la Comunitat Valenciana es «tierra de acogida», como se demuestra «desde su red de municipios refugio y desde las políticas de la Generalitat que, desde 2015, con el Botànic, hemos apostado firmemente por una tierra de acogida donde puedan venir las personas que huyen de las bombas, de las guerras, que se lanzan al Mediterráneo, que huyen de las torturas o ahora mismo de un régimen talibán que no respeta los derechos humanos».

«La Generalitat Valenciana está comprometida, como no puede ser de otra manera, y esperemos que el Gobierno de España tenga en cuenta también este ofrecimiento y que su política de asilo y refugio ofrezca un destino seguro a las personas que, en este momento, a millares, intentan salir del infierno en que se ha convertido Afganistán», ha señalado.

Oltra ha mostrado su preocupación por las mujeres, las niñas y las adolescentes por lo que ha afirmado que «Como hemos hecho siempre y también desde la crisis de 2015 de la guerra de Siria», «seguir ofreciendo nuestros recursos, medios, manos y toda nuestra solidaridad para que esas personas puedan encontrar un refugio seguro, sobre todo, las mujeres, niñas y adolescentes», con el fin de que «puedan tener derecho a estudiar, a reír, a formarse, a trabajar en lo que quieran, a vestir como quieran y querer como quieran y a llevar un proyecto de vida que deseen».

València se ofrece a acoger personas refugiadas de Afganistán

Por su parte, el alcalde de València, Joan Ribó, se ha puesto a disposición el Gobierno y de la Generalitat para ayudar a acoger a los refugiados, o tomar aquellas medidas que sean necesarias.

«València está preparada desde el año 2015, cuando se declaró ‘ciudad refugio’, para acoger personas refugiadas. Además, está dispuesta a recibir a las víctimas de la crisis que está produciéndose en Afganistán”. Así se ha pronunciado el alcalde Joan Ribó quien ha puesto a disposición del gobierno del Estado y de la Generalitat los recursos municipales para acoger y tomar las medidas necesarias para ayudar a los refugiados y refugiadas de este país de Oriente Medio, y ha instado a la comunidad internacional “para activar un operativo para canalizar esta asistencia a las personas que huyen del régimen talibán”.

El alcalde de València, Joan Ribó, ha recordado que “València es una ciudad solidaria y segura, con voluntad de hacer valer los derechos fundamentales sobre cualquier otra consideración, como ya lo ha demostrado muchas veces con las personas refugiadas y migrantes”. El alcalde ha realizado este ofrecimiento del mismo modo que en junio del 2018 València impulsó la acogida de 629 personas rescatadas del Mediterráneo por parte del barco de salvamento Aquarius. “En esta ocasión –ha manifestado- hablamos de otra tragedia con un grave impacto internacional y tienen que prevalecer los derechos humanos”.

Joan Ribó ha asegurado que “el Ayuntamiento pone a disposición del Gobierno central y autonómico todos los recursos disponibles en València para acoger en esta ciudad y facilitar la salida de Afganistán de todas las personas afganas que se encuentren en riesgo de ser perseguidas por sus creencias, ideología y género”. “No podemos abandonar a ninguna de estas personas y tenemos que darles la oportunidad de tener una vida digna”.

“Si podemos, desde València evitaremos más muertos y más injusticias” ha reiterado Ribó seguro “de la empatía y la solidaridad propia de los valencianos y valencianas ante con el sufrimiento de los otros». De esta manera, el alcalde ha recordado “la respuesta ciudadana ante la llegada de refugiados del Aquarius”. Ribó también se ha hecho eco de las campañas de sensibilización desarrolladas por el Ayuntamiento para visibilizar las causas de la migración, “que en el caso de las personas de Afganistán están más que justificadas”, ha añadido.

Por último, el alcalde ha rememorado que el octubre pasado València se añadió al programa de acogida Hermanamiento comunitario valenciano, fruto del convenio entre el Ministerio de Inclusión, la Conselleria de Igualdad, ACNUR, Cáritas, el Servicio Jesuita a Migrantes y varios municipios valencianos. “Nos sumamos a esta experiencia piloto y asumiremos el compromiso de ofrecer oportunidades a familias que han sufrido guerras, a veces muy largas, el exilio y el hambre, porque puedan empezar de nuevo en unas condiciones de vida dignas», ha concluido Ribó

 

 

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La ministra Tolón cobra por alquilar una vivienda VPO que solo puede usarse como residencia habitual

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Milagros Tolón niega irregularidades en el alquiler de su vivienda protegida en Toledo

La ministra de Educación asegura que pidió autorización a la Junta de Castilla-La Mancha y que cuenta con un informe jurídico que avala el arrendamiento del inmueble, que adquirió en 1998.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha negado haber cometido irregularidades al alquilar una vivienda de protección oficial (VPO) de su propiedad en Toledo. La también exalcaldesa de la ciudad ha defendido que ha actuado siempre conforme a la normativa de Castilla-La Mancha y con total transparencia.

La polémica surge a raíz de una información publicada por Artículo14, que señala que Tolón estaría alquilando una vivienda protegida que, según las condiciones de este tipo de inmuebles, estaría destinada a servir como residencia de su propietaria.

Ante las preguntas de los periodistas, la ministra ha asegurado que compró la vivienda en 1998 y que se trata del único inmueble que posee. «Yo tengo una vivienda de hace 30 años, que efectivamente es mía desde el año 98», ha explicado, rechazando que exista intención de especular con el alquiler.

Tolón asegura que pidió autorización a la Junta

Uno de los principales argumentos de la ministra para defender la legalidad del arrendamiento es que, según ha explicado, solicitó autorización a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, administración competente en materia de vivienda.

«Yo pedí en ese caso autorización en su momento», ha afirmado al ser preguntada por este asunto. Tolón no ha detallado si recibió una resolución administrativa favorable, aunque ha insistido en que el alquiler cumple las condiciones exigidas por la normativa.

Además, ha asegurado que dispone de un informe jurídico que avala el arrendamiento del inmueble una vez transcurridos 14 años desde su adquisición.

«Totalmente, cumple todos los requisitos», ha respondido al ser preguntada por el cumplimiento de las exigencias legales.

La ministra defiende que declaró la vivienda y los ingresos

Tolón también ha rechazado que haya ocultado información sobre la propiedad o los ingresos derivados del alquiler. Según ha explicado, tanto la vivienda como las cantidades percibidas aparecen reflejadas en sus declaraciones oficiales.

«Siempre he actuado con transparencia, siempre he actuado en mi declaración de bienes desde hace muchos años», ha señalado. La ministra ha insistido en que el inmueble es su única vivienda y que su situación patrimonial puede comprobarse en la documentación presentada.

La exalcaldesa de Toledo ha reiterado que nunca ha existido una operación especulativa y que ha cumplido con las obligaciones que le corresponden como propietaria de una vivienda protegida.

La polémica sobre el alquiler de una VPO

El caso ha abierto el debate sobre las condiciones que regulan el alquiler de las viviendas de protección oficial y las autorizaciones necesarias para destinarlas a ese uso.

La cuestión central es determinar si el arrendamiento del inmueble de Tolón se ajusta a las condiciones bajo las que fue adquirido y a la normativa autonómica aplicable. La ministra sostiene que cuenta con respaldo jurídico y que solicitó permiso a la administración regional.

Por el momento, Tolón mantiene su defensa de la legalidad de la operación y niega cualquier irregularidad en el alquiler de la vivienda protegida que compró hace casi tres décadas.

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