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Oltra ofrece la Comunitat para acoger a los refugiados de Afganistán
Publicado
hace 5 añosen

Mónica Oltra, consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, vicepresidenta y portavoz de la Generalitat Valenciana, ha asegurado que desde el Consell, ante la crisis que se vive en Afganistán por la llegada de los talibanes, «vamos a seguir ofreciendo nuestros recursos y nuestras manos para que esas personas que huyen puedan encontrar un refugio seguro».
En sus declaraciones hace hincapié en que la Comunitat Valenciana es «tierra de acogida», como se demuestra «desde su red de municipios refugio y desde las políticas de la Generalitat que, desde 2015, con el Botànic, hemos apostado firmemente por una tierra de acogida donde puedan venir las personas que huyen de las bombas, de las guerras, que se lanzan al Mediterráneo, que huyen de las torturas o ahora mismo de un régimen talibán que no respeta los derechos humanos».
«La Generalitat Valenciana está comprometida, como no puede ser de otra manera, y esperemos que el Gobierno de España tenga en cuenta también este ofrecimiento y que su política de asilo y refugio ofrezca un destino seguro a las personas que, en este momento, a millares, intentan salir del infierno en que se ha convertido Afganistán», ha señalado.
Oltra ha mostrado su preocupación por las mujeres, las niñas y las adolescentes por lo que ha afirmado que «Como hemos hecho siempre y también desde la crisis de 2015 de la guerra de Siria», «seguir ofreciendo nuestros recursos, medios, manos y toda nuestra solidaridad para que esas personas puedan encontrar un refugio seguro, sobre todo, las mujeres, niñas y adolescentes», con el fin de que «puedan tener derecho a estudiar, a reír, a formarse, a trabajar en lo que quieran, a vestir como quieran y querer como quieran y a llevar un proyecto de vida que deseen».
València se ofrece a acoger personas refugiadas de Afganistán
Por su parte, el alcalde de València, Joan Ribó, se ha puesto a disposición el Gobierno y de la Generalitat para ayudar a acoger a los refugiados, o tomar aquellas medidas que sean necesarias.
«València está preparada desde el año 2015, cuando se declaró ‘ciudad refugio’, para acoger personas refugiadas. Además, está dispuesta a recibir a las víctimas de la crisis que está produciéndose en Afganistán”. Así se ha pronunciado el alcalde Joan Ribó quien ha puesto a disposición del gobierno del Estado y de la Generalitat los recursos municipales para acoger y tomar las medidas necesarias para ayudar a los refugiados y refugiadas de este país de Oriente Medio, y ha instado a la comunidad internacional “para activar un operativo para canalizar esta asistencia a las personas que huyen del régimen talibán”.
El alcalde de València, Joan Ribó, ha recordado que “València es una ciudad solidaria y segura, con voluntad de hacer valer los derechos fundamentales sobre cualquier otra consideración, como ya lo ha demostrado muchas veces con las personas refugiadas y migrantes”. El alcalde ha realizado este ofrecimiento del mismo modo que en junio del 2018 València impulsó la acogida de 629 personas rescatadas del Mediterráneo por parte del barco de salvamento Aquarius. “En esta ocasión –ha manifestado- hablamos de otra tragedia con un grave impacto internacional y tienen que prevalecer los derechos humanos”.
Joan Ribó ha asegurado que “el Ayuntamiento pone a disposición del Gobierno central y autonómico todos los recursos disponibles en València para acoger en esta ciudad y facilitar la salida de Afganistán de todas las personas afganas que se encuentren en riesgo de ser perseguidas por sus creencias, ideología y género”. “No podemos abandonar a ninguna de estas personas y tenemos que darles la oportunidad de tener una vida digna”.
“Si podemos, desde València evitaremos más muertos y más injusticias” ha reiterado Ribó seguro “de la empatía y la solidaridad propia de los valencianos y valencianas ante con el sufrimiento de los otros». De esta manera, el alcalde ha recordado “la respuesta ciudadana ante la llegada de refugiados del Aquarius”. Ribó también se ha hecho eco de las campañas de sensibilización desarrolladas por el Ayuntamiento para visibilizar las causas de la migración, “que en el caso de las personas de Afganistán están más que justificadas”, ha añadido.
Por último, el alcalde ha rememorado que el octubre pasado València se añadió al programa de acogida Hermanamiento comunitario valenciano, fruto del convenio entre el Ministerio de Inclusión, la Conselleria de Igualdad, ACNUR, Cáritas, el Servicio Jesuita a Migrantes y varios municipios valencianos. “Nos sumamos a esta experiencia piloto y asumiremos el compromiso de ofrecer oportunidades a familias que han sufrido guerras, a veces muy largas, el exilio y el hambre, porque puedan empezar de nuevo en unas condiciones de vida dignas», ha concluido Ribó
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Qué es el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas y qué hace: el desahucio de Maricarmen como ejemplo
Publicado
hace 3 horasen
25 septiembre, 2026
El desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años expulsada de la vivienda en la que llevaba alrededor de 70 años viviendo en Madrid, ha colocado en primera línea a una organización que en los últimos años ha ganado presencia en el debate sobre la vivienda: el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas.
Tras la ejecución del desahucio, la organización convocó movilizaciones en diferentes ciudades españolas, entre ellas València, para denunciar el lanzamiento y reclamar nuevas medidas de protección para las personas que viven de alquiler.
Pero ¿qué es exactamente un sindicato de inquilinos, quién puede formar parte de él y qué hace cuando una persona tiene problemas con su casero?
¿Qué es un Sindicato de Inquilinos e Inquilinas?
Un sindicato de inquilinos es una organización formada por personas que viven de alquiler y que se organizan colectivamente para defender sus intereses como arrendatarias.
Su objetivo declarado es defender el acceso a una vivienda digna, estable y asequible y actuar ante problemas como las subidas de alquiler, los conflictos con propietarios, las dificultades para renovar contratos o los procedimientos de desahucio.
El Sindicato de Inquilinas de Madrid explica que nació en mayo de 2017, cuando un grupo de vecinos decidió organizarse para defender de manera colectiva el derecho a una vivienda digna y segura. Actualmente afirma contar con más de 4.000 personas y trabajar mediante nodos territoriales y comisiones.
No se trata, por tanto, de una administración pública ni de un organismo judicial. Es una organización social y sindical que representa y organiza a personas que viven de alquiler.
¿Qué reclama un sindicato de inquilinos?
Las reivindicaciones pueden variar entre organizaciones, pero entre las cuestiones que aparecen habitualmente se encuentran:
- Frenar o limitar las subidas de los alquileres.
- Conseguir contratos de alquiler más estables.
- Defender a los inquilinos ante conflictos con los propietarios.
- Evitar desahucios cuando existen situaciones de vulnerabilidad.
- Reclamar un parque público de vivienda mayor.
- Denunciar situaciones que consideran abusivas en el mercado del alquiler.
- Organizar a los vecinos de un mismo edificio o barrio ante problemas comunes.
- Presionar a las administraciones para modificar las políticas de vivienda.
El movimiento de sindicatos de inquilinos se define como una organización de base formada por personas que viven de alquiler y señala entre sus principales objetivos enfrentarse a las subidas de las rentas, los abusos de grandes propietarios y la precarización residencial.
¿Qué puede hacer un sindicato de inquilinos ante un desahucio?
Una de sus principales funciones es acompañar y organizar a los afectados cuando reciben una demanda, una orden de lanzamiento o se enfrentan a un conflicto con el propietario.
El sindicato puede proporcionar información sobre el procedimiento, poner al afectado en contacto con asesoramiento jurídico, organizar redes de apoyo y movilizar a otras personas para intentar negociar una solución.
También puede realizar campañas públicas, concentraciones o acciones ante las administraciones.
En algunos casos, estos colectivos intentan negociar directamente con la propiedad para conseguir una prórroga del contrato, una reducción de la renta, un alquiler social u otra alternativa que permita evitar el lanzamiento.
Es importante diferenciar esta actividad de la actuación de los tribunales: un sindicato no puede anular por sí mismo una orden judicial de desahucio. Las posibilidades legales dependen de cada procedimiento y de las resoluciones dictadas por los juzgados.
El caso de Maricarmen: el ejemplo que ha provocado las movilizaciones
El caso de Maricarmen se ha convertido en uno de los ejemplos más visibles de la actividad del movimiento de inquilinos.
La mujer, de 87 años, llevaba alrededor de siete décadas viviendo en la vivienda de Madrid. El conflicto se prolongó durante años y terminó en los tribunales.
La vivienda estaba sometida a un régimen de renta antigua y el litigio se centró, entre otras cuestiones, en las condiciones de la subrogación del contrato y en el derecho de Maricarmen a continuar ocupando el inmueble.
Finalmente, después de varios aplazamientos, el lanzamiento se ejecutó el 23 de septiembre de 2026.
El Sindicato de Inquilinos e Inquilinas intentó movilizar apoyos para evitar el desahucio y, una vez ejecutado, convocó concentraciones de urgencia en una docena de ciudades.
¿Por qué el caso de Maricarmen es tan importante para el sindicato?
Para el movimiento de inquilinos, Maricarmen representa un problema más amplio: el de las personas que, pese a llevar muchos años viviendo en una vivienda, pueden terminar perdiéndola cuando cambia la situación contractual o económica.
La organización sostiene que el desahucio podría haberse evitado mediante cambios legislativos y reclama al Gobierno nuevas medidas de protección.
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha utilizado el caso para reclamar el desbloqueo de medidas relacionadas con la protección frente a los desahucios y ha convocado movilizaciones en diferentes ciudades.
El sindicato también actúa antes de llegar al desahucio
El trabajo de estas organizaciones no se limita a los lanzamientos.
En el Sindicato de Inquilinas de Madrid, por ejemplo, la estructura se organiza territorialmente mediante nodos abiertos a las personas que quieran participar y diferentes comisiones de trabajo. La organización explica que uno de sus objetivos es que los problemas individuales puedan convertirse en conflictos colectivos.
Esto permite que varios vecinos de un mismo edificio puedan organizarse conjuntamente cuando existen problemas relacionados con el alquiler.
También pueden intervenir ante situaciones como:
Una subida del alquiler: el sindicato puede asesorar al inquilino sobre sus derechos y ayudarle a negociar.
Un problema con la renovación: puede acompañar al arrendatario durante las conversaciones con la propiedad.
Un conflicto con un gran propietario: los afectados pueden organizarse colectivamente cuando varias viviendas de un mismo edificio están en una situación similar.
Un procedimiento de desahucio: el sindicato puede informar sobre el proceso, buscar alternativas y organizar movilizaciones para reclamar una solución.
Sindicatos de inquilinos en diferentes ciudades
No existe un único sindicato que agrupe a todos los inquilinos de España. Existen organizaciones territoriales diferentes que comparten buena parte de sus reivindicaciones y que en los últimos años han impulsado estructuras de coordinación.
Entre ellas se encuentran el Sindicato de Inquilinas de Madrid, el Sindicat de Llogateres de Catalunya, organizaciones de Málaga, Zaragoza, Sevilla, Asturias, Cádiz, Guadalajara y otras ciudades y territorios.
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas sirve como espacio de coordinación para diferentes organizaciones del movimiento.
Precisamente esta estructura fue la que permitió convocar movilizaciones simultáneas después del desahucio de Maricarmen. Las primeras protestas se organizaron en doce ciudades y posteriormente se anunciaron nuevas concentraciones en más puntos de España.
De un problema individual a una movilización colectiva
Esta es precisamente una de las características fundamentales de los sindicatos de inquilinos: intentar que un conflicto que afecta a una persona pueda convertirse en una reivindicación colectiva.
En el caso de Maricarmen, el desahucio dejó de ser únicamente un procedimiento judicial concreto y se convirtió en el detonante de movilizaciones en distintas ciudades.
En València, decenas de personas se concentraron ante la Delegación del Gobierno para mostrar su apoyo a Maricarmen y reclamar medidas en materia de vivienda.
En Alicante, el movimiento de vivienda también organizó una concentración y vinculó el caso con la situación de las familias que tienen dificultades para afrontar los alquileres.
Las organizaciones sostienen que el problema no afecta únicamente a Maricarmen, sino que forma parte de un conflicto más amplio sobre el precio de la vivienda y la protección de los inquilinos.
¿Puede un sindicato impedir legalmente un desahucio?
No por sí mismo.
Un sindicato puede negociar, asesorar, acompañar, movilizar y reclamar medidas ante las administraciones, pero la suspensión o paralización de un lanzamiento depende de las decisiones judiciales y de las circunstancias que establezca la legislación.
En determinados procedimientos existen mecanismos para acreditar una situación de vulnerabilidad, solicitar medidas de protección o plantear alternativas habitacionales. La posibilidad concreta de suspender un lanzamiento depende del caso y de los requisitos legales aplicables.
Por eso, ante una notificación judicial, los sindicatos recomiendan actuar con rapidez y buscar asesoramiento jurídico.
El desahucio de Maricarmen abre un nuevo capítulo
La imagen de Maricarmen saliendo en camilla de la vivienda donde había vivido durante décadas ha convertido su caso en un símbolo para el movimiento de inquilinos.
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha anunciado que continuará movilizándose y ha utilizado el caso para reclamar cambios en la legislación de vivienda.
Así, el desahucio de una mujer de 87 años se ha convertido en un ejemplo de cómo funcionan los sindicatos de inquilinos y de qué manera intentan transformar un conflicto individual entre propietario e inquilino en una reivindicación colectiva sobre el acceso a la vivienda.
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