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OPOSICIONES| València aprueba una oferta pública de ocupación de 351 plazas para 2018

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El regidor de Gobierno Interior del Ayuntamiento de València, Sergi Campillo, ha explicado que en la sesión de este miércoles, la Mesa General de Negociación ha aprobado la oferta pública de ocupación «donde se vuelve a apostar por la consolidación del que era trabajo temporal y se vuelve a impulsar las oposiciones del área de protección ciudadana», con 50 nuevas plazas de agente de Policía Local y 28 nuevas plazas del cuerpo de bomberos.

Las 50 plazas de Policía Local corresponden a la Oferta Pública de Ocupación (OPE) del 2018. Hay que sumar en estas 50 plazas las 40 de la OPE del 2017 y las 30 de la OPE de 2016, que fue el primer proceso opositor en una década. De hecho, el proceso opositor de las primeras 30 plazas está muy avanzado y pronto se incorporarán a la plantilla municipal. «De forma que en tan solo tres años hemos aprobado ya 120 plazas nuevas de Policía Local de Valencia, una cifra histórica ante la ley seca que impuso el PP durante diez años, con cero plazas convocadas», ha indicado Campillo.

La nueva oferta de 28 plazas de bomberos se tienen que sumar también a las plazas de las ofertas públicas de ocupación del 2016 -18 en total- y del 2017 -11 plazas más. «En estos tres años la suma de plazas de bomberos de las OPE llegan hasta las 57 y, de nuevo, son las primeras en una década y suponen un reforzamiento muy importante de la plantilla, actualmente infradotada», ha dicho Campillo.

«Este gobierno tiene un compromiso inequívoco con el reforzamiento de las plantillas de policías locales y bomberos. Estos procesos tienen su complicación, como todas las políticas de personal, que tienen que ser negociadas con los sindicatos, pero el que está fuera de todo duda es la voluntad de reforzar las plantillas después del destrozo actuación provocada por el anterior equipo de gobierno del PP, que no convocó ni una sola plaza en más de una década», ha denunciado.

APUESTA POR LA PROMOCIÓN INTERNA EN EL CUERPO DE ADMINISTRACIÓN

La Mesa General de Negociación también ha aprobado 120 plazas de administrativos (de ellas 70 plazas son de consolidación y estabilización de la ocupación temporal y 50 de promoción interna). Se atiende así una gran reivindicación por parte del personal auxiliar administrativo de poder promocionar al cuerpo de administración (pasando del grupo C2 al C1). «Además, desde la Corporación nos hemos comprometido a continuar ofreciendo en las próximas OPE las plazas ocupadas por personal interino en el cuerpo de administración para consolidar al máximo el trabajo temporal», ha dicho Campillo.

Además de estas categorías, en la OPE del 2018 se ha acordado también sacar a oposición 24 plazas de economista, ocho de graduado social, cinco agentes de desarrollo local, tres estadísticos, nuevo ingenieros técnicos industriales, algunas plazas más de diferentes categorías de músicos de banda, además de 2 ingenieros industriales, 4 de caminos y 2 químicos. En total, el Ayuntamiento de Valencia aprueba para la OPE de 2018 un total de 351 plazas, entre consolidación, estabilización, promoción interna y turno libre, además del turno de movilidad en el caso de las categorías de policía local y bombero.

Finalmente, el regidor ha agradecido también la colaboración de los sindicatos de la Mesa General, «con quienes mantenemos una relación sincera y fluida para mejorar la administración municipal y buena prueba de esto es la aprobación por parte de 4 de los 5 sindicatos del OPE del 2018».

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La Fiscalía Europea investiga un presunto fraude con fondos de la UE para las pulseras antimaltrato en España

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La investigación afecta a las ayudas europeas destinadas a los dispositivos telemáticos de control de agresores y contempla actuaciones en las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas.

La Fiscalía Europea (EPPO) investiga un presunto fraude relacionado con los fondos de la Unión Europea destinados a la adquisición de las pulseras telemáticas utilizadas para controlar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento y otras medidas judiciales en casos de violencia de género en España.

El organismo europeo ha anunciado este jueves que está llevando a cabo actuaciones de investigación en las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas, en el marco de las diligencias abiertas para esclarecer posibles irregularidades en el uso de los fondos comunitarios destinados a estos dispositivos.

La investigación pone el foco en el sistema de control telemático empleado para supervisar el cumplimiento de medidas cautelares y condenas por delitos de violencia de género. Se trata de los dispositivos conocidos como pulseras antimaltrato, utilizados para detectar posibles incumplimientos de las órdenes judiciales de alejamiento.

La investigación afecta a los fondos europeos para las pulseras telemáticas

La Fiscalía Europea tiene entre sus competencias investigar posibles delitos que perjudiquen los intereses financieros de la Unión Europea, entre ellos el fraude relacionado con fondos comunitarios.

En este caso, las actuaciones se centran en los recursos europeos destinados a la adquisición de los dispositivos de seguimiento telemático utilizados en España para controlar a los agresores y reforzar la protección de las víctimas.

La investigación deberá esclarecer si se produjeron irregularidades en la gestión o utilización de estas partidas económicas. Por el momento, la existencia de una investigación por presunto fraude no implica que se hayan acreditado responsabilidades penales.

Las pulseras antimaltrato, bajo el foco por sus problemas de funcionamiento

El sistema de pulseras telemáticas ha estado en el centro de la polémica por los problemas técnicos registrados en los últimos años y las dudas sobre su funcionamiento.

El Tribunal de Cuentas ya había señalado en septiembre de 2026 graves deficiencias en la contratación y supervisión del servicio. Entre los problemas detectados figuraban interrupciones, errores de geolocalización, fallos en la autonomía de las baterías y retrasos en las reparaciones.

Estas incidencias habían generado preocupación por la eficacia del sistema, cuya finalidad es controlar las medidas de alejamiento y contribuir a la protección de las mujeres víctimas de violencia de género.

La nueva investigación de la Fiscalía Europea abre ahora otro frente sobre la gestión de los recursos económicos procedentes de la Unión Europea destinados a estos dispositivos.

 

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