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Padres, alumnos y profesores convocan una huelga general contra la LOMCE para el 9 de marzo

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La Plataforma Estatal por la Defensa de la Escuela Pública, formada por organizaciones de padres, estudiantes y sindicatos de profesores, han anunciado este miércoles la convocatoria de una huelga general de enseñanza, que comprende los niveles educativos desde Infantil hasta la Universidad, para denunciar que la LOMCE sigue en vigor y que el pacto que se está negociando en el Congreso de los Diputados es solo político y no social.

Asimismo, denuncian que la Subcomisión parlamentaria para este fin lleva más de un mes sin convocarse y alertan de que el posible acuerdo se «dilate en el tiempo mientras se siguen aplicando la LOMCE y los recortes», tal y como ha subrayado el portavoz de la plataforma y presidente de CEAPA, José Luis Pazos, en una rueda de prensa ofrecida en Madrid. La convocatoria del 9 de marzo será la tercera huelga general educativa en la que participan padres, alumnos y profesores desde que el PP gobierna.

Todos los representantes de las nueve organizaciones convocantes (CEAPA, STES, CC.OO, UGT, MRP, CGT, FAEST, Frente de Estudiantes, Sindicato de Estudiantes), han coincidido en destacar que «la lucha en la calle» está siendo el medio más eficaz para defender la enseñanza pública y han advertido de que el pacto «no es un fin en sí mismo» sino que «lo importante es el contenido del mismo», que será sobre el que estas asociaciones debatirán.

Otro de los motivos por los que han convocado este paro en todos los niveles de enseñanza, es el recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional de la decisión del Congreso de los Diputados de parar la LOMCE, una decisión que consideran «inaceptable». Asimismo, han alertado de que los compromisos de déficit de España con Bruselas pueden conllevar un recorte de «mil millones de euros para la Educación». «No aceptamos ni un solo euro de recorte más», ha afirmado Pazos.

Para la secretaria general del Sindicato de Estudiantes, el ministro «no tiene intención de pactar nada» y ha subrayado que se trata de una «estrategia vergonzosa para seguir recortando y mantener la LOMCE».

La representante del sector de Enseñanza de UGT, Maribel Loranca, ha reiterado que el pacto educativo se está negociando «a espaldas del profesorado, por mucho que el ministro diga que es el motor del cambio» y ha apuntado que se niegan a que la participación del profesorado en el acuerdo se reduzca a una intervención de «diez minutos» en la Subcomisión parlamentaria.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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