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Padres, alumnos y profesores convocan una huelga general contra la LOMCE para el 9 de marzo

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La Plataforma Estatal por la Defensa de la Escuela Pública, formada por organizaciones de padres, estudiantes y sindicatos de profesores, han anunciado este miércoles la convocatoria de una huelga general de enseñanza, que comprende los niveles educativos desde Infantil hasta la Universidad, para denunciar que la LOMCE sigue en vigor y que el pacto que se está negociando en el Congreso de los Diputados es solo político y no social.

Asimismo, denuncian que la Subcomisión parlamentaria para este fin lleva más de un mes sin convocarse y alertan de que el posible acuerdo se «dilate en el tiempo mientras se siguen aplicando la LOMCE y los recortes», tal y como ha subrayado el portavoz de la plataforma y presidente de CEAPA, José Luis Pazos, en una rueda de prensa ofrecida en Madrid. La convocatoria del 9 de marzo será la tercera huelga general educativa en la que participan padres, alumnos y profesores desde que el PP gobierna.

Todos los representantes de las nueve organizaciones convocantes (CEAPA, STES, CC.OO, UGT, MRP, CGT, FAEST, Frente de Estudiantes, Sindicato de Estudiantes), han coincidido en destacar que «la lucha en la calle» está siendo el medio más eficaz para defender la enseñanza pública y han advertido de que el pacto «no es un fin en sí mismo» sino que «lo importante es el contenido del mismo», que será sobre el que estas asociaciones debatirán.

Otro de los motivos por los que han convocado este paro en todos los niveles de enseñanza, es el recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional de la decisión del Congreso de los Diputados de parar la LOMCE, una decisión que consideran «inaceptable». Asimismo, han alertado de que los compromisos de déficit de España con Bruselas pueden conllevar un recorte de «mil millones de euros para la Educación». «No aceptamos ni un solo euro de recorte más», ha afirmado Pazos.

Para la secretaria general del Sindicato de Estudiantes, el ministro «no tiene intención de pactar nada» y ha subrayado que se trata de una «estrategia vergonzosa para seguir recortando y mantener la LOMCE».

La representante del sector de Enseñanza de UGT, Maribel Loranca, ha reiterado que el pacto educativo se está negociando «a espaldas del profesorado, por mucho que el ministro diga que es el motor del cambio» y ha apuntado que se niegan a que la participación del profesorado en el acuerdo se reduzca a una intervención de «diez minutos» en la Subcomisión parlamentaria.

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Cuándo entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios del Estado: fecha prevista y a quién afecta

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La jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE) entrará en vigor previsiblemente en marzo de 2026, una vez sea aprobada formalmente en la Mesa General de Negociación. Así lo ha confirmado el sindicato Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), que considera esta medida una “punta de lanza” para extender la reducción de jornada al conjunto de trabajadores.

Fecha prevista de entrada en vigor

Según lo acordado en la Comisión Permanente de Negociación de la AGE, la propuesta será elevada a la Mesa General en las próximas semanas con el objetivo de que la resolución se publique antes de que termine febrero y pueda aplicarse a partir de marzo de 2026.

De este modo, los funcionarios y el personal laboral de la Administración General del Estado no tendrán que esperar demasiado para la aplicación oficial de la jornada de 35 horas semanales.

¿A quién se aplicará la jornada de 35 horas?

La medida afectará a:

  • Todo el personal de la Administración General del Estado (AGE).

  • El sector público estatal.

Quedan excluidos, por el momento:

  • Instituciones Penitenciarias, que requerirán una instrucción específica.

  • Docentes y personal sanitario de Ceuta y Melilla, que también necesitarán una regulación adicional.

UGT defiende la medida tras el rechazo del Congreso

La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha lamentado que el Congreso de los Diputados rechazara hace menos de un año la reducción de la jornada máxima legal a 37,5 horas semanales. Según la dirigente sindical, aquello supuso “perder una oportunidad histórica” para mejorar la salud laboral, la calidad del trabajo y la estabilidad en el empleo.

Araque ha defendido que las 35 horas en la Administración del Estado no deben interpretarse como un agravio comparativo, sino como un paso adelante que podría impulsar cambios en el sector privado y en otras administraciones autonómicas.

Impacto en otras comunidades autónomas

Desde UGT señalan que esta decisión podría influir en comunidades como la Comunidad de Madrid, que había condicionado su aplicación a que el Gobierno central diera primero el paso. La entrada en vigor en la AGE podría, por tanto, acelerar decisiones similares en otros territorios.

Un paso hacia la reducción general de jornada

La aplicación de la jornada de 35 horas semanales en la Administración del Estado se interpreta como un movimiento estratégico que podría abrir la puerta a nuevas negociaciones en el ámbito laboral estatal y privado.

Si se cumplen los plazos previstos, marzo de 2026 marcará el inicio oficial de la nueva jornada laboral para miles de funcionarios en España.

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