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Estos son los países a los que no recomiendan viajar por su peligrosidad

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Países peligrosos no recomendable viajar

Afganistán, Irak, Somalia, Nigeria o Mauritania se cuentan entre los destinos que España desaconseja visitar, siendo solo algunos de los 23 países enlistados en el sitio web del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Aunque no se prohíbe explícitamente viajar a estos lugares, el Gobierno insta fervientemente a evitarlos debido a su peligrosidad y la falta de seguridad que amenaza la integridad de los viajeros.

El riesgo de ser víctima de secuestros, robos, encontrarse en zonas de conflicto o incluso sufrir ataques terroristas es significativamente alto.

Ciertas áreas de India también se catalogan como peligrosas y se sugiere evitarlas. Un ejemplo es una región en el noreste del país donde Vicente y Fernanda sufrieron un asalto mientras viajaban en motocicleta. Al acampar en una población remota, fueron atacados, con resultados devastadores: Fernanda fue víctima de violación por parte de siete hombres y Vicente fue brutalmente golpeado y maniatado.

Otro riesgo al que se enfrentan los viajeros es el potencial arresto.

Santiago emprendió un viaje a pie desde España hasta Qatar para presenciar el Mundial de Fútbol. Sin embargo, durante su travesía, fue detenido en Irán por tomar fotografías cerca de la tumba de un activista iraní. Pasó 15 meses en una prisión del país, acusado falsamente de espionaje, con una condena de muerte pendiendo sobre él. Afortunadamente, fue liberado gracias a la intervención del embajador español.

Muchos de estos incidentes ocurren cuando los viajeros organizan sus expediciones por cuenta propia, sin un entendimiento adecuado de la cultura y las normativas locales.

Las agencias de viajes advierten sobre estos riesgos y desaconsejan visitar este tipo de destinos.

«Lo que aquí podría ser un simple robo de cartera, allí podría resultar en un encuentro con un arma de fuego», advierte Noelia Gonzalo, directora de Viajes Etnia, una agencia especializada en turismo por África.

A pesar de las advertencias del gobierno español, cada vez más personas se aventuran a estos destinos en busca de experiencias emocionantes, poniendo en riesgo sus vidas al visitar países en conflicto o con regímenes restrictivos, como Corea del Norte.

En un caso notable, un turista estadounidense fue detenido durante 15 meses por sustracción de propaganda, y poco después de su liberación falleció debido a graves lesiones cerebrales.

 

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La defensa de Begoña Gómez pide archivar el caso y critica el impacto en la Justicia

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Juez Peinado

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez el archivo definitivo de la causa judicial que investiga su actividad profesional, al considerar que no existen fundamentos jurídicos suficientes. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha afirmado su abogado durante la vista celebrada este miércoles.

El procedimiento está dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha reunido a las partes en un nuevo trámite en los juzgados de Madrid en plena Semana Santa.


La defensa insiste en el archivo del caso

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha reiterado que no existe base para investigar los delitos que se le atribuyen, entre ellos malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Durante su intervención, el letrado ha criticado la falta de imparcialidad en el proceso y ha calificado la situación como una “pesadilla jurídica”. Además, ha defendido que la investigación responde a intereses ajenos a la Justicia.

En la misma línea, la Fiscalía también ha vuelto a posicionarse a favor del archivo de la causa tras casi dos años de investigación.


Solicitud de nuevas pruebas y testigos

De forma preventiva, la defensa ha pedido al juez que, en caso de continuar el proceso, se practiquen nuevas diligencias. Entre ellas, destaca la declaración como testigo de José Manuel Ruano, vinculado a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, se han solicitado informes periciales para analizar:

  • El papel del cónyuge del presidente del Gobierno
  • El funcionamiento de las cátedras extraordinarias
  • El supuesto perjuicio económico a la universidad

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha pedido documentación oficial que acredite sus funciones en La Moncloa.


Las acusaciones piden ampliar la investigación

En el lado opuesto, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado al juez nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

Entre sus peticiones se incluyen:

  • La vida laboral completa de Gómez
  • La actualización del salario de su asesora
  • Información sobre reuniones relacionadas con proyectos tecnológicos vinculados a su actividad

Posible juicio con jurado popular

El juez ha reiterado que, en caso de que el procedimiento continúe hasta juicio, este podría celebrarse ante un jurado popular. Esta decisión ya generó controversia y fue objeto de revisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

En una resolución reciente, Peinado defendió que existen indicios suficientes para continuar la causa, apuntando a un posible aprovechamiento de la posición institucional de Gómez, algo que la defensa rechaza y califica de “meras conjeturas”.


Origen del caso Begoña Gómez

La investigación se inició en abril de 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias y posteriormente se amplió con acciones judiciales impulsadas por Vox y otras entidades.

El caso analiza, por un lado, la relación profesional de Gómez con empresarios y la universidad, y por otro, el uso de recursos públicos en su actividad como esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


Un caso con impacto político y mediático

La causa judicial contra Begoña Gómez sigue generando un fuerte impacto político y mediático en España, con posiciones enfrentadas entre las partes implicadas.

Mientras la defensa insiste en el archivo inmediato, las acusaciones reclaman seguir investigando, manteniendo abierto un proceso que continúa marcando la actualidad judicial y política del país.

 

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