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Piden a Netflix que corrija un error en la serie sobre el Caso Alcàsser que salpica a una eurodiputada

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VALÈNCIA, 18 Jul. – La eurodiputada de Renovar Europa y miembro de la delegación de Cs en Bruselas, Maite Pagazaurtundúa, se ha dirigido por carta tanto a Netflix España como a la productora del documental sobre el caso Alcàsser que emite la plataforma, para pedirles «corregir» un «error» al considerar que implica al Parlamento Europeo en la derogación de la llamada doctrina Parot.

«La doctrina Parot no se volvió a aplicar tras una sentencia de 2012 del Tribunal de Estrasburgo», órgano que no pertenece a las instituciones de la Unión Europea y «nada tiene que ver con el Parlamento Europeo», ha explicado Pagazaurtundúa en un comunicado.

El documental de la plataforma repasa la historia y el tratamiento en los medios de comunicación del caso Alcàsser, que se remonta a noviembre de 1992 cuando tres adolescentes de entre 14 y 15 años de esta localidad valenciana, Míriam, Toñi y Desirée, fueron secuestradas, violadas y asesinadas. Sus cuerpos fueron hallados en enero de 1993 en un paraje conocido como La Romana, en Tous.

Por estos hechos fue condenado a 170 años de cárcel Miguel Ricart, que salió de prisión en 2013 después de pasar 21 años en prisión, tras desactivarse la conocida como doctrina Parot. El otro considerado autor de este suceso, Antonio Anglés, huyó y figura en paradero desconocido desde entonces.

La vicepresidenta de la comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo ha pedido a la plataforma que corrija ese «error» que asegura que está en el último capítulo de la serie ‘El caso Alcàsser’, en el que aparecen una serie de conclusiones en rótulos en pantalla, entre ellas una frase que reza: «En 2013 se derogó la doctrina Parot en el Parlamento Europeo».

Según Pagaza, esta aseveración no se corresponde con la realidad «pues el fin de tal doctrina corresponde al Tribunal de Derechos Humanos en 2012». «Es evidente el gran trabajo de documentación de esta serie, que nos muestra la importancia del tratamiento informativo de los crímenes que se producen en nuestra sociedad, y sus implicaciones sobre las decisiones políticas. Sin embargo, es sorprendente leer este importante error al final del quinto capítulo, cuando el director llega a sus conclusiones sobre el caso», ha añadido.

Pagaza ha considerado que esta serie «acierta en hacernos reflexionar sobre los fake news, la manipulación, y el tratamiento de las víctimas, por lo que es aún más importante que sea realmente rigurosa en la expresión de los hechos».

DECISIÓN «PURAMENTE JUDICIAL»
«No debe hacerse creer al público que una institución como el Parlamento Europeo está implicada en una decisión puramente judicial», ha indicado. «De hecho, la gestión de la sentencia del TDH merece otro documental de Netflix. No era necesario actuar así», ha concluido Pagaza.

La doctrina Parot, que fue establecida por el Tribunal Supremo en 2006 y refrendada luego por el Constitucional, «consistía en la aplicación de los beneficios penitenciarios sobre cada una de las condenas impuestas, y no sobre una sola de 30 años, empezando por la más grave». La filosofía era que los culpables de múltiples delitos de carácter muy grave «pagaran hasta 30 años por cada uno de ellos, y no el límite de 30 años por el total en vigor en ese momento», indica la eurodiputada.

Pagaza añade en el comunicado que la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos «se refería únicamente a la liberación de la presa etarra Inés del Río Prada». Sin embargo, agrega que el fallo «se utilizó para liberar de forma inmediata e inusitada a otros asesinos múltiples (entre ellos 63 etarras), así como 15 presos comunes con delitos de especial gravedad, de los cuales varios volvieron a delinquir». «De hecho, la gestión de la sentencia merece otro documental de Netflix, cuya posibilidad le invito a explorar pues no era necesario actuar como se hizo», señala.

En la misiva, la eurodiputada pide a ambas partes que «por la calidad de la cinta y su trascendencia incluso internacional en una plataforma como Netflix, le ruego subsanen este error, que lleva a dañar el buen nombre del Parlamento Europeo y confundir al espectador sobre un caso especialmente execrable para las víctimas del terrorismo y otros delitos graves».

Fuente: (EUROPA PRESS)

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Plus Ultra: el polémico rescate de 53 millones a una aerolínea de un solo avión vuelve a señalar a Zapatero

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La SEPI aprobó la ayuda para una compañía que apenas representaba el 0,03% del tráfico aéreo español. La UDEF investiga ahora un posible delito de blanqueo de capitales vinculado al uso de los fondos públicos.


La investigación sobre Plus Ultra se reactiva: registro policial y sospechas de blanqueo

El controvertido rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas, aprobado por la SEPI en 2021 por un total de 53 millones de euros, vuelve a estar bajo los focos. A primera hora de este jueves, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registraron la sede de la compañía en Madrid en busca de indicios relacionados con un presunto delito de blanqueo de capitales.

La investigación apunta a que la aerolínea pudo utilizar parte del dinero del rescate para devolver préstamos vinculados a sociedades radicadas en el extranjero, supuestamente relacionadas con una organización criminal dedicada al blanqueo de fondos provenientes de Venezuela, según adelantó ABC.


Una aerolínea con un solo avión y el 0,03% del tráfico aéreo

Cuando la SEPI otorgó la ayuda en marzo de 2021 mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, Plus Ultra solo contaba con una aeronave activa y operaba principalmente rutas entre España y Venezuela. Aun así, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda la clasificó como “empresa estratégica”.

Los datos de actividad previos a la pandemia refuerzan las dudas sobre esa consideración: en 2019, Plus Ultra operó solo 823 vuelos en España, situándose en el puesto 166 del tráfico aéreo. Esto representaba un insignificante 0,03% de las 2,36 millones de operaciones registradas por Aena durante ese año.


Ábalos se desmarca y apunta a Zapatero

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha reiterado que se enteró del rescate en el mismo Consejo de Ministros en el que se aprobó, pese a que correspondía a su ámbito competencial.

En declaraciones a El Confidencial, insistió en que nunca tuvo intervención en la operación y sugirió la posible influencia del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero:

“Me enteré en pleno Consejo de Ministros. Es muy raro que llegue un asunto de Transportes sin informarme previamente. Ahí me di cuenta de que se daba una ayuda a esta compañía.”


Los nombres clave dentro de la SEPI y la sombra de Aldama

En el consejo de la SEPI que autorizó la ayuda participaron la actual ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y Carlos Moreno, director de Gabinete de la ministra de Hacienda, conocido por haber aplazado una deuda tributaria de una sociedad del empresario Víctor Aldama, también implicado en causas judiciales.

La banca española ya había rechazado previamente conceder a Plus Ultra un préstamo avalado por el ICO, por lo que el rescate estatal fue su única vía de financiación.


Un caso archivado… hasta hoy

En 2022, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar si en la concesión del rescate pudieron cometerse delitos de malversación o cohecho, llegando a imputar al expresidente de la SEPI, Bartolomé Lora. Sin embargo, en 2023, la jueza Esperanza Collazos archivó el caso al considerar que se aplicó el decreto de ayudas de manera correcta.

El registro de la UDEF reabre ahora el debate público, reaviva las sospechas sobre la operación y coloca al Gobierno de Pedro Sánchez ante una nueva crisis política vinculada a la polémica aerolínea.

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