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Plataforma de Afectados por la Hipoteca denuncia que la fusión Bankia y CaixaBank «es una nueva estafa a la ciudadanía»

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EFE/Marta Pérez/Archivo

Barcelona, 29 mar (EFE).- La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha denunciado que la fusión de Bankia y CaixaBank supone «la consumación de la pérdida de casi 27.000 millones del rescate bancario», por lo que afirma que es «una nueva estafa a la ciudadanía».

En un comunicado, la PAH ve negativa la fusión por absorción de los dos bancos que se culminó legalmente el pasado viernes con la inscripción de la operación en el Registro Mercantil de Valencia, donde la entidad resultante tiene -y prevé seguir teniendo- su sede social.

La nueva CaixaBank es desde ahora el primer banco de España, con cerca de 20 millones de clientes, más de 623.000 millones de euros en activos, unos 50.000 empleados y una red de 6.700 sucursales.

La PAH considera que la ministra de Economía, Nadia Calviño, «ha desperdiciado la oportunidad de una banca pública para la reconstrucción de un parque social de vivienda».

Exige recuperar el rescate público de Bankia, que se paralicen todos los desahucios a familias vulnerables a través de la firma de alquileres sociales y que se amplíe el Fondo Social de Viviendas en al menos 15.000 viviendas.

Para ello, la PAH propone que algunas las aporte CaixaBank, que participa «en vehículos inmobiliarios como Coral Homes o Gramina Homes. En lugar de transferirse estas viviendas a fondos buitres como Lone Star, Cerberus, Kruk o Tilden Park, como ha hecho Bankia con más de 7.500 viviendas, deuda social que absorbe CaixaBank».

También pide al nuevo banco que renueve todos los alquileres sociales de viviendas que provengan de ejecuciones de Bankia y CaixaBank y que aplique el código de buenas prácticas a todos los hipotecados afectados por la crisis redoblada por el COVID, pues considera a los bancos responsables de la situación del derecho a la vivienda en España.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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