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Plataforma de Afectados por la Hipoteca denuncia que la fusión Bankia y CaixaBank «es una nueva estafa a la ciudadanía»

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EFE/Marta Pérez/Archivo

Barcelona, 29 mar (EFE).- La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha denunciado que la fusión de Bankia y CaixaBank supone «la consumación de la pérdida de casi 27.000 millones del rescate bancario», por lo que afirma que es «una nueva estafa a la ciudadanía».

En un comunicado, la PAH ve negativa la fusión por absorción de los dos bancos que se culminó legalmente el pasado viernes con la inscripción de la operación en el Registro Mercantil de Valencia, donde la entidad resultante tiene -y prevé seguir teniendo- su sede social.

La nueva CaixaBank es desde ahora el primer banco de España, con cerca de 20 millones de clientes, más de 623.000 millones de euros en activos, unos 50.000 empleados y una red de 6.700 sucursales.

La PAH considera que la ministra de Economía, Nadia Calviño, «ha desperdiciado la oportunidad de una banca pública para la reconstrucción de un parque social de vivienda».

Exige recuperar el rescate público de Bankia, que se paralicen todos los desahucios a familias vulnerables a través de la firma de alquileres sociales y que se amplíe el Fondo Social de Viviendas en al menos 15.000 viviendas.

Para ello, la PAH propone que algunas las aporte CaixaBank, que participa «en vehículos inmobiliarios como Coral Homes o Gramina Homes. En lugar de transferirse estas viviendas a fondos buitres como Lone Star, Cerberus, Kruk o Tilden Park, como ha hecho Bankia con más de 7.500 viviendas, deuda social que absorbe CaixaBank».

También pide al nuevo banco que renueve todos los alquileres sociales de viviendas que provengan de ejecuciones de Bankia y CaixaBank y que aplique el código de buenas prácticas a todos los hipotecados afectados por la crisis redoblada por el COVID, pues considera a los bancos responsables de la situación del derecho a la vivienda en España.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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