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Plitidepsina: Un antiviral español reduce casi al 100 por cien la carga viral de SARS-Cov-2

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PharmaMar. EFE/Kiko Huesca/Archivo

Madrid, 26 ene (EFE).- Un fármaco antiviral (la plitidepsina) producido por la empresa española Pharmamar y probado en laboratorios experimentales de Francia y Estados Unidos ha demostrado una disminución del 99 por ciento de las cargas virales de SARS-CoV-2.

Los experimentos «in vitro e «in vivo» que se han realizado ya en modelos animales con este fármaco, utilizado como antitumoral, han demostrado una eficacia antiviral y un perfil de toxicidad prometedores, ha informado hoy la empresa española tras la publicación de los resultados en la revista Science.

Los autores han concluido que la «plitidepsina» es «con diferencia» el compuesto más potente descubierto hasta ahora y han planteado por ello que debería probarse en ensayos clínicos ampliados para el tratamiento de la covid-19.

El trabajo ha sido fruto de la colaboración entre la española PharmaMar y los laboratorios de los investigadores Kris White, Adolfo García-Sastre y Thomas Zwaka, en los Departamentos de Microbiología y de Biología Celular, Regenerativa y del Desarrollo, en la Icahn School of Medicine del Monte Sinai (Nueva York); de los científicos Kevan Shokat y Nevan Krogan, en el Instituto de Biociencias Cuantitativas de la Universidad de California San Francisco, y de Marco Vignuzzi, en el Instituto Pasteur de París.

Los autores han determinado que “la actividad antiviral de la plitidepsina contra el SARS-CoV-2 se produce mediante la inhibición de una conocida diana (la eEF1A)” y han asegurado que este fármaco ha demostrado «in vitro» una fuerte potencia antiviral, en comparación con otros antivirales contra el SARS-CoV-2, y además con una toxicidad limitada.

En dos modelos animales diferentes de infección por el coronavirus SARS-CoV-2 el ensayo demostró la reducción de la replicación viral, y se comprobó una disminución del 99 por ciento de las cargas virales en el pulmón de los animales tratados con plitidepsina.

Los investigadores han observado en la publicación de Science que aunque la toxicidad es una preocupación en cualquier antiviral dirigido a una proteína de la célula humana, el perfil de seguridad de la plitidepsina está bien establecido en humanos y que las dosis bien toleradas de este medicamento que se han utilizado en el ensayo clínico contra la covid-19 son incluso más bajas que las utilizadas en estos experimentos.

La publicación concluye que plitidepsina actúa bloqueando la citada proteína (a eEF1A), que está presente en las células humanas, y que es utilizada por el SARS-CoV-2 para reproducirse e infectar a otras células.

Este mecanismo culmina en una eficacia antiviral también «in vivo». “Creemos que nuestros datos y los resultados positivos iniciales del ensayo clínico de PharmaMar sugieren que plitidepsina debería considerarse seriamente para ampliar los ensayos clínicos para el tratamiento de Covid-19″, han observado los investigadores.

La empresa recuerda, en la misma nota difundida hoy, que ante la continua propagación mundial de la enfermedad y la creciente desesperación por encontrar un tratamiento, el director del Instituto de Biociencias Cuantitativas (QBI) de la Universidad de California en San Francisco, Nevan Krogan, sumó fuerzas con investigadores de la Universidad de California, el Instituto Gladstone, la Escuela de Medicina Icahn del Monte Sinaí, el Instituto Pasteur y el Instituto Médico Howard Hughes, para la búsqueda de un tratamiento.

Este grupo de investigadores fue el primero en trazar un mapa exhaustivo del genoma de la covid-19 y en descubrir que el virus interactúa con 332 proteínas de las células humanas, ha subrayado la empresa española.

Actualmente, la biofarmacéutica española PharmaMar está ya negociando con diferentes organismos reguladores el inicio de los ensayos de fase III previstos.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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