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Las 24 poblaciones valencianas que no tienen niños de 0 a 4 años

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VALÈNCIA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) –

El 19,85% de la población de la Comunitat Valenciana tiene menos de 20 años y el 19,07% tiene más de 65 años, porcentajes similares a los del conjunto del país. Sin embargo, en 24 localidades no hay censados niños de 0 a 4 años y hay una localidad, Tollos (Alicante), en la que ese ‘vacío generacional’ se amplía, al no haber censado ningún vecino de menos de 20 años. En ella casi el 65% de los habitantes ha superado los 65.

Así se desprende del informe ‘La población en España: evolución en el siglo XXI, situación actual y perspectivas de futuro’ elaborado por la Consultora Estratégica de Comunicación Stratego, que analiza la evolución de la población en cada uno de los municipios españoles entre 2000 y 2018 (últimos datos disponibles) y las edades de los habitantes de esos municipios en base a los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística.

Este estudio indica que en el caso de la Comunitat Valenciana la población ha aumentado un 20,46% entre los años 2000 y 2018, cinco puntos por encima de la media nacional, con casi 843.000 habitantes más que a principios de siglo. Aunque crecen todas las provincias, lo hace especialmente Alicante (+37,24%), muy por encima de Castellón (+21,61%) y Valencia (+15,75%).

Poblaciones valencianas que no tienen niños

A pesar de estos datos globales, 201 municipios valencianos (el 37% del total) han visto cómo su padrón descendía, aunque solo en 37 casos esa pérdida de población supera el 25%, mientras que en otras 71 localidades el incremento del número de habitantes está por encima del 50%.

Las mayores pérdidas de población se han registrado en Villamalur (-55,32%), Herbés (-52,43%) y Vallanca (-46,38%). En el año 2000 el municipio más pequeño era Palanques, con 21 vecinos, mientras que en 2018 es Castell de Cabres, con 19. El número de núcleos por debajo del centenar de habitantes ha pasado en los primeros 18 años de este siglo de 22 a 24.

Por el contrario, los padrones han aumentado de manera espectacular en lugares como Llaurí (+924,58%), Guardamar de la Safor (+622,06%) y Daya Vieja (260,53%).

DATOS NACIONALES

En cuanto al conjunto del país, el estudio señala que uno de cada tres municipios españoles ha perdido más del 25% de su población desde el comienzo del siglo XXI, a pesar de que España ha aumentado su población un 15,37% desde el año 2000.

Además, actualmente existen 311 localidades en las que no vive ningún joven de menos de 20 años y otras 402 donde más de la mitad de los vecinos supera los 65. Desde el año 2000, a pesar del crecimiento de la población española, el 62,86% de los municipios españoles han perdido habitantes, un total 5.111.

En comunidades como Asturias, la pérdida de población afecta a casi el 90% de las localidades. También en Castilla y León, donde el 87,19% de sus municipios tiene menos vecinos ahora que en el año 2000, o Extremadura, donde la despoblación afecta al 84,27% de sus ayuntamientos.

Desde el comienzo del siglo XXI, 2.288 municipios españoles ha perdido más del 25% de su población, la mayoría en Castilla y León (1.245 municipios), Castilla-La Mancha (363), Aragón (217), País Vasco (110) y Extremadura (88).

Por contra, hay 715 localidades donde durante el mismo tiempo su padrón de habitantes ha crecido un 50%, y se concentran en Cataluña (177) y Comunidad de Madrid (111).

Según el informe elaborado por Stratego, durante el siglo XXI se han multiplicado los pueblos con menos de 100 habitantes, pasando de 913 en el año 2000 a los 1.333 que se contaban en 2018, lo que supone un incremento del 46%.

Sin embargo, hay excepciones, como País Vasco, que ha pasado de cuatro ayuntamientos con menos de 100 vecinos a no tener ninguno por debajo de esa población. En Aragón, por contra, la cifra casi se ha duplicado, de 138 a 209.

Los datos del INE revelan que el año pasado había 14 localidades con menos de 10 vecinos en España, y se concentran en tres comunidades autónomas: siete se encuentran en Castilla y León, cinco en Castilla-La Mancha y las dos restantes en La Rioja.

Los dos municipios con menos personas empadronadas en 2018 fueron Illán de Vacas, en la provincia de Toledo, y Villaroya, en La Rioja, ambos con apenas cinco habitantes. Uno más tenía Estepa de San Juan, en la provincia de Soria.

En España hay 1.108 municipios en los que no vive un solo niño de entre 0 y 4 años, y de ellos 826 tienen menos de 100 habitantes. En 311 localidades el caso es aún más grave, como advierte el informe de Stratego: ningún vecino tiene menos de 20 años.

La mayor parte de estos pueblos se reparten en Castilla y León (tiene 168 localidades sin ningún joven de 0 a 19 años), Castilla-La Mancha (69) y Aragón (47). También hay casos en La Rioja (19), Navarra (4), Cataluña (2), Madrid (1) y Comunitat Valenciana (1).

En total, la población con menos de 20 años representa el 19,67% del padrón nacional, aunque la cifra oscila dependiendo de las comunidades, entre el 14,65% de Asturias y el 23,02% de Murcia.

Por otra parte, en España existen 402 pueblos donde la población con más de 65 años ya está por encima del 50%. De estos pueblos, 261 están en Castilla y León, 72 en Castilla-La Mancha, 37 en Aragón, 11 en La Rioja, 10 en Galicia, 5 en Navarra, 4 en Extremadura, 1 en Comunidad Valenciana y 1 en Cataluña. Entre estos hay algunos casos realmente extremos: en Arandilla del Arroyo (Castilla-La Mancha) nueve de sus diez vecinos superan los 65 años; en Cobos de Fuentidueña (Castilla y León) son 29 de sus 35 habitantes, y en Abaurregaina (Navarra) 14 de los 17.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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