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Portugal legaliza los vientres de alquiler

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Este martes entra en vigor la ley que legaliza el acceso a los vientres de alquiler para las mujeres estériles en Portugal después de que el decreto que regula su aplicación fuese publicado este lunes en el Diario de la República.

Una Nueva Era en la Legislación Portuguesa

Portugal ha dado un paso significativo en el reconocimiento de los derechos reproductivos al legalizar los vientres de alquiler, también conocidos como gestación subrogada. Esta medida, aprobada recientemente por el parlamento portugués, marca un hito histórico en la legislación del país, alineándolo con otras naciones europeas que ya permiten esta práctica bajo regulaciones estrictas.

La Ley de Gestación Subrogada

La nueva ley establece un marco legal claro y preciso para la gestación subrogada en Portugal, definiendo las condiciones y los derechos tanto de las madres subrogadas como de los padres intencionales. Solo podrán acceder a este procedimiento las parejas heterosexuales y homosexuales que demuestren la imposibilidad médica de concebir o llevar un embarazo a término.

La legislación también enfatiza que la gestación subrogada debe ser altruista, prohibiendo cualquier forma de compensación económica más allá de los gastos directamente relacionados con el embarazo y el parto. Esto busca evitar la comercialización del cuerpo femenino y garantizar que la práctica sea ética y respetuosa con los derechos de todas las partes involucradas.

Requisitos y Procedimientos

Para asegurar la transparencia y el bienestar de las partes involucradas, la ley impone varios requisitos y procedimientos estrictos:

  • Evaluación Médica y Psicológica: Tanto los futuros padres como la madre subrogada deben someterse a evaluaciones médicas y psicológicas para asegurar que están en condiciones de participar en el proceso.
  • Contrato Legal: Un contrato detallado debe ser firmado por todas las partes antes de iniciar el proceso, especificando los derechos y responsabilidades de cada uno.
  • Aprobación Judicial: Todos los casos de gestación subrogada deben ser aprobados por un tribunal, que evaluará la legalidad y el cumplimiento de los requisitos establecidos.

Reacciones y Controversias

La legalización de los vientres de alquiler en Portugal ha generado reacciones mixtas entre la población y los diferentes sectores de la sociedad. Mientras que muchos celebran esta medida como un avance en los derechos reproductivos y una oportunidad para aquellas parejas que no pueden tener hijos de manera natural, otros expresan preocupaciones éticas y morales.

Las organizaciones pro derechos humanos han aplaudido la ley, argumentando que proporciona una opción más para formar una familia, respetando la dignidad y los derechos de las mujeres. Sin embargo, algunos grupos conservadores y religiosos critican la medida, temiendo que pueda abrir la puerta a abusos y explotación de las mujeres, especialmente aquellas en situaciones económicas vulnerables.

Impacto en la Sociedad Portuguesa

La implementación de esta ley no solo afecta a las parejas que buscan formar una familia, sino que también tiene implicaciones más amplias para la sociedad portuguesa. Se espera que la regulación adecuada y el monitoreo continuo eviten los problemas observados en otros países y aseguren que la práctica sea segura y ética.

Este avance legislativo también puede influir en otros países de la región, impulsando debates y posibles reformas en torno a los derechos reproductivos y la gestación subrogada.

Conclusión

La legalización de los vientres de alquiler en Portugal representa un cambio significativo en la legislación del país, ofreciendo nuevas oportunidades a las parejas que desean formar una familia. Aunque la medida ha sido recibida con reacciones mixtas, su implementación cuidadosa y ética puede establecer un modelo positivo para otras naciones.

Con esta ley, Portugal se une a un creciente número de países que reconocen y regulan la gestación subrogada, subrayando la importancia de proteger los derechos y la dignidad de todas las partes involucradas.

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El Congreso tumba los dos decretos de vivienda del Gobierno tras el rechazo de PP, Vox y Junts

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ley del alquiler
Vivienda en alquiler ARCHIVO OFFICIAL PRESS

El Congreso de los Diputados ha rechazado los dos reales decretos-ley de vivienda sometidos a convalidación en el pleno extraordinario celebrado este viernes. Al no obtener la mayoría necesaria, las normas no han sido convalidadas por la Cámara.

El efecto jurídico concreto sobre cada medida depende del contenido de los decretos y de su eventual tramitación parlamentaria. En términos generales, cuando un real decreto-ley no es convalidado, deja de producir efectos conforme a lo previsto en la Constitución y en la normativa aplicable, sin perjuicio de las situaciones jurídicas generadas durante el periodo en el que estuvo vigente.

El Congreso no convalida los dos decretos de vivienda

El primer decreto ha sido rechazado por 178 votos frente a 172. En la segunda votación, el resultado ha sido de 184 votos en contra y 166 a favor.

PP, Vox, Junts y UPN han votado en contra de los dos textos. En el segundo decreto también se han opuesto otras formaciones, entre ellas el PNV y Coalición Canaria, según el resultado de la votación comunicado tras el pleno.

La falta de convalidación impide que ambos reales decretos-ley continúen aplicándose como normas de urgencia en los términos en los que fueron aprobados. No obstante, la consecuencia sobre contratos, procedimientos judiciales o situaciones iniciadas durante su vigencia debe determinarse conforme a las disposiciones transitorias, al contenido de cada decreto y a la interpretación de los órganos competentes.

Junts mantiene su rechazo a los decretos

El voto de Junts ha contribuido a que el Gobierno no alcanzara la mayoría necesaria para convalidar los textos. La formación catalana había reclamado la retirada de los decretos y la elaboración de una nueva propuesta que permitiera negociar las medidas de vivienda.

Junts ha cuestionado parte del contenido de las normas y ha defendido la necesidad de introducir modificaciones antes de plantear una nueva votación parlamentaria.

El Gobierno decidió mantener el debate y someter ambos reales decretos-ley a la consideración del pleno para su convalidación.

¿Qué medidas dejan de estar vigentes?

La no convalidación afecta a las medidas incorporadas específicamente en los dos reales decretos-ley, entre ellas las disposiciones sobre protección de determinados hogares vulnerables frente a procedimientos de desahucio y las previsiones relativas a la duración o prórroga extraordinaria de algunos contratos de alquiler.

También quedan afectadas las restantes modificaciones normativas incluidas en esos textos sobre vivienda y arrendamientos. Sin embargo, no desaparece toda la regulación estatal sobre estas materias: continúan vigentes las normas anteriores que no hayan sido modificadas o sustituidas por los decretos rechazados.

La aplicación práctica de la pérdida de vigencia puede variar según la medida concreta, la fecha en la que se inició cada procedimiento y las reglas transitorias previstas. Por ello, el rechazo parlamentario no permite afirmar automáticamente que todos los contratos o procedimientos afectados vuelvan a la situación anterior en idénticos términos.

El Gobierno deberá valorar nuevas iniciativas

El rechazo de los decretos obliga al Ejecutivo a valorar si presenta nuevas iniciativas legislativas y qué cambios introduce para intentar obtener una mayoría suficiente en el Congreso. Cualquier nueva medida deberá seguir el procedimiento parlamentario correspondiente y no tendrá efectos hasta su aprobación y entrada en vigor.

La vivienda continúa en el centro del debate político por la evolución de los precios del alquiler, la disponibilidad de viviendas y las dificultades de acceso para determinados colectivos.

La votación deja pendiente la negociación entre el Gobierno y los grupos parlamentarios sobre la protección de los hogares vulnerables, la regulación de los arrendamientos y el resto de medidas incluidas en los decretos que no han sido convalidados.

El Gobierno abre la puerta a un adelanto electoral si decaen los decretos de vivienda

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