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El Gobierno impulsa una prestación universal por crianza para todas las familias con hijos antes de 2030

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El Gobierno ha dado un nuevo paso en su agenda social con la aprobación, este martes en el Consejo de Ministros, de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, un plan que incluye 100 metas concretas y entre las que destaca la creación de una prestación universal por crianza dirigida al 100% de las familias con hijos.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, busca reforzar el Estado del Bienestar y combatir de forma estructural la pobreza infantil y la desigualdad económica en España.

Una ayuda con impacto “inmediato y extraordinario”

Desde el Gobierno subrayan que la futura prestación por crianza tendría un efecto “inmediato y extraordinario” sobre la situación económica de miles de hogares. El objetivo es incrementar la renta de las familias con menos ingresos y garantizar un mínimo de protección económica durante la crianza de los hijos.

El Ministerio destaca que esta medida se incorpora por primera vez a una estrategia estatal como un derecho universal, con la meta de erradicar las formas más graves de pobreza infantil antes de 2030.

200 euros al mes por hijo para reducir la pobreza infantil

La propuesta se apoya en un estudio de UNICEF, presentado en noviembre de 2025, que analiza el impacto de una prestación universal por crianza de 200 euros mensuales por hijo. Según este informe, la aplicación de esta ayuda permitiría reducir la pobreza infantil en España en 7,1 puntos porcentuales.

En términos absolutos, la medida podría sacar de la pobreza a más de 530.000 niños y niñas, convirtiéndose en una de las políticas sociales con mayor impacto redistributivo de las últimas décadas.

Objetivo: llegar a todas las familias con hijos

La Estrategia de Desarrollo Sostenible fija como meta que la prestación alcance al 100% de las familias con hijos menores a cargo, independientemente de su nivel de renta, aunque su diseño final y calendario de implantación aún deberán concretarse.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo refuerza su apuesta por políticas de apoyo a la infancia y se alinea con las recomendaciones de organismos internacionales para reducir la desigualdad desde los primeros años de vida.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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