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Sucesos

Detenidos 6 prestamistas por cortar el pelo, expulsar de su casa y amenazar a una deudora

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Alicante, 3 may (EFE).- Seis supuestos miembros de varios clanes familiares dedicados al préstamo de pequeñas cantidades de dinero a un interés abusivo a sus vecinos han sido detenidos en Alicante acusados de amenazar, extorsión y agredir a una mujer por haber contraído una deuda de la que sabían que no podía pagar y a la que llegaron a cortar el pelo y expulsar de su casa con la intención de quedarse con ella.

Según han informado este viernes fuentes de la Policía Nacional, uno de los arrestados habría amenazado a la víctima con «pegarle un tiro» si no abonada la deuda desorbitada. Además, la conminaron a empadronar a los hijos de los autores para apropiarse de su vivienda.

La investigación se inició a raíz de la denuncia de esta mujer, con escasos recursos económicos, que se había visto obligada a pedir un préstamo particular de 20 euros a sus vecinos, quienes poco tiempo después le demandaban 1.200 euros debido a «intereses de demora».

Posteriormente, la víctima se vio forzada por las circunstancias a solicitar un nuevo préstamo de 100 euros a otra de estas personas. Tres meses después, al no resarcir la deuda, le reclamaron 15.000 euros por recargos en el atraso del pago.

La mujer, al no poder abonar esas cantidades, empezó a sufrir una serie de agresiones y amenazas de muerte con arma blanca por parte de los prestamistas, que llegaron a cortarle el pelo, amedrentarla con “pegarle un tiro” si no pagaba y causarle diversos hematomas.

En otra ocasión, la perjudicada llamó a emergencias y se personó una patrulla de Seguridad Ciudadana, que detuvo, primero, a tres personas que supuestamente la estaban nuevamente amenazando de muerte y, posteriormente, a otras tres.

Los sospechosos, ante un retraso en el abono de la deuda, incrementaban de un modo exponencial el importe a pagar, iniciando desde ese momento fuertes amenazas, que terminaban incluso con agresiones físicas hacia sus deudores con la intención de recibir pagos desproporcionados en relación a los préstamos iniciales. Los detenidos son cuatro hombres y dos mujeres, todos de nacionalidad española, de entre 46 y 19 años.

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Sucesos

Condenado a dos años de prisión un sacristán de Bétera por agresión sexual a una mujer con discapacidad

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El Arzobispado de Valencia, responsable civil subsidiario si no se paga la indemnización de 7.000 euros

València, 11 de septiembre de 2025 (EUROPA PRESS)
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a dos años de prisión por un delito de agresión sexual al sacristán de una iglesia de Bétera (Valencia), tras haber tocado las partes íntimas de una feligresa con un 66 % de discapacidad intelectual.

Hechos probados: tocamiento a una mujer con discapacidad dentro de la iglesia

Según la sentencia, los hechos ocurrieron el 24 de marzo de 2023, cuando el sacristán, aprovechando su posición en la parroquia, invitó a la víctima a un cuarto cercano a la sacristía con la excusa de mostrarle el funcionamiento de una campanilla. Una vez dentro, y siendo consciente de su discapacidad, le realizó tocamientos por encima de la ropa en sus partes íntimas.

La víctima quedó «bloqueada» sin poder reaccionar, hasta que logró reprocharle al agresor que lo que había hecho era «pecado», según recoge la resolución judicial.

Consecuencias penales y civiles: prisión, alejamiento e indemnización

El tribunal ha impuesto al condenado:

  • Dos años de prisión por agresión sexual.

  • Prohibición de acercarse a menos de 300 metros de la víctima o comunicarse con ella durante tres años.

  • Indemnización de 7.000 euros a la víctima por daños morales.

En caso de impago de la indemnización, el Arzobispado de Valencia ha sido declarado responsable civil subsidiario, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

La sentencia es firme y fruto de un acuerdo de conformidad

La resolución judicial, que ya es firme, es resultado de una conformidad entre las partes. Además, el tribunal ha acordado suspender la ejecución de la pena de prisión siempre que el condenado no vuelva a delinquir en un plazo de tres años.

 

 

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