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Prisión por drogas el camionero que chocó y causó la muerte del político de PP

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Muere el exconcejal del PP de Elche Sergio Rodríguez tras chocar su coche con un camión
Imagen de Sergio Rodríguez compartida en redes por sus compañeros del PP para expresar sus condolencias.

Alicante, 5 ago (EFE).- El juez de guardia ha enviado a prisión por conducir bajo la influencia de las drogas al camionero de 45 años que colisionó frontalmente el pasado lunes contra un coche en Elche y que causó la muerte del conductor de éste último, el exconcejal ilicitano del PP y actual secretario de Organización de ese partido en la ciudad, Sergio Rodríguez, de 33 años.

Según ha informado hoy la Guardia Civil, el camionero ha dado positivo en drogas y se enfrenta a un delito de homicidio imprudente y otro contra la seguridad vial por conducir bajo la influencia de las sustancias estupefacientes, además de a la retirada del permiso de conducir y al ingreso en prisión provisional.

El siniestro ocurrió el pasado lunes a las 18:05 horas a la altura del kilómetro 1,4 de la carretera CV-854, en el término de Elche, y el equipo de atestados del Subsector de Tráfico de Alicante llegó a la conclusión de que el camionero había invadido el carril contrario cuando, de frente, circulaba un turismo.

La intensidad del impacto causó la muerte del conductor del coche, el político ilicitano del PP Sergio Rodríguez, y también que el camión derribara parte de un muro próximo a la carretera.

El conductor del camión arrojó resultado positivo en el consumo de sustancias estupefacientes justo en el momento en el que se excarcelaba el cuerpo sin vida del otro conductor, por lo que in situ, los agentes procedieron a su detención, aunque los servicios sanitarios le trasladaron bajo custodia policial al Hospital General Universitario de Elche para ser curado de las heridas hasta que recibió el alta ayer, miércoles.

El informe del contraanálisis realizado por el Instituto de Toxicología ha confirmado que, previo al siniestro, el detenido había consumido droga.

La muerte de Sergio Rodríguez causó una honda consternación en Elche, donde su alcalde, el socialista Carlos González, emitió un comunicado para expresar las condolencias del equipo de gobierno y trasladar a la viuda su apoyo «en estos momentos tan difíciles» en los que «no hay palabras para acompañar la pérdida».

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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