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Programa electoral del PP para la Comunitat Valenciana

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Programa electoral PP Comunitat Valenciana
El presidente del PPCV, Carlos Mazón, en una imagen corporativa.
València, 28 abr (OFFICIAL PRESS- EFE).-  El programa electoral del PP para la Comunitat Valenciana contiene más de 2.000 medidas sociales y económicas ante las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo.

Programa electoral del PP para la Comunitat Valenciana

El candidato del PPCV a la Presidencia de la Generalitat, Carlos Mazón se ha comprometido a poner en marcha de manera inmediata cien medidas para bajar, eliminar impuestos y reivindicar «de verdad y de manera seria» el agua y la financiación que necesita la Comunitat.

Reducción de consellerias

El PPCV reducirá los cargos de libre designación y asesores al 50 %, con un máximo de diez consellerias, y hará más eficiente el sector público empresarial y fundacional.

Eliminar burocracia simplificando la administración, a través del Plan Simplifica, con la finalidad de generar un clima atractivo para los ciudadanos y las empresas.

El candidato popular ha presentado en la barraca Toni Montoliu de Meliana (Valencia) las líneas estratégicas del programa de gobierno del Partido Popular de la Comunitat Valenciana junto a representantes de la sociedad civil y empresarial.

Es, ha dicho, «un proyecto para todos que baja los impuestos, activa la economía y pone el foco en las políticas sociales, y es real porque tiene medidas ejecutables».

Identidad y señas de la Comunitat Valenciana

Para redactar el programa se ha escuchado a la sociedad civil y se ha hecho un proyecto de gobierno dividido en cuatro bloques: competitividad, cohesión, compromiso y defensa de la Comunitat Valenciana.

Entre las medidas está una ley sobre reconocimiento, defensa, promoción de la autonomía, identidad y señas de la Comunitat Valenciana, para «reponer, ampliar, dar solidez y vigorizar» la Ley de Señas de Identidad derogada por el PSPV, Ciudadanos, Compromís y Podemos», ha asegurado.

Ha afirmado que hay que poner en marcha las infraestructuras viarias y de movilidad necesarias para la vertebración del territorio.

Sanidad

En política social, se garantizará por ley el tiempo máximo en la lista de espera para pruebas diagnósticas y quirúrgicas, se blindará el presupuesto de sanidad con un mínimo del 30 % sobre el global, y se hará una gestión «adecuada» para que mayores y dependientes cuenten con los servicios, plazas residenciales y centros de día suficientes, con el incremento de centros de día.

También se contempla un plan de choque para eliminar la lista de espera en dependencia, tanto las prestaciones económicas vinculadas al servicio como los servicios de Teleasistencia y Ayuda a Domicilio, y acortar los plazos de valoración de la dependencia.

Educación

En materia de educación, el presidente del PPCV ha asegurado que la educación de 0 a 3 años será gratuita para todas las familias, recuperará la asignatura de música en la ESO y garantizará la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos.

Violencia de género

Recuperará los juzgados de Violencia de Género sobre la mujer eliminados y pondrás en marcha la cuota cero a través de una línea de subvención para las mujeres autónomas que se reincorporen a su actividad laboral tras la maternidad garantizando que esta ayuda llegue hasta los 24 meses posteriores, según informa el PP.

La Comunitat Valenciana tendrá el primer plan integral para la protección animal con medidas que garanticen la asistencia y una tarifa plana voluntaria de salud animal.

10.000 viviendas

Construirá 10.000 nuevas viviendas, activará ayudas dirigidas a los jóvenes menores de 35 años y rebajará el impuesto de la vivienda.

Programa electoral: Bajada de impuestos

Carlos Mazón ha recordado que la reforma fiscal del PPCV es el plan de bajada de impuestos más ambicioso por el que el 80 % de los contribuyentes tendrá «los impuestos más bajos de toda España con una ahorro de más de 1.750 millones de euros».

A esas rebajas se unirán desgravaciones fiscales para colectivos como los deportistas, las personas mayores, los gastos generados por sufrir patologías asimiladas a problemas de la salud mental, daño cerebral, alzhéimer y enfermedades crónicas o raras.

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Así es la nueva Ley para Influencers: todo lo que cambia y a quién afecta

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Ley para Influencers
Marta Lozano-INSTAGRAM

Este martes, el Consejo de Ministros aprobó un nuevo real decreto que establece las pautas para la regulación de los ‘influencers’, definiendo criterios específicos para considerar a una persona como tal. Uno de los requisitos fundamentales es la necesidad de facturar al menos 300.000 euros anuales con su actividad audiovisual.

El decreto define a los «usuarios de especial relevancia» (‘influencers’) basándose en tres criterios clave. Además del aspecto económico, se considera relevante la audiencia, con un requisito de al menos un millón de seguidores en una única plataforma de intercambio de vídeos o dos millones en su actividad global. También se establece un requisito de actividad, que incluye la publicación o compartición de al menos 24 vídeos al año.

Ley para Influencers

Los ‘influencers’ que cumplan con estos criterios deberán inscribirse en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales como usuarios de especial relevancia en un plazo de dos meses a partir de la entrada en vigor del decreto.

Una vez inscritos, estarán sujetos a cumplir con las normativas de protección de menores y de publicidad en el ámbito audiovisual. Esto incluye la identificación de espacios publicitarios y la prohibición de publicitar tabaco, medicamentos o alcohol. En resumen, sus obligaciones se equipararán a las de otros agentes audiovisuales.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, destacó la importancia de homologar a estos creadores de contenido con otros actores del ámbito audiovisual, especialmente en lo relacionado con la protección de menores y la transparencia en la publicidad.

Se establece también la obligación de identificar claramente la publicidad y etiquetar el contenido según las edades a las que va dirigido. Los ‘influencers’ deberán acordar un código de conducta al respecto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

En cuanto a la publicidad, se prohíbe la promoción de tabaco, alcohol o medicamentos, así como cualquier contenido que pueda causar perjuicio psicológico o físico a menores.

Esta regulación busca garantizar una mayor protección a los consumidores y ofrecer seguridad jurídica a los ‘influencers’, que han adquirido una relevancia económica notable en las plataformas de intercambio de vídeos donde difunden sus contenidos.

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