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PSOE y Junts promoverán un plan para que regresen a Cataluña las empresas que se mudaron

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PSOE y Junts promoverán un plan para que regresen a Cataluña las empresas que se mudaron

Madrid/Barcelona, 9 nov (OFFICIAL PRESS- EFE).- El acuerdo firmado entre PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez prevé abordar la elaboración de un plan que facilite y promueva el regreso a Cataluña de las sedes sociales de las empresas que se mudaron a otros territorios en los últimos años, fundamentalmente a raíz del referéndum independentista de octubre de 2017.Así lo recoge el texto de ese acuerdo que han suscrito en Bruselas el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y el secretario general de Junts, Jordi Turull.

Textualmente, el acuerdo sellado entre ambos partidos asegura que «se abordarán los elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el regreso a Catalunya de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años».

Las empresas que se fueron de Cataluña

Miles de empresas decidieron trasladar fuera de Cataluña sus sedes sociales a raíz de la crisis política e institucional que se desencadenó en Cataluña en octubre de 2017, entre las que se encontraban algunas tan simbólicas como CaixaBank, Banco Sabadell o Naturgy.

CaixaBank trasladó su sede a Valencia; Banco Sabadell, a Alicante, y Naturgy, a Madrid.

Abertis, Cellnex, Colonial, SegurCaixa, Applus+, Catalana Occidente, eDreams, Banco Mediolanum, la cooperativa Arquia Banca o Cementos Molins fueron otras de las empresas que decidieron mover su sede social fuera de Cataluña en aquellos momentos.

La crisis política también llevó a otras grandes compañías familiares catalanas a trasladar su domicilio social a otras comunidades, entre ellas Codorniu, Idilia Foods, Hotusa, Indukern o un gigante del sector editorial como Planeta, y el movimiento también se extendió a empresas extranjeras como Zurich, Allianz o Bimbo.

Fuentes de las grandes empresas catalanas del Ibex han declinado hacer comentarios sobre esta mención al retorno de las sedes sociales incluida en el pacto entre PSOE y Junts.

No obstante, otras fuentes empresariales han asegurado a Efe que no está sobre la mesa actualmente un hipotético retorno de esas sedes a Cataluña y han añadido que nada ha cambiado en los últimos tiempos.

Algunas de estas empresas reiteran periódicamente, cuando se les pregunta sobre esta cuestión en un acto público o en la presentación trimestral de sus resultados, que el cambio de sede que llevaron a cabo tiene carácter permanente.

Precisamente hoy, la patronal Foment del Treball ha valorado de manera favorable en un comunicado «cualquier acuerdo que promueva facilitar el retorno de las empresas a Cataluña», en referencia a ese pacto entre el PSOE y Junts.

En esta línea, la patronal ha recordado que el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha insistido en muchas ocasiones «en la necesidad del retorno de estas compañías porque en Cataluña es donde deben estar».

De hecho, Sánchez Llibre se presentó a la reelección como presidente de Foment con la intención de fomentar ese retorno de sedes sociales a Cataluña y recientemente reclamó al próximo Gobierno que garantice la estabilidad necesaria para que las empresas que trasladaron su sede en 2017 vuelvan a Cataluña.

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Valencia

Esta es la nueva normativa de apartamentos turísticos en Valencia: límites, polémica y claves del cambio

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

El Ayuntamiento de València ha aprobado definitivamente la nueva normativa de apartamentos turísticos, una medida impulsada por el gobierno municipal con el apoyo de PP y Vox y el rechazo de Compromís y PSPV-PSOE.

La regulación modifica el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y busca poner límites al crecimiento del alojamiento turístico en la ciudad, en un contexto marcado por el aumento del precio de la vivienda y la presión vecinal.


🏛 Qué cambia con la nueva normativa

El nuevo marco urbanístico introduce restricciones al crecimiento de los apartamentos turísticos, con el objetivo de proteger el uso residencial de la vivienda. Según el equipo de gobierno, se trata de la normativa “más restrictiva de España” en este ámbito.

Entre las principales medidas destacan:

  • Implantación de “candados” urbanísticos que limitan el número de apartamentos por distrito, barrio o manzana.
  • Regulación del total de plazas turísticas, incluyendo apartamentos, hoteles y hostales.
  • Refuerzo de las inspecciones y aumento de las órdenes de cese contra alojamientos ilegales.
  • Coordinación con Policía y Agencia Tributaria para controlar la actividad irregular.

Desde el consistorio aseguran que el 98% de la vivienda queda protegida para uso residencial, dificultando la apertura de nuevos alojamientos turísticos.


Críticas de vecinos y oposición

La nueva normativa ha generado un intenso debate político y social. La Federació d’Associacions Veïnals de València considera que la regulación presenta “vacíos y excepciones” y no resuelve el principal problema: la existencia de miles de apartamentos turísticos ilegales.

Según denuncian, en la ciudad habría más de 9.000 viviendas turísticas fuera de la legalidad, una cifra que, a su juicio, no se aborda con medidas eficaces.

Por su parte, desde la oposición:

  • El PSPV-PSOE advierte que la norma no reducirá los apartamentos en zonas saturadas y permitirá su expansión en otros barrios.
  • Compromís acusa al gobierno local de favorecer la especulación y la subida de precios de la vivienda.

Ambos partidos coinciden en que la ciudad vive una situación de “tensión” en el mercado inmobiliario y reclaman medidas más restrictivas.


Debate sobre vivienda y turismo en València

El crecimiento del turismo en València ha sido uno de los factores clave en el encarecimiento del alquiler y la compra de vivienda en los últimos años.

Mientras el gobierno municipal defiende un modelo de turismo “de calidad” y compatible con la vida vecinal, la oposición insiste en que la nueva normativa puede agravar el problema si no se controla la oferta ilegal.


El Ayuntamiento defiende un “hito” urbanístico

La alcaldesa ha calificado la aprobación como un “hito” y ha asegurado que responde a un cambio de modelo de ciudad:

  • Priorizar el derecho a la vivienda.
  • Limitar el turismo masivo.
  • Garantizar la convivencia entre vecinos y visitantes.

Además, el gobierno local insiste en que la normativa está diseñada para ser sólida jurídicamente y evitar que pueda ser anulada en los tribunales.


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