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Puig, dispuesto a declarar sobre la operación del IVF y el Grupo Zeta

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VALÈNCIA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) – El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado este lunes que «por supuesto» que dará explicaciones de la operación del IVF sobre la deuda del Grupo Zeta, a pesar de que «no hay ningún problema» sino que es un intento del PP y Cs para «manchar» la imagen del Consell y para «desviar la atención de los gravísimos problemas» de estas formaciones.

Puig, en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, le han preguntado si piensa comparecer en las Corts si se lo piden para dar explicaciones sobre esta operación y al respecto ha recalcado: «Sí, por supuesto». No obstante, ha apuntado que «se trata de una cuestión que forma parte de un intento de manchar la imagen del presidente y del Gobierno».

Así, ha recordado que en «todas» las declaraciones de bienes «desde el principio» de su vida política y «no como otros que no aclaran dónde tienen las acciones», ha incluido que tenía 1% de acciones en un periódico de Castellón que «surge precisamente de un despido ilegal de la derecha».

«A partir de entonces se produjo la construcción de una empresa en la que participé con total legalidad como ha dicho la Abogacía de la Generalitat por activa y por pasiva», ha subrayado. Por ello, ha insistido en que «no hay ningún problema» sino que es «un intento del PP y Cs de desviar la atención de sus gravísimos problemas».

MISMA PASIÓN
Por otro lado, ha asegurado que el Gobierno del Botànic II tiene «la misma pasión» por la Comunitat Valenciana que el primer día y se «trabajará con toda la intensidad para que esta sea una legislatura importante para los valencianos» y ha recalcado que el Consell «siempre ha pensado en el interés general más allá de los propios grupos que lo sustentan».

No obstante, ha evidenciado que el Consell está «más consolidado» y «ya no se trata de reiniciarlo todo, sino de consolidar un proyecto que ha sido positivo según marcan todos los indicadores económicos y sociales».

Pese a este avance ha recalcado que estamos «muy lejos de donde tenemos que estar» porque «aún estamos 11 puntos por debajo per cápita, hay un problema de invisibilidad problema y un problema de infrafinanciación gravísimo que hasta que no haya gobierno no podemos acometer».

En ese sentido, preguntado por las consecuencias de que se tengan que prorrogar los presupuestos del exministro popular Cristóbal Montoro por segunda vez si no hay gobierno, Puig ha advertido de que estamos en «un impase que acaba provocando un recorrido institucional muy negativo».

«Esto tiene un coste que no se va a corto plazo pero no tener un gobierno ni un presupuesto tiene costes económicos y sociales y sin este marco desde para las Comunidades Autónomos es muy difícil presupuestar ni ejecutar», ha evidenciado.

Por ello, ha apelado a «la responsabilidad de todos» porque «en cascada van cayendo decisiones que acaban en el ciudadano: en la sanidad, educación y servicios sociales, que están gestionadas por las autonomías».

Por tanto, ha apuntado que el debate sobre la financiación «no es una cuestión identitaria, sino del Estado de bienestar y cuando se erosiona a las comunidades autónomas se erosiona al Estado del bienestar». «Claro que no tener un gobierno tiene consecuencias», ha apostillado.

REQUISITO LINGÜÍSTICO
Por otra parte, ha descartado que en la Comunitat Valenciana exista «un conflicto con la lengua» sino que, ha explicado, tiene dos lenguas oficiales y los ciudadanos tienen el derecho de poder expresarse y relacionarse con la Administración en cualquiera de ellas dos, en valenciano y en castellano.

Por ello, la ley que se prepara de Función Pública «quiere garantizar que los empleados públicos tengan un nivel de valenciano y de castellano razonable» para el desempeño de sus funciones. «Lo razonable es que tengan unos conocimiento básicos de las dos lenguas», ha evidenciado.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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