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Puig, dispuesto a declarar sobre la operación del IVF y el Grupo Zeta

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VALÈNCIA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) – El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado este lunes que «por supuesto» que dará explicaciones de la operación del IVF sobre la deuda del Grupo Zeta, a pesar de que «no hay ningún problema» sino que es un intento del PP y Cs para «manchar» la imagen del Consell y para «desviar la atención de los gravísimos problemas» de estas formaciones.

Puig, en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, le han preguntado si piensa comparecer en las Corts si se lo piden para dar explicaciones sobre esta operación y al respecto ha recalcado: «Sí, por supuesto». No obstante, ha apuntado que «se trata de una cuestión que forma parte de un intento de manchar la imagen del presidente y del Gobierno».

Así, ha recordado que en «todas» las declaraciones de bienes «desde el principio» de su vida política y «no como otros que no aclaran dónde tienen las acciones», ha incluido que tenía 1% de acciones en un periódico de Castellón que «surge precisamente de un despido ilegal de la derecha».

«A partir de entonces se produjo la construcción de una empresa en la que participé con total legalidad como ha dicho la Abogacía de la Generalitat por activa y por pasiva», ha subrayado. Por ello, ha insistido en que «no hay ningún problema» sino que es «un intento del PP y Cs de desviar la atención de sus gravísimos problemas».

MISMA PASIÓN
Por otro lado, ha asegurado que el Gobierno del Botànic II tiene «la misma pasión» por la Comunitat Valenciana que el primer día y se «trabajará con toda la intensidad para que esta sea una legislatura importante para los valencianos» y ha recalcado que el Consell «siempre ha pensado en el interés general más allá de los propios grupos que lo sustentan».

No obstante, ha evidenciado que el Consell está «más consolidado» y «ya no se trata de reiniciarlo todo, sino de consolidar un proyecto que ha sido positivo según marcan todos los indicadores económicos y sociales».

Pese a este avance ha recalcado que estamos «muy lejos de donde tenemos que estar» porque «aún estamos 11 puntos por debajo per cápita, hay un problema de invisibilidad problema y un problema de infrafinanciación gravísimo que hasta que no haya gobierno no podemos acometer».

En ese sentido, preguntado por las consecuencias de que se tengan que prorrogar los presupuestos del exministro popular Cristóbal Montoro por segunda vez si no hay gobierno, Puig ha advertido de que estamos en «un impase que acaba provocando un recorrido institucional muy negativo».

«Esto tiene un coste que no se va a corto plazo pero no tener un gobierno ni un presupuesto tiene costes económicos y sociales y sin este marco desde para las Comunidades Autónomos es muy difícil presupuestar ni ejecutar», ha evidenciado.

Por ello, ha apelado a «la responsabilidad de todos» porque «en cascada van cayendo decisiones que acaban en el ciudadano: en la sanidad, educación y servicios sociales, que están gestionadas por las autonomías».

Por tanto, ha apuntado que el debate sobre la financiación «no es una cuestión identitaria, sino del Estado de bienestar y cuando se erosiona a las comunidades autónomas se erosiona al Estado del bienestar». «Claro que no tener un gobierno tiene consecuencias», ha apostillado.

REQUISITO LINGÜÍSTICO
Por otra parte, ha descartado que en la Comunitat Valenciana exista «un conflicto con la lengua» sino que, ha explicado, tiene dos lenguas oficiales y los ciudadanos tienen el derecho de poder expresarse y relacionarse con la Administración en cualquiera de ellas dos, en valenciano y en castellano.

Por ello, la ley que se prepara de Función Pública «quiere garantizar que los empleados públicos tengan un nivel de valenciano y de castellano razonable» para el desempeño de sus funciones. «Lo razonable es que tengan unos conocimiento básicos de las dos lenguas», ha evidenciado.

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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