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Puig, dispuesto a declarar sobre la operación del IVF y el Grupo Zeta

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VALÈNCIA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) – El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado este lunes que «por supuesto» que dará explicaciones de la operación del IVF sobre la deuda del Grupo Zeta, a pesar de que «no hay ningún problema» sino que es un intento del PP y Cs para «manchar» la imagen del Consell y para «desviar la atención de los gravísimos problemas» de estas formaciones.

Puig, en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, le han preguntado si piensa comparecer en las Corts si se lo piden para dar explicaciones sobre esta operación y al respecto ha recalcado: «Sí, por supuesto». No obstante, ha apuntado que «se trata de una cuestión que forma parte de un intento de manchar la imagen del presidente y del Gobierno».

Así, ha recordado que en «todas» las declaraciones de bienes «desde el principio» de su vida política y «no como otros que no aclaran dónde tienen las acciones», ha incluido que tenía 1% de acciones en un periódico de Castellón que «surge precisamente de un despido ilegal de la derecha».

«A partir de entonces se produjo la construcción de una empresa en la que participé con total legalidad como ha dicho la Abogacía de la Generalitat por activa y por pasiva», ha subrayado. Por ello, ha insistido en que «no hay ningún problema» sino que es «un intento del PP y Cs de desviar la atención de sus gravísimos problemas».

MISMA PASIÓN
Por otro lado, ha asegurado que el Gobierno del Botànic II tiene «la misma pasión» por la Comunitat Valenciana que el primer día y se «trabajará con toda la intensidad para que esta sea una legislatura importante para los valencianos» y ha recalcado que el Consell «siempre ha pensado en el interés general más allá de los propios grupos que lo sustentan».

No obstante, ha evidenciado que el Consell está «más consolidado» y «ya no se trata de reiniciarlo todo, sino de consolidar un proyecto que ha sido positivo según marcan todos los indicadores económicos y sociales».

Pese a este avance ha recalcado que estamos «muy lejos de donde tenemos que estar» porque «aún estamos 11 puntos por debajo per cápita, hay un problema de invisibilidad problema y un problema de infrafinanciación gravísimo que hasta que no haya gobierno no podemos acometer».

En ese sentido, preguntado por las consecuencias de que se tengan que prorrogar los presupuestos del exministro popular Cristóbal Montoro por segunda vez si no hay gobierno, Puig ha advertido de que estamos en «un impase que acaba provocando un recorrido institucional muy negativo».

«Esto tiene un coste que no se va a corto plazo pero no tener un gobierno ni un presupuesto tiene costes económicos y sociales y sin este marco desde para las Comunidades Autónomos es muy difícil presupuestar ni ejecutar», ha evidenciado.

Por ello, ha apelado a «la responsabilidad de todos» porque «en cascada van cayendo decisiones que acaban en el ciudadano: en la sanidad, educación y servicios sociales, que están gestionadas por las autonomías».

Por tanto, ha apuntado que el debate sobre la financiación «no es una cuestión identitaria, sino del Estado de bienestar y cuando se erosiona a las comunidades autónomas se erosiona al Estado del bienestar». «Claro que no tener un gobierno tiene consecuencias», ha apostillado.

REQUISITO LINGÜÍSTICO
Por otra parte, ha descartado que en la Comunitat Valenciana exista «un conflicto con la lengua» sino que, ha explicado, tiene dos lenguas oficiales y los ciudadanos tienen el derecho de poder expresarse y relacionarse con la Administración en cualquiera de ellas dos, en valenciano y en castellano.

Por ello, la ley que se prepara de Función Pública «quiere garantizar que los empleados públicos tengan un nivel de valenciano y de castellano razonable» para el desempeño de sus funciones. «Lo razonable es que tengan unos conocimiento básicos de las dos lenguas», ha evidenciado.

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El rey Juan Carlos I demandará a Revilla en Madrid tras fracasar la conciliación en Santander

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Juan Carlos I y Miguel Ángel Revilla

La demanda del rey emérito sigue adelante tras no llegar a un acuerdo con Miguel Ángel Revilla, quien se negó a rectificar sus declaraciones en televisión

Tras una conciliación sin acuerdo celebrada el pasado viernes 16 de mayo en los juzgados de Santander, el rey emérito Juan Carlos I presentará una demanda formal contra el expresidente de Cantabria y líder del PRC, Miguel Ángel Revilla, en los tribunales de Madrid.

El acto de conciliación fue el paso previo legal antes de una querella civil por injurias y vulneración del derecho al honor, después de que Revilla realizara declaraciones críticas sobre el monarca en diferentes programas televisivos. La abogada del rey emérito, Guadalupe Sánchez, solicitaba una rectificación pública y una indemnización de 50.000 euros.


📝 Sin avenencia en la conciliación: Revilla se negó a rectificar

Durante la vista, celebrada en el Juzgado de Primera Instancia número 13 de Santander, Revilla se mantuvo firme:

«Yo no rectifico en nada. Creo que estoy en lo cierto», aseguró el líder regionalista a su salida del juzgado.

El rey emérito no acudió personalmente al acto, aunque estuvo representado legalmente por su procurador y su abogada. Revilla, por su parte, asistió de forma presencial junto a su defensa. Ante la falta de acuerdo, la letrada de la Administración de Justicia dio por finalizado el acto sin avenencia, permitiendo así al emérito continuar por la vía judicial ordinaria.


💬 ¿Qué motivó la demanda de Juan Carlos I?

El origen del conflicto se remonta a manifestaciones públicas de Miguel Ángel Revilla en las que criticó al rey Juan Carlos en espacios televisivos de gran audiencia. Según la representación legal del emérito, esas declaraciones:

  • «Carecen de base fáctica»

  • Se fundamentan en informaciones periodísticas «que no equivalen a sentencias»

  • Constituyen un ataque a su honor y reputación

Revilla, por su parte, sostiene que sus palabras fueron simples opiniones personales y que se basaron en hechos públicos divulgados por medios de comunicación.


🚨 ¿Qué implica la demanda del rey emérito?

Concluida la fase de conciliación sin resultados, Juan Carlos I formalizará una demanda en los juzgados de Madrid, como permite la legislación civil española. El proceso judicial se iniciará con una reclamación por:

  • 50.000 euros de indemnización

  • Una rectificación pública de las declaraciones consideradas injuriosas

La defensa de Revilla prevé una batalla legal que podría alargarse en el tiempo. “Me veo en el banquillo a punto de cumplir 83 años”, comentó el expresidente cántabro tras conocer la decisión del emérito.

 

 

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