PACO FERRANDIS
El pasado 29 de noviembre se cumplieron cuatro años del cierre de Canal 9 (Ràdio 9 había sido cerrada unos horas antes). Con ello, la Comunidad Valenciana se configura como la única Comunidad Autónoma que no disfruta de una radio-televisión propia, a pesar de poseer lengua oficial propia. Cuatro años de fundido a negro para el pueblo valenciano y el sector audiovisual, cuando aún no han empezado las emisiones de la sucesora de Canal 9, À Punt…
Cuatro negros años que, en buena parte, son producto de la infrafinanciación que viene padeciendo el pueblo valenciano desde hace mucho más que cuatro largos años.
Cuatro años, para pasar de una plantilla de 480 trabajadores, contemplada en el ERE que aprobó el Consell de Alberto Fabra, a otra de 469, prevista para À Punt. En su día, el Comité de Empresa de RTVV propuso una plantilla de 1.135 trabajadores con el argumento de que esta cifra “es imprescindible” para dar un servicio público de calidad. Esperemos que no se cumplan estos augurios sindicalistas y que la BBC valenciana cumpla los parámetros de los medios de comunicación objetivos, imparciales y con una buena programación.
Sin RTVV se ha hecho más patente la invisibilidad del pueblo valenciano en los medios de comunicación de ámbito estatal, más aún con la atención cuasi exclusiva prestada durante ese periodo al interminable procés catalán. Así, a nuestro particular apagón mediático se suma el fundido a negro de nuestras mentes, provocado por el torbellino impetuoso, con vocación de interminable, que viene de la Cataluña flamenca y valona, nunca española. Al menos, los ciudadanos de las demás Comunidades Autónomas se han podido refugiar del chaparrón secesionista en sus medios de comunicación propios .
Esta nula presencia de lo acontecido en tierras valencianas se puso de manifiesto con la realización de dos actos recientes de cierta importancia, y que coincidían en el tiempo:
- La manifestación de 18-N para reivindicar una mejor financiación para la Comunidad Valenciana. Descartada la vía de la negociación en el Congreso de los Diputados, las fuerzas políticas del Botànic, a las que se sumó Ciudadanos, realizaron una protesta contra el Gobierno del PP.
- La Maratón de Valencia, celebrada el 19-N, con gran éxito de participantes y de público animador.
Curiosamente, el mismo sábado en que se realizó la manifestación de Valencia tuvo lugar una concentración de extremeños en Madrid para reclamar un tren digno, que contó con el consenso de TODAS las fuerzas políticas de la región, aunque con una participación menor que en la manifestación de Valencia. Sin embargo, esta tuvo mucha más repercusión que aquella en las televisiones con sede en Madrid.
De todo ello, cabe destacar que el pueblo valenciano aún sufre el largo y tortuoso trayecto de una maratón recorrida por una infrafinanciación galopante, que afecta a derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Española, como son el derecho a la igualdad, a la información y al fomento de la lengua propia.
Ahora, cuando se habla tanto sobre reformar la Constitución, cabe preguntarnos si no sería tarea más urgente y necesaria tomar los acuerdos políticos oportunos, al objeto de hacer realidad los principios democráticos que configuran el sistema constitucional español.
La mayoría de propuestas para iniciar la reforma de la Constitución van encaminadas a dar solución al denominado “problema catalán”. Sin embargo, durante el trayecto recorrido por la actual Constitución, han quedado relegados en las cunetas del olvido y del desamparo derechos y libertades que afectan a personas concretas y a determinados colectivos humanos. Tal vez, habrá que completar el mandato constitucional antes de modificar una Constitución que aún no ha dado todos los frutos que promete.
Ya sea en la profundización de su contenido o en la reforma del texto constitucional, las organizaciones políticas y sociales de la Comunidad Valenciana, deberían estar ojo avizor y tratar de hacer valer su peso específico en el seno del Estado español.
Ese papel le corresponde prioritariamente al Consell como órgano ejecutivo de una de las Comunidades puntales en los ámbitos económico y cultural. Pero, sobretodo, son los cuatro diputados de Compromís quienes tienen el poder más inmediato para influir en la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos valencianos, así como en la fijación de unas reglas del juego democrático más justas en lo social, con o sin reforma de la Constitución, dada su posición clave a la hora de negociar los textos legales a aprobar por el Congreso de los Diputados.
Muy a menudo, resulta tentador -por su comodidad mental- adscribirse a las filas del victimismo plañidero, según el cual la culpa siempre es del enemigo a batir. Si el Estado español ha ninguneado al pueblo valenciano ha sido porque los representantes del pueblo valenciano tampoco han podido -o sabido- influenciar en las políticas estatales.
Aún no sabemos cómo va a quedar el nuevo sistema de financiación autonómica y la incierta reforma constitucional. La única certeza que poseemos es que, por ahora, la Comunidad Valenciana no cuenta en el tablero político español, de manera que Comunidad Valenciana es sinónimo de Comunidad inVisible.
El pueblo valenciano debe felicitarse porque este lunes, 11 de diciembre, empiezan las emisiones de À Punt Ràdio, como hito mediático propio y avanzadilla de la tan anhelada televisión valenciana.
Esperemos que las nuevas ondas radiofónicas abran una ventana por la que podamos recibir el aire freso que proviene de nuestra Tierra.
Foto: EFE
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