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Qué le puede pasar a Daniel Sancho: Estos son los escenarios que afronta

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Qué le puede pasar a Daniel Sancho
Daniel Sancho-INSTAGRAM

Madrid, (OFFICIAL PRESS-EFE).- Daniel Sancho, acusado del asesinato del colombiano Edwin Arrieta en Tailandia, ha evitado la pena de muerte gracias a su colaboración con la Justicia. Sin embargo, ahora se enfrenta a un complejo proceso legal que podría incluir recursos, peticiones de indulto y la posibilidad de ser trasladado a España para cumplir su condena. Pero, ¿qué le puede pasar a Daniel Sancho? Vemos todos los escenarios posibles.

Actualmente, Daniel Sancho está en prisión provisional en la cárcel de Samui, donde fue ingresado el 7 de agosto de 2023, solo cinco días después del crimen cometido en la isla de Phangan. Su futuro inmediato se centra en una serie de decisiones legales que determinarán dónde y cómo cumplirá su condena.

Posible Traslado a una Prisión de Máxima Seguridad

Aunque Sancho ha solicitado permanecer en la prisión de Samui, la legislación tailandesa exige que los condenados a más de 15 años de cárcel sean trasladados a prisiones de mayor seguridad. Las opciones incluyen las superpobladas cárceles de Surat Thani y Nakhon Si Thammarat, que albergan 5.400 y 4.200 reclusos, respectivamente. Actualmente, las autoridades de Samui están a la espera de la orden de traslado, lo que podría ocurrir en cualquier momento.

¿Es Posible Recurrir la Condena?

Sí, los abogados de Daniel Sancho ya han anunciado su intención de apelar. El proceso de apelación podría prolongarse hasta un año, pasando primero por el Tribunal de Apelaciones y luego por el Tribunal Supremo de Tailandia. Mientras tanto, la familia de la víctima, Edwin Arrieta, ha decidido no recurrir la indemnización de 106.000 euros establecida por el juez.

¿Puede Daniel Sancho Obtener un Indulto Real?

Sí, existe la posibilidad de que Daniel Sancho se beneficie de un indulto real, una práctica común en Tailandia que se aplica en fechas religiosas o relacionadas con la monarquía. Este indulto, que solo se puede solicitar una vez la sentencia sea firme, podría reducir parcialmente su condena.

Asistencia Consular Española

Sancho tiene derecho a recibir asistencia de las Oficinas Consulares de España, que pueden ofrecer ayuda económica y no económica para mejorar sus condiciones en la prisión tailandesa. En caso de necesidad, la embajada o consulado podría proporcionarle una ayuda de hasta 120 euros mensuales, siempre que su familia no pueda hacerlo.

Posibilidad de Ser Trasladado a España

Aunque no existe un acuerdo de extradición entre España y Tailandia, ambos países tienen un convenio de transferencia de presos desde 1987. Este acuerdo permite a los condenados, incluidos aquellos con penas de cadena perpetua, solicitar su traslado a España una vez que la condena sea firme. Sin embargo, Sancho deberá cumplir al menos cuatro años en prisión en Tailandia y pagar la indemnización completa a la familia de la víctima antes de solicitar el traslado.

Precedentes de Transferencia de Presos entre España y Tailandia

Un caso similar es el de Artur Segarra, condenado en 2017 a la pena de muerte por un tribunal de Bangkok por el asesinato de David Bernat. Tras su condena, fue trasladado a la prisión de máxima seguridad Bang Kwang, donde cumple cadena perpetua después de que su pena fuera conmutada en 2020 por el monarca tailandés.

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La defensa de Begoña Gómez pide archivar el caso y critica el impacto en la Justicia

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Juez Peinado

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez el archivo definitivo de la causa judicial que investiga su actividad profesional, al considerar que no existen fundamentos jurídicos suficientes. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha afirmado su abogado durante la vista celebrada este miércoles.

El procedimiento está dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha reunido a las partes en un nuevo trámite en los juzgados de Madrid en plena Semana Santa.


La defensa insiste en el archivo del caso

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha reiterado que no existe base para investigar los delitos que se le atribuyen, entre ellos malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Durante su intervención, el letrado ha criticado la falta de imparcialidad en el proceso y ha calificado la situación como una “pesadilla jurídica”. Además, ha defendido que la investigación responde a intereses ajenos a la Justicia.

En la misma línea, la Fiscalía también ha vuelto a posicionarse a favor del archivo de la causa tras casi dos años de investigación.


Solicitud de nuevas pruebas y testigos

De forma preventiva, la defensa ha pedido al juez que, en caso de continuar el proceso, se practiquen nuevas diligencias. Entre ellas, destaca la declaración como testigo de José Manuel Ruano, vinculado a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, se han solicitado informes periciales para analizar:

  • El papel del cónyuge del presidente del Gobierno
  • El funcionamiento de las cátedras extraordinarias
  • El supuesto perjuicio económico a la universidad

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha pedido documentación oficial que acredite sus funciones en La Moncloa.


Las acusaciones piden ampliar la investigación

En el lado opuesto, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado al juez nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

Entre sus peticiones se incluyen:

  • La vida laboral completa de Gómez
  • La actualización del salario de su asesora
  • Información sobre reuniones relacionadas con proyectos tecnológicos vinculados a su actividad

Posible juicio con jurado popular

El juez ha reiterado que, en caso de que el procedimiento continúe hasta juicio, este podría celebrarse ante un jurado popular. Esta decisión ya generó controversia y fue objeto de revisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

En una resolución reciente, Peinado defendió que existen indicios suficientes para continuar la causa, apuntando a un posible aprovechamiento de la posición institucional de Gómez, algo que la defensa rechaza y califica de “meras conjeturas”.


Origen del caso Begoña Gómez

La investigación se inició en abril de 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias y posteriormente se amplió con acciones judiciales impulsadas por Vox y otras entidades.

El caso analiza, por un lado, la relación profesional de Gómez con empresarios y la universidad, y por otro, el uso de recursos públicos en su actividad como esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


Un caso con impacto político y mediático

La causa judicial contra Begoña Gómez sigue generando un fuerte impacto político y mediático en España, con posiciones enfrentadas entre las partes implicadas.

Mientras la defensa insiste en el archivo inmediato, las acusaciones reclaman seguir investigando, manteniendo abierto un proceso que continúa marcando la actualidad judicial y política del país.

 

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