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Valencia

Reconocen a los profesionales taurinos el derecho a una prestación de desempleo

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Reconocen a los profesionales taurinos el derecho a una prestación de desempleo

València, 29 oct (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha reconocido a los profesionales taurinos el derecho a la prestación extraordinaria por desempleo aprobada por el Gobierno para el sector cultural durante el estado de alarma.

La Sala de lo Social del TSJCV ha confirmado así la sentencia dictada el pasado 18 de enero por el Juzgado de lo Social número 2 de Alicante, que estimó el recurso de un banderillero en paro contra la negativa del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a incluirlo entre los beneficiarios de estas ayudas.

Según fuentes del TSJCV, los magistrados fallan que estos trabajadores no pueden quedar excluidos del primer real decreto del Gobierno que amparaba a los artistas de espectáculos públicos que fueron suspendidos durante el estado de alarma a causa de la pandemia de covid-19.

A juicio de los magistrados, dicha norma (RDL 17/2020) debe comprender también a los trabajadores taurinos, pues aunque no los menciona expresamente tampoco los excluye.

El trabajador en paro pertenecía a la cuadrilla de un torero que sufrió la suspensión de dos festejos taurinos en la provincia de Toledo los días 11 y 26 de abril de 2020, a causa de la situación de alerta sanitaria provocada por la covid-19.

Previamente, los días 21 y 22 de marzo, el Ayuntamiento de Moratalla (Murcia) ya había suspendido un encierro y una suelta de vaquillas para los había contratado también al banderillero.

El SEPE denegó su petición para acogerse a la prestación extraordinaria por desempleo que había aprobado el Gobierno durante el confinamiento para los artistas de espectáculos públicos, al entender que el colectivo laboral al que pertenecía no estaba incluido en el ámbito de aplicación de ese primer decreto.

El Juzgado de lo Social número 2 de Alicante dio la razón después al trabajador en una sentencia que ha sido confirmada ahora por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

El TSJCV ha desestimado el recurso de suplicación del SEPE contra la resolución de instancia y ha dictaminado que no puede hacerse una interpretación excluyente de la norma para los profesionales taurinos respecto del resto de trabajadores del sector cultural.

«La situación de necesidad de los empleados del sector cultural» a la que va destinada esta prestación «es plenamente coincidente para los profesionales taurinos, habida cuenta de que la tauromaquia forma parte del sector cultural y se vio afectada desde la declaración del estado de alarma por la suspensión de actividades realizadas en plazas, recintos e instalaciones taurinas», concreta la Sala.

Según recoge la sentencia, el hecho de que el trabajador solicitara después, y le fuera reconocida, la prestación contributiva ordinaria por desempleo, al tener cotizaciones para ello, o que un decreto posterior (RDL 32/20), de noviembre de 2020, incluyera a su colectivo, no impide que tuviera acceso en su momento a la prestación extraordinaria establecida en el RDL 17/20.

«La interpretación de dicha norma que hace la sentencia recurrida es la más razonable para evitar un trato discriminatorio hacia dicho colectivo por una diferencia normativa que no se ajusta a razón objetiva alguna», concluyen los magistrados.

Contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior únicamente cabe recurso de casación ante el Supremo para la unificación de doctrina.

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Valencia

El duelo de un pueblo no se gobierna con mentiras: es hora de que Carlos Mazón dimita

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El duelo de un pueblo no se gobierna con mentiras: es hora de que Carlos Mazón dimita
El president de la Generalitat, Carlos Mazón. EFE/ Biel Alino/Archivo

La catástrofe desencadenada por la DANA del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana, que dejó un lacerante saldo de más de 229 víctimas, no puede quedar impune. Más allá del dolor humano y de la reconstrucción material, está la responsabilidad política. Y en ese terreno, Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, acumula mentiras, contradicciones y el profundo desgarro de quienes lo perdieron todo. Por dignidad, por ética y por justicia, Mazón debe dimitir.

Una gestión inexcusable

Cuando la alerta roja estaba activada, Mazón estaba ausente del lugar que le correspondía. Según los informes oficiales, llegó al comité de crisis (CECOPI) a las 20:28 horas, cuando ya se había emitido la alerta a la población minutos antes. No fue un “error de agenda”, sino un fallo estructural que costó vidas.

Mientras Valencia vivía una riada devastadora, el presidente se encontraba en una comida privada en lugar de supervisar la emergencia. Su entorno lo justificó como una reunión de trabajo, pero el contexto lo desmiente: fue ausencia, negligencia y falta de liderazgo.

La falta de movilización de efectivos tampoco puede justificarse. Los informes cruzados detectan irregularidades en el número de bomberos y medios activados. Cuando una emergencia reclama transparencia, los datos confusos o manipulados son una afrenta.

Mentiras, contradicciones y silencio

Mazón ha intentado derivar responsabilidades hacia la Agencia Estatal de Meteorología o la Confederación Hidrográfica del Júcar, en lugar de asumir el liderazgo que su cargo exige. Cuando el caos se instala, quien gobierna debe estar al frente, no buscando culpables.

Peor aún, ha ofrecido versiones cambiantes sobre su paradero, sus llamadas y las decisiones adoptadas aquel día. La investigación judicial avanza con pruebas que desmontan la versión oficial. Cuando un líder debe explicar dónde estaba durante una tragedia, el problema ya no es circunstancial: es estructural.

Las víctimas, traicionadas

No basta con lamentar lo sucedido cuando la dignidad exige acción. Las asociaciones de víctimas han expresado su malestar y exigido respeto ante la falta de explicaciones claras. “Estar con las víctimas también implica asumir responsabilidades”, repiten familiares que aún esperan una disculpa sincera.

No es solo la ausencia inicial. Es el desfile de versiones, el silencio, la falta de empatía y la reconstrucción lenta. Mientras las familias siguen llorando, el presidente intenta sostener su imagen pública como si nada hubiera ocurrido.

La única salida digna: la dimisión

Integridad política. Quien incumple los principios básicos de responsabilidad pierde la legitimidad para seguir al frente.

Justicia para las víctimas. Pedir perdón no basta cuando no se explica con claridad, cuando no se asumen errores ni se ofrecen soluciones. Las víctimas merecen que se depuren responsabilidades reales.

Confianza institucional. La credibilidad de la Generalitat se resquebraja cuando su presidente ofrece explicaciones tardías, contradictorias y evasivas. Eso no solo afecta a Mazón, afecta a toda la Comunitat Valenciana.

Renovación del liderazgo. El desastre del 29-O no puede cerrarse con un “sigo al mando”. Hace falta un relevo que reconstruya no solo los territorios inundados, sino también la confianza de los ciudadanos.

La responsabilidad compartida

Los silencios cómplices también pesan. Los partidos que sostienen a Mazón deben preguntarse si su apoyo es ético o meramente político. Cada día que pasa sin rendir cuentas es una herida más para las víctimas y una mancha más para las instituciones.

La dimisión no sería una derrota política, sino un acto de respeto hacia los que sufrieron, hacia los que murieron y hacia toda una sociedad que exige transparencia y verdad.

La tragedia del 29 de octubre no son solo cifras. Son vidas, familias, municipios arrasados y una sociedad herida. Carlos Mazón mantuvo su comida en El Ventorro cuando la provincia se inundaba, cambió versiones cuando se investigaba y continúa en el cargo pese al clamor ciudadano.

Por integridad, por dignidad, por justicia: Carlos Mazón debe dimitir.
Y quienes lo sostienen, deberían preguntarse si su silencio también los convierte en responsables.

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