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El exciclista Vicente Belda y su hijo, investigados en una red de dopaje

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El exciclista Vicente Belda y su hijo, investigados en una red de dopaje
El exdirector deportivo del Kelme Vicente Belda, en una imagen de archivo. EFE/Kiko Huesca

Madrid, 24 nov (OFFICIAL PRESS/EFE).- El exciclista y exdirector deportivo Vicente Belda Vicedo, y su hijo, Vicente Belda García, masajista del equipo Astana, son algunos de los investigados en la trama dedicada a la distribución de medicamentos prohibidos para el dopaje de deportistas y que ha desarticulado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Según han indicado a EFE fuentes próximas a la investigación, ambos estaban relacionados con el médico y profesor de la Universidad de Extremadura (UNEX) Marcos Maynar, quien fue detenido en mayo pasado por, entre otros supuestos delitos, tráfico ilegal de medicamentos y a quien un juez dejó en libertad con cargos tras declarar en el Juzgado número 4 de Cáceres.

Una operación en la que también fue detenido el ayudante de Maynar, un doctor en Fisiología del Ejercicio.

En total son ocho las personas investigadas en esta trama, cuyos miembros tenían misiones concretas, entre ellas las de conseguir componentes químicos que después mezclaban para elaborar los medicamentos prohibidos, entre ellos uno utilizado para el dopaje, la Menotropina.

La red utilizaba las instalaciones de la Universidad extremeña para atender a los clientes que otros miembros implicados captaban.

Según las fuentes, supuestamente era Maynar quien preparaba los entrenamientos de los deportistas incluyéndoles un complemento nutricional con medicamentos y sustancias prohibidas en el deporte. Y para elaborar el «cóctel» siempre se tenía en cuenta las posibilidades de victoria del cliente en sus competiciones.

Otro de los investigados, en este caso en el País Vasco, es el exclista Ángel Vázquez Iglesias, quien fue sancionado en 2007 por dopaje hasta el 2010, pero aun así, llegó a participar en algunas competiciones antes de que acabara el plazo de su sanción.

Al parecer, Vázquez Iglesias captaba chavales para enviarlos como clientes a Maynar, entre ellos a algún menor federado en una Federación provincial de natación.

También ha sido investigado en la operación, denominada Ilex, el ciclista colombiano Miguel Ángel «Supermán» López, corredor de Astana y también imputado en la investigación que dirige el juzgado número 4 de Cáceres.

La investigación sigue abierta con la colaboración de fuerzas de seguridad de otros países hacia los que se han podido realizar envíos de esos medicamentos prohibidos.

Investigaciones

Todo comenzó cuando los agentes de la UCO tuvieron conocimiento de la posible distribución ilícita de medicamentos por parte de un médico titulado e identificaron a los miembros de un grupo sospechoso de estas prácticas.

Tras más de un año de seguimiento a sus actividades, también se consiguió identificar en Portugal, Gipuzkoa y Castellón a otras tres personas relacionadas con la misma trama y que hacían de intermediarios entre los fabricantes y distribuidores iniciales de estas sustancias y los consumidores finales de las mismas.

SUSTANCIAS PROHIBIDAS POR LA AGENCIA MUNDIAL ANTIDOPAJE

Esos consumidores finales eran deportistas captados por varias personas muy relacionadas con el mundo del deporte profesional y a quienes se les ofrecía los servicios de un conocido médico, quien preparaba los entrenamientos incluyendo un complemento nutricional con medicamentos y sustancias prohibidas en el deporte.

Fuentes próximas a la investigación han indicado a EFE que se trata del médico y profesor de la Universidad de Extremadura (UNEX) Marcos Maynar, quien fue detenido en mayo pasado por, entre otros supuestos delitos, tráfico ilegal de medicamentos y a quien un juez dejó en libertad con cargos tras declarar en el Juzgado Número 4 de Cáceres.

A lo largo de la investigación se ha podido corroborar como los deportistas, una vez puestos en contacto con el citado médico y su ayudante, doctor en Fisiología del Ejercicio, eran sometidos a un estudio previo mediante analíticas y pruebas de esfuerzo.

Unas pruebas que se realizaban en las instalaciones de la Facultad de Ciencias del Deporte de Extremadura, al igual que la fabricación, recepción y almacenamiento de ciertos medicamentos, donde uno de los principales investigados desempeñaba su labor docente, subraya la Guardia Civil.

Posteriormente, se preparaba un plan de entrenamiento a los deportistas que incluía el consumo de medicamentos no autorizados en España, así como de otros de la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje.

Cada plan establecía un detallado calendario de consumo de estas sustancias, previo a la participación en distintas competiciones oficiales.

COBRABAN A LOS DEPORTISTAS SEGÚN SUS POSIBILIDADES DE VICTORIA

Por estas actividades los miembros de la red cobraban a cada deportista una cifra que, dependiendo del nivel y de la posibilidad de obtención de premios, podría alcanzar hasta 3.000 euros por temporada.

Los medicamentos y sustancias prohibidas llegaban a los deportistas por canales seguros a través de terceras personas para ocultar la relación médico-deportista y, en algunos casos, se entregaban directamente en mano cuando se trataba de deportistas de primer nivel.

Además, médico y deportista se comunicaban a través de aplicaciones de mensajería seguras. En algún caso se ha detectado cómo los investigados, como medida de seguridad extra, hacían uso de aplicaciones que dificultan la lectura de los mensajes.

La Guardia Civil destaca que entre los consumidores finales se ha identificado a un menor de edad.

La operación se ha saldado con la detención de dos personas por la comisión de supuestos delitos de tráfico de medicamentos y dopaje en el deporte, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales. Además, otra seis personas están investigadas.

Mientras, se han practicado dos registros, uno en localidad de Plasencia (Cáceres) y otro en la Facultad de Ciencias del Deporte de la UNEX.

DESDE LA HORMONA MENOTROPINA HASTA CAFEÍNA EN INYECTABLES

En estos registros se han intervenido distintos medicamentos no autorizados en España, como Actovegin®, ácido Dicloroacético (DCA) y Teofilina, así como sustancias prohibidas en el deporte como la hormona Menotropina.

También se han incautado otros medicamentos facilitados a los deportistas, como cafeína en presentación inyectable o supositorio y gran cantidad de cápsulas vacías preparadas para su relleno con alguno de estos medicamentos para su posterior distribución.

La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. Mientras, los agentes están estudiando la información contenida en diversos dispositivos electrónicos intervenidos, como ordenadores, discos duros y otros soportes de memoria y teléfonos móviles.

Esta operación ha sido llevada a cabo por la Sección de Salud Pública y Dopaje de la UCO en estrecha colaboración con la Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD), Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS), International Testing Agency (ITA) y la Universidad Católica de Murcia (UCAM).

Todos ellos han prestado tanto apoyo técnico para la realización de análisis, como aportando información y asesoramiento de gran importancia durante el desarrollo de la investigación y la práctica de los registros, recalca la Guardia Civil.

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El Papa apoya que avance la investigación sobre el obispo de Cádiz acusado de abusos

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El Papa ha instado a que la investigación canónica abierta sobre el obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, continúe sin interferencias y llegue hasta el final para esclarecer las acusaciones de presuntos abusos cometidos durante su etapa como responsable del Seminario de la Diócesis de Getafe.

Según el pontífice, es fundamental permitir que el proceso “siga adelante” con rigor, transparencia y sin presiones externas, en línea con la política de tolerancia cero que el Vaticano afirma mantener frente a cualquier denuncia de naturaleza sexual dentro de la Iglesia.


Una investigación canónica en marcha

El caso surgió a raíz de una denuncia presentada recientemente contra Zornoza por supuestos hechos relacionados con pederastia, supuestamente ocurridos cuando ocupaba cargos de responsabilidad en el ámbito formativo del seminario de Getafe.
Tras recibir la notificación, las autoridades eclesiásticas competentes iniciaron los procedimientos previstos por el Derecho Canónico para determinar:

  • La verosimilitud de los hechos denunciados

  • La necesidad de medidas cautelares

  • La apertura, si corresponde, de un proceso formal

  • La valoración de posibles responsabilidades

El Papa ha reiterado que estos pasos deben completarse “sin frenar, sin bloquear y sin minimizar”, dando prioridad a la verdad y a la atención de las posibles víctimas.


Compromiso del Vaticano con la transparencia

En los últimos años, el Vaticano ha insistido en reforzar las normas internas para la gestión de denuncias de carácter sexual. El Papa ha impulsado modificaciones legales, protocolos de actuación y mecanismos para facilitar que las acusaciones sean investigadas de manera más rápida y eficaz.

En este contexto, la intervención del pontífice respecto al caso del obispo de Cádiz se interpreta como un recordatorio de que ningún cargo eclesiástico está exento de ser investigado y de que la institución debe evitar cualquier apariencia de opacidad o encubrimiento.


Un caso que genera tensión en el ámbito eclesial

La investigación sobre Rafael Zornoza ha provocado un notable impacto dentro de la Iglesia española debido a la relevancia del cargo que ocupa y a la gravedad de las acusaciones.
Aunque el procedimiento continúa en fase preliminar, la situación ha generado preocupación tanto entre fieles como dentro del propio clero.

La Santa Sede insiste en que el proceso debe centrarse exclusivamente en los hechos denunciados, evitando interpretaciones políticas, presiones públicas o juicios paralelos. El objetivo, según fuentes vaticanas, es garantizar que el resultado sea “justo, concluyente y respetuoso con todas las partes implicadas”.


Próximos pasos en el proceso

La fase actual de la investigación consiste en reunir testimonios, documentación y declaraciones que permitan determinar si procede:

  • Abrir un proceso penal canónico

  • Remitir el caso a la Congregación para la Doctrina de la Fe

  • Aplicar medidas disciplinarias provisionales

  • O archivar la causa si no se hallan indicios suficientes

La declaración del Papa supone un impulso explícito para que los investigadores continúen trabajando sin dilaciones y con total independencia.

 


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