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Registran 23 sedes de iDental de toda España, cinco en la Comunitat, para cubrir las indemnizaciones

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MADRID/VALÈNCIA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) – El magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha ordenado la entrada y registro de todas las sedes que las clínicas dentales ‘low cost’ iDental tienen por todo el país, un total de 23 establecimientos –entre ellas las de la Comunitat– en los que ya ha entrado la Policía Nacional en busca de pruebas y para hacer inventario de cara a las posibles indemnizaciones de quienes fueron sus pacientes.

Los registros se realizan en el marco de la operación ‘Apolonia’ y persiguen, además del inventario, recuperar dispositivos informáticos y repositorios de datos que contengan imágenes de pruebas médicas de usuarios para facilitar su devolución a los pacientes, que así podrán continuar con su tratamiento o denunciar, en su caso, según informan a Europa Press fuentes judiciales.

Para los registros, ejecutados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) y la Unidad de Investigación Tecnológica (UIT) junto con la Científica, la Policía Nacional ha movilizado en torno a 300 efectivos que han procedido a la entrada en las sedes de iDental en 23 provincias.

En concreto, los registros se están efectuando en Gijón, Salamanca (Santa Marta de Tormes), Valladolid, Segovia, Zaragoza, Barcelona, Tarragona, Girona, Castellón, Valencia (capital y Alfafar), Albacete, Alicante, Elche, Murcia, Almería, Granada, Málaga, Córdoba, Sevilla, Cádiz (Puerto de Santa María) y Las Palmas de Gran Canaria, según fuentes policiales.

De la Mata investiga a iDental por presuntos delitos de estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, lesiones, contra la salud pública, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, desde que asumió la instrucción el pasado 26 de julio y procedió al registro de 17 sedes en 8 comunidades autónomas para incautar información societaria e historiales clínicos de pacientes.

MÁS DE 200 PIEZAS DE INVESTIGACIÓN
Se estima que podría haber 400.000 afectados en todo el país, que es la cifra aproximada de pacientes que pasaron por estas clínicas contra las que se han venido presentando ya miles de denuncias, que se acumulan ya en más de 200 piezas de investigación repartidas por todo el territorio nacional, aunque podrían llegar a superar el millar.

De hecho, el juez ha establecido un sistema de coordinación con las comunidades autónomas con afectados, la Fiscalía y el Ministerio de Justicia a fin de agilizar la recogida de información y facilitar que los pacientes afectados tengan acceso a los historiales médicos que se encontraban tras el primer registro bajo custodia policial o judicial, documentos imprescindibles para presentar denuncia o continuar el tratamiento.

Esta clínica ‘low cost’ se dedicaba a prestar servicios odontológicos, aunque ofrecía un sistema de financiación de tratamientos a través de entidades bancarias mediante las que percibía el abono íntegro anticipado de sus servicios. Tras ello, según denuncian los afectados, los pacientes «eran atendidos por personal no cualificado, se empleaba material de baja calidad, y los tratamientos no eran finalizados, dejando los procesos odontológicos incompletos».

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Antonio Pelayo, histórico corresponsal de Antena 3 en Roma, será juzgado por presunta agresión sexual

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Antonio Pelayo-
Antonio Pelayo-ATRESMEDIA

La Fiscalía de Roma pide juzgar a Antonio Pelayo por presunta violencia sexual

La Fiscalía de Roma ha solicitado la apertura de juicio contra el sacerdote y periodista español Antonio Pelayo, corresponsal en la capital italiana desde hace décadas, por un presunto delito de violencia sexual denunciado por un joven productor de televisión. La información ha sido adelantada por El Mundo, medio que ha tenido acceso tanto a la denuncia, como al escrito de acusación del Ministerio Público y a mensajes intercambiados entre denunciante y acusado.

Según el reportaje, el Tribunal Penal de Roma ha fijado la primera audiencia para el 14 de mayo de 2026, fecha en la que Pelayo deberá comparecer como acusado. El periodista declinó hacer declaraciones al medio por recomendación de su abogado.

Qué investiga la justicia italiana

De acuerdo con el escrito de la Fiscalía incorporado a la causa, los hechos investigados se habrían producido en mayo de 2025, durante un encuentro de carácter profesional en el domicilio de Antonio Pelayo en Roma. El Ministerio Público sostiene que el acusado habría realizado actos sexuales sin consentimiento, que encuadra jurídicamente en el artículo 609-bis del Código Penal italiano, relativo al delito de violencia sexual.

La acusación describe dos episodios. En el primero, Pelayo se habría acercado de forma repentina al denunciante mientras ambos estaban sentados en un sofá, sujetándolo por el hombro, besándolo entre el cuello y el hombro e introduciendo la mano bajo su camiseta, tocándole diversas partes del torso e impidiendo su reacción.

El segundo episodio, siempre según la Fiscalía, habría tenido lugar en la cocina, donde el acusado habría abrazado al denunciante por delante e introducido ambas manos bajo su pantalón, tocándole repetidamente el trasero.

Cronología de los hechos y de la denuncia

El reportaje de El Mundo reconstruye una cronología detallada del caso:

  • Finales de febrero de 2025: el productor contacta con Pelayo en el contexto de trabajos informativos previos a un posible cónclave.

  • 7 y 8 de mayo de 2025: se celebra el cónclave al que alude el reportaje.

  • Viernes 23 de mayo de 2025: fecha en la que el denunciante sitúa el episodio en el domicilio del periodista.

  • 24, 25 y 26 de mayo de 2025: intercambio de mensajes en los que Pelayo pide disculpas de forma reiterada.

  • 28 de mayo de 2025: el denunciante presenta la denuncia ante una comisaría del centro de Roma.

Tras la denuncia, los Carabinieri abrieron una investigación y Pelayo prestó declaración en sede judicial. Su defensa solicitó el archivo de la causa, petición que fue rechazada.

Situación procesal actual

Según el reportaje, la Fiscalía de Roma solicitó formalmente el enjuiciamiento el 6 de noviembre, tras analizar las pruebas recabadas durante la investigación. El Tribunal Penal de Roma notificó posteriormente a las partes la fecha de la primera vista, prevista para mayo de 2026.

La investigación ha sido coordinada por Ilaria Corda y Giuseppe Cascini, fiscales especializados en delitos sexuales, junto con los Carabinieri. La acusación particular está representada por los abogados Massimiliano Lecce y Federico Olivo.

Reacciones recogidas

El denunciante realiza una única declaración pública en el reportaje, sin entrar en detalles: “Para mí, todas las personas que conocen los hechos son cómplices”, y denuncia un supuesto clima de silencio en torno al caso. Tras los hechos, acudió a una psicóloga el mismo día en que presentó la denuncia y recibió el respaldo de su empresa. A finales de 2025, la cadena internacional para la que trabaja lo destinó fuera de Italia.

En cuanto a Antonio Pelayo, el reportaje señala que rechazó hacer declaraciones públicas, siguiendo el consejo de su abogado. También se reproducen mensajes atribuidos al periodista en los que expresa arrepentimiento y vergüenza por lo ocurrido, siempre según el texto publicado.

Perfil de Antonio Pelayo

Antonio Pelayo Bombín nació en Valladolid en enero de 1944. Ingresó en el seminario a los 11 años, se formó con los jesuitas en Comillas y se ordenó sacerdote tras cursar Filosofía y Teología.

En el ámbito periodístico, inició su carrera en el diario Ya y en publicaciones culturales antes de trasladarse a París en 1976 como corresponsal. Desde 1986 reside en Roma, donde ha cubierto la información del Vaticano y la vida italiana durante más de cuatro décadas. Ha informado sobre cinco cónclaves y es corresponsal de Antena 3, siendo considerado uno de los vaticanistas más veteranos.

El reportaje añade que desde 2005 ha sido asesor voluntario —no remunerado— de la Embajada de España ante la Santa Sede, aunque fuentes del Ministerio de Exteriores señalan que actualmente no ejerce dicha función mientras se sigue la evolución del caso judicial.

 

 

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