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Ley del aborto: Aborto sin permiso desde los 16 y bajas por regla

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ley del aborto
La ministra de Igualdad, Irene Montero, durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La reforma de la ley del aborto que este jueves aprueba definitivamente el Congreso busca garantizar la realización de interrupciones voluntarias del embarazo en centros sanitarios públicos y elimina la exigencia de autorización paterna para las menores de 16 y 17 años.

Ley del aborto

La reforma, que introduce medidas novedosas, como las bajas laborales por menstruaciones incapacitantes, mantiene los plazos fijados por ley en 2010 y avalados por el Tribunal Constitucional, con lo que el aborto seguirá siendo libre durante las primeras 14 semanas de gestación.

Excepcionalmente podrá interrumpirse el embarazo hasta la semana 22 cuando exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada o riesgo de graves anomalías para el feto. Después solo será posible cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave e incurable confirmada por un comité clínico.

Interrupción voluntaria del embarazo y anticoncepción

La nueva ley garantizará el acceso efectivo al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la red pública, que será la de referencia.

Las mujeres que lo decidan podrán someterse a esta intervención en el centro hospitalario público más cercano a su domicilio y tendrán derecho a una incapacidad temporal mientras dure su recuperación.

Aborto sin permiso a menores de 16

Las mujeres de 16 y 17 años y las mujeres con discapacidad podrán decidir acerca de su embarazo sin las exigencias actuales de información y tres días de reflexión.

La píldora del día después se dispensará de forma gratuita en los centros de salud y deberá estar disponible de forma obligatoria en todas las farmacias.

Los métodos anticonceptivos se distribuirán sin coste en:

  • institutos
  • centros penitenciarios
  • centros asociados a los servicios sociales

Derechos reproductivos y sexuales de las mujeres

La ley, ha continuado la ministra, también atiende a los derechos de las mujeres que deciden ser madres.

Establece medidas de acompañamiento en el embarazo y de promover buenas prácticas gineco-obstétricas y el parto respetado.

La creación de un nuevo permiso desde la semana 39 de gestación que no restará tiempo al de maternidad.

Baja por reglas dolorosas

Se regula por primera vez una incapacidad temporal pagada íntegramente por el Estado para reglas dolorosas o incapacitantes y se dispensarán gratis productos de higiene menstrual en centros educativos, penitenciarios y sociales para combatir la pobreza menstrual irregular.

La norma reconoce como violencias contra las mujeres:

  • la explotación reproductiva
  • el aborto
  • el embarazo forzado
  • la esterilización y anticoncepción forzosas, en consonancia con el Convenio de Estambul.

Educación sexual

La ley la educación sexual será obligatoria en todas las etapas educativas.

«El aprendizaje de la sexualidad se da con apoyos adecuados o sin ellos y, con esta ley, este Gobierno de coalición progresista y feminista quiere asegurar el derecho de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país a una educación sexual integral», ha concluido Montero.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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