La Policía Nacional, con la colaboración de Europol, ha detenido a 69 personas (dos de ellas en Valencia y una en Alicante) tras desmantelar dos organizaciones criminales que regularizaron a más de mil inmigrantes chinos con contratos ficticios o empadronamientos fraudulentos, que les proporcionaron cinco millones de euros de beneficios.

El entramado criminal, integrado por dos organizaciones asentadas en las provincias de Toledo, Madrid y Guadalajara, disponía de ramificaciones en otras ciudades de España.

Los principales responsables de la red criminal eran quienes contactaban con los clientes y determinaban las tarifas exigidas. Luego una amplia red de colaboradores dotaba a ambas organizaciones de la infraestructura empresarial necesaria, facilitando contratos laborales ficticios y empadronamientos para extranjeros en domicilios donde nunca llegaban a residir.

Ambas organizaciones contaban con la colaboración de gestorías y despachos de abogados para la gestión de documentación con el fin de conseguir tarjetas de residencia de forma indebida, que cobraban a entre 500 y 1.000 euros por cada persona extranjera.

Los implicados también aleccionaban a los extranjeros para las entrevistas que tenían durante el proceso de solicitud de arraigo y les aportaban documentación falsa para simular que viajaban a España para emprender un negocio ficticio a fin de obtener visados tipo D e, incluso, gestionaban matrimonios de conveniencia con el objetivo de conseguir más fácilmente la residencia o nacionalidad.

Cobraban entre 3.000 y 20.000 euros por persona, dependiendo del mecanismo utilizado para su regularización.

La investigación se ha llevado a cabo en dos fases. La primera fase ha culminado con la detención de 35 personas en Toledo (15), Madrid (12), Guadalajara (7) y Palencia (1) por los delitos de pertenencia a organización criminal, favorecimiento de la inmigración ilegal y falsedad documental.

Y la segunda fase ha culminado con 34 detenidos en Madrid (18), Barcelona (3), Palma de Mallorca (3), Valencia (2), Alicante (1), Tarragona (1), Sevilla (1), Córdoba (1), San Sebastián (1), Coruña (1), Logroño (1) y Toledo (1) por el delito de falsedad documental.

Además, se han realizado cinco registros, dos en Toledo, dos en Madrid y una en Guadalajara, en los que se han intervenido siete vehículos de alta gama, 80.000 euros en efectivo, ocho teléfonos móviles y documentación relacionada con la investigación.

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