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La Comunitat Valenciana afronta un déficit crítico de plazas residenciales para mayores

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Residencias mayores Comunidad Valenciana
Selegna Residencia

La Comunitat Valenciana necesita urgentemente 24.801 plazas residenciales para alcanzar la ratio recomendada de 5 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, según el informe de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales. Este déficit sitúa a la Comunitat como la segunda autonomía con mayor falta de plazas, solo por detrás de Andalucía, que registra una carencia de 35.857 plazas.

El estudio también revela que el 61,6 % de las plazas residenciales en la Comunitat Valenciana están ocupadas, una cifra muy inferior a la media nacional del 84,1 %, y que el 66,8 % de las plazas disponibles son de financiación pública, es decir, 18.434 plazas frente a las 9.142 privadas.

A nivel nacional, el déficit de plazas residenciales sigue creciendo: se requieren 89.324 nuevas plazas para cubrir la demanda actual, especialmente de personas en situación de dependencia severa o gran dependencia. Aunque entre 2021 y 2023 se sumaron 6.031 plazas residenciales, este aumento no compensa el crecimiento de la población mayor de 65 años, que ha aumentado en más de 600.000 personas durante el mismo periodo.

A comienzos de 2024, España contaba con 395.065 plazas residenciales, 3.510 menos que en 2023. El índice de cobertura, que mide el porcentaje de plazas por cada 100 mayores de 65 años, se sitúa en su nivel más bajo desde 2010.

Por comunidades, Castilla y León y Castilla-La Mancha son las que cuentan con mayor cobertura de plazas de financiación pública. Por el contrario, Canarias, Murcia y Comunitat Valenciana presentan las tasas más bajas.

Además, la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales critica los escasos avances en el nuevo modelo de cuidados, señalando que los servicios de atención domiciliaria permanecen estancados con una cobertura del 5,5 % y una media de 21,1 horas mensuales de atención, sin mejoras desde 2012.

Estos datos reflejan la necesidad de invertir en residencias y servicios de atención para afrontar el envejecimiento de la población y garantizar la calidad de vida de las personas mayores.

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Valencia

La jueza vuelve a citar al alto cargo de confianza de Mazón tras los WhatsApp de la consellera Pradas

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La exconsellera de Justicia y Emergencias de la Generalitat valenciana Salomé Pradas ofrece declaraciones a los medios a su llegada a declarar, en calidad de investigada ante la Ciudad de la Justicia de Valencia, a 11 de abril de 2025 - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

Sigue la última hora de la investigación de la justicia en la gestión de la DANA:

La investigación judicial sobre la gestión de la reciente emergencia en la Comunitat Valenciana vuelve a intensificarse. La magistrada instructora ha decidido citar por segunda vez a la mano derecha del president Carlos Mazón, después de que la consellera de Medio Ambiente, Salomé Pradas, entregara al juzgado una serie de mensajes de WhatsApp que abren nuevas incógnitas sobre la toma de decisiones durante el episodio crítico.

Los WhatsApp de Pradas reactivan la investigación

La documentación aportada por Pradas la semana pasada ha tenido un efecto inmediato en el proceso judicial. Según fuentes del caso, los mensajes revelan intercambios directos con el alto cargo de Presidencia, en los que se habría tratado información relevante sobre la evolución de la emergencia y la valoración de un posible confinamiento preventivo, finalmente descartado.

Estos mensajes han llevado a la instructora a convocar un nuevo interrogatorio para esclarecer qué datos recibió el asesor de Mazón, cómo los interpretó y qué argumentos dio a la consellera para no activar medidas más restrictivas.

Qué pretende aclarar la jueza

La magistrada busca concretar cuatro puntos:

  1. El tipo de avisos o informes que manejaba el asesor.

  2. Si existía riesgo real que justificara el confinamiento en algún municipio afectado.

  3. El criterio técnico o político utilizado para desaconsejar esa medida.

  4. La coordinación entre Consellerias y Presidencia durante las primeras horas de la emergencia.

Fuentes jurídicas señalan que la intención es determinar si hubo alguna omisión de información, valoración errónea o interferencia política en decisiones que pudieran haber afectado a la seguridad de la población.

Crece la presión sobre el Consell

La nueva citación supone un revés para el equipo de Mazón, que insiste en que la gestión se realizó siguiendo criterios técnicos y con absoluta transparencia. Sin embargo, la aparición de los WhatsApp ha generado inquietud en el seno del Consell, que teme que la causa derive en nuevas declaraciones o peticiones de documentación.

La oposición, por su parte, reclama al president que dé explicaciones públicas y remarca que los mensajes “muestran contradicciones” entre las versiones ofrecidas hasta ahora por distintos cargos del Gobierno valenciano.

El proceso judicial continúa abierto

La jueza mantiene activas las diligencias y no se descartan nuevas comparecencias a medida que se analice el contenido completo de las conversaciones aportadas por Pradas. El juzgado está también a la espera de recibir informes técnicos de distintos departamentos del Consell, así como las comunicaciones oficiales emitidas durante la emergencia.

Mientras tanto, el Consell considera que la investigación sigue su curso normal y pide “prudencia” para no interferir en el procedimiento.

 

 

 

Carta abierta de Maribel Vilaplana sobre su comida con Mazón

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