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Ribó apoya a Grezzi y señala que es «pronto» para pedir responsabilidades por el fraude de EMT València

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VALÈNCIA, 7 Oct. – El alcalde de València, Joan Ribó, ha señalado este lunes que el concejal y presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, cuenta con «todo su apoyo» y ha considerado que en estos momentos es «demasiado pronto» para «determinar el tipo de responsabilidades» que se deben asumir tras el fraude de cuatro millones de euros detectado en la compañía pública de autobuses.

Ribó, en una entrevista a la cadena SER recogida por Europa Press, ha explicado al respecto que si este fraude se hubiera producido con un gobierno del PP, Compromís habría «pedido responsabilidades y si las hay políticas, hubiéramos pedido responsabilidades políticas» porque es «un hecho grave».

No obstante, ha aclarado que en estos momentos es «demasiado pronto» para «determinar el tipo de responsabilidades porque se está al principio de un proceso» y hay tres investigaciones abiertas, la policial, la judicial y la propia de la EMT.

Del mismo modo, preguntado por las declaraciones de Grezzi en las que se ha mostrado molesto por las críticas y ha llegado a amagar con dejar la presidencia de la EMT, ha apuntado que son «cosas que en un momento determinado se dicen y que no tienen mayor importancia».

Ribó ha constatado que la posición del concejal «no es agradable», pero ha recalcado que trabajarán «codo a codo» para aclarar la situación y recuperar el dinero que, aunque «no es fácil, no es imposible».

Asimismo, ha considerado que es «normal» la subida de sueldo al gerente de la EMT, Josep Enric García Alemany, y que es consecuencia de la renovación de su contrato tras cuatro años y se enmarca en los incrementos acordados por el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy con los sindicatos para los trabajadores públicos.

Ribó, preguntado por si considera «estético aunque sea legal» esta subida de sueldo tras haberse producido el fraude, ha señalado que hay una responsable, la responsable del área de administración de la empresa que, en principio, «ha quebrantado todos los protocolos y ha sido despedida». Por ello, ha considerado que «se deben separar las dos cosas».

«Se deben de buscar todas las responsabilidades y está en manos de tres procesos, el policial, el judicial y el que comenzará en la misma EMT, pero en principio todo indica que se han quebrantado todos los mecanismos de seguridad por una decisión de una persona», ha apuntado.

«EXTRAÑA CASUALIDAD»
Al respecto, ha apuntado a «la extraña causalidad» de que el fraude se cometiera en un momento en el que «no estaba el gerente y la responsable financiera estaba de baja por maternidad» cuando son los dos responsables que debían firmar las trasferencias de forma mancomunada, como es «obligatorio en los protocolos de la EMT».

Además, es «muy extraño» que se tuviera conocimiento de que las arcas de la EMT tuvieran «unos recursos que no suelen tener» como consecuencia de que había llegado el dinero del Banco Europeo de Inversiones para la adquisición de autobuses.

Ribó ha apuntado que el fraude se ha producido porque los protocolos que establecen que «cualquier pago debe ir validado por la firma del gerente y de la responsable financiera se han quebrantado», pero aún así ha mantenido que es «un tema delicado que exige una revisión de los protocolos» en un momento en el que los delitos informáticos crece «mucho».

Con todo, ha destacado que los protocolos se introdujeron en 2017 porque «antes no existían», lo que demuestra que «sí que se han hecho cosas para mejorar la seguridad informática», pero en este caso lo que se han hecho es «suplantar una firmas».

De hecho, ha apuntado que es una estafa «clásica» que sufren muchas empresas y que no se publicita al ser privadas, pero que en este caso, al ser pública, sí que se debía dar a conocer.

Ribó ha recordado que esta «gran estafa» se abordará en el Consejo de Administración de este lunes, mientras que este martes se constituye la comisión de investigación para ver «quÉ ha pasado realmente». Además, ha confirmado que el pleno extraordinario que ha solicitado la oposición se celebrará el día 17 de octubre porque antes del 9 d’Octubre –Día de la Comunitat Valenciana– «no podía ser» y él estará del 10 al 15 en la India para coger el testigo de la capital del Diseño.

Fuente: (EUROPA PRESS)

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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