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Ribó habla de «esperanza pero con disciplina» ante la desescalada en València

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El alcalde de la ciudad de València, Joan Ribó, ha enviado este martes un mensaje a la ciudadanía de «esperanza pero con disciplina» tras la sesión extraordinaria de la Junta Local de Protección Civil, un órgano de coordinación que volverá a reunirse si la Generalitat flexibiliza las restricciones vigentes por la covid para «adaptarlas al ámbito municipal».

Según ha explicado el Ayuntamiento, en la reunión de este órgano han participado, por videoconferencia, todos los grupos políticos y técnicos municipales «para tener la visión más amplia posible».

Sobre la evolución del coronavirus, el alcalde ha indicado que «ha mejorado de una forma muy clara en los últimos 15 días», puesto que, según ha indicado, «la incidencia ha bajado drásticamente, y esto lo podemos constatar con datos».

El primer edil ha recordado que el número de personas contagiadas en el término municipal se ha reducido un tercio en las dos últimas semanas, al tiempo que ha destacado que el 99 % de las aulas de los centros escolares de la ciudad funcionan con normalidad.

Asimismo, ha reiterado que la situación «todavía no es para estar tranquilos», porque la incidencia acumulada de la pandemia en la ciudad todavía está por encima de los 400 contagios por cada 100.000 habitantes., según ha informado.

«Vamos por el buen camino, pero no es para estar tranquilos y hay que continuar con máxima disciplina porque ni mucho menos estamos en las franjas de seguridad», ha señalado Ribó, quien también ha dicho que la situación actual «seguramente provocará por parte de la Generalitat cierta relajación de determinadas normas en cuanto al deporte, terrazas, mercados al exterior o confinamiento de ciudades».

Ha afirmado que en el momento que el Ayuntamiento tenga el documento oficial con las nuevas medidas decretadas, la Junta Local de Protección Civil se volverá a reunir para adaptar la situación de la ciudad a estas nuevas normas.

Finalmente, el primer edil ha remarcado que «es una situación de esperanza», pero que a la par «tenemos que mantener la disciplina que hemos ido manteniendo y que se ha demostrado que funciona bien para reducir el impacto del coronavirus».

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El Gobierno aprobará este martes papeles en cinco meses para miles de inmigrantes irregulares

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REGULARIZACIÓN INMIGRANTES
EFE/ Morell/Archivo

El Gobierno aprobará este martes 27 de enero en el Consejo de Ministros una regularización extraordinaria de migrantes mediante real decreto, tras alcanzar un acuerdo entre el PSOE y Podemos. La medida, confirmada por fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, no necesitará la convalidación del Congreso de los Diputados al tratarse de un decreto ley.

El Ejecutivo justifica esta regularización con el objetivo de garantizar derechos y ofrecer seguridad jurídica a una realidad social ya existente en España, donde cientos de miles de personas viven en situación administrativa irregular.

A quién afectará la regularización extraordinaria de migrantes

La regularización extraordinaria estará dirigida a extranjeros que ya se encuentren en España y que puedan acreditar su residencia en el país antes del 31 de diciembre de 2025. Además, los solicitantes deberán demostrar al menos cinco meses de estancia en territorio español mediante documentación como:

  • Certificado de empadronamiento

  • Informes médicos

  • Envíos de dinero

  • Billetes de transporte u otros justificantes

Con la presentación de la solicitud, los beneficiarios obtendrán una autorización provisional de residencia que permitirá trabajar de forma legal y acceder a servicios básicos como la sanidad.

Más de medio millón de migrantes podrían beneficiarse

Según datos de Funcas, en España residían unas 840.000 personas en situación irregular a 1 de enero de 2025. Con el nuevo decreto, alrededor del 60% de este colectivo podría regularizar su situación administrativa, lo que supondría más de medio millón de beneficiarios.

Además, la regularización permitirá suspender procedimientos de retorno o expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso mientras se tramita la solicitud.

Antecedentes: la ILP y el apoyo ciudadano

La medida retoma el mandato de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) RegularizaciónYa, respaldada por más de 700.000 firmas. La toma en consideración de esta iniciativa fue aprobada en 2024 por todos los grupos parlamentarios salvo Vox, aunque el texto ha permanecido bloqueado en el Congreso.

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha sido una de las principales impulsoras del acuerdo, que desveló durante un acto en Madrid. Montero subrayó que la regularización es necesaria para garantizar derechos, combatir la exclusión social y frenar la explotación laboral.

Contexto político del pacto entre PSOE y Podemos

El acuerdo con Podemos se enmarca en la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para reforzar la mayoría parlamentaria y reactivar la agenda legislativa. Esta concesión se suma a otros pactos con socios como ERC o PNV, dentro de una estrategia para consolidar el bloque de gobernabilidad.

Desde Podemos consideran que mantener a cientos de miles de personas en la irregularidad favorece la economía sumergida, la explotación laboral y el auge de discursos racistas, por lo que defienden la regularización como una herramienta de cohesión social.

Plazos y proceso de solicitud

Los migrantes que cumplan los requisitos podrán acogerse a la regularización hasta el próximo 30 de junio. Durante el proceso, se concederá una autorización provisional de residencia, que permitirá trabajar y acceder a servicios básicos mientras se resuelve la situación administrativa definitiva.

Impacto en la política migratoria española

Expertos y think tanks como Funcas han señalado la falta de planificación estructural en la política migratoria española, sin una estrategia clara sobre el volumen y perfil de inmigración. Esta regularización extraordinaria podría suponer un punto de inflexión en la gestión migratoria y en el reconocimiento de derechos a un amplio colectivo de personas que ya forman parte del tejido social y laboral del país.

La aprobación del decreto marcará uno de los movimientos más relevantes del Gobierno en materia migratoria en los últimos años, con implicaciones sociales, económicas y políticas de gran alcance.

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