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Ribó lidera una marcha de alcaldes al Ministerio de Hacienda para exigir inversión en el transporte metropolitano

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El alcalde de València, Joan Ribó, ha encabezado hoy una marcha de representantes institucionales del área metropolitana de València (con más de 30 alcaldes y alcaldesas) al Ministerio de Hacienda para exigir al Gobierno de España que incluya una dotación económica de al menos 38 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 para la Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia. Bajo la premisa “No queremos ser más que nadie, pero tampoco menos que todos”, el alcalde de València, Joan Ribó, ha encabezado la exigencia al ministro de Hacienda de igualdad de trato con otras áreas del Estado.

Ante la ausencia, un año más, de partidas presupuestarias en los PGE 2018, destinadas a financiar el transporte del área metropolitana de València, los alcaldes valencianos han dicho basta. Una delegación encabezada por el alcalde de València, Joan Ribó, se ha desplazado hoy a Madrid en una marcha de alcaldes hasta el Ministerio de Hacienda, donde han hecho entrega de una declaración institucional en favor del transporte metropolitano de València, y su necesaria y justa subvención. “Estamos aquí para manifestar la indignación de la tercera área metropolitana de España que, con más de dos millones de habitantes, no tiene ningún tipo de ayuda del Estado en cuanto a financiación del transporte metropolitano”, ha explicado Joan Ribó.

“Hemos venido para exigir al ministro de Hacienda que aporte los mínimos recursos necesarios para poner en marcha una política metropolitana de movilidad. València, la Comunidad Valenciana, siempre está a la cola en cuanto a la financiación en los PGE, y estamos hartos de ser los últimos de la fila”, ha añadido. El alcalde ha asegurado que la situación del transporte metropolitano “es urgente, y es imprescindible que el Ministerio de Hacienda aporte los recursos que le pedimos, de igual manera que los aporta a Madrid, los aporta a Barcelona y los aporta a Canarias. Esa es la reivindicación fundamental que planteamos”.

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Han participado en la acción también la directora gerente de la Autoridad de Transporte Metropolitano de València (ATMV), María Pérez; y el director general de Obras Públicas, Transporte y Movilidad de la Conselleria, Carlos Domingo.

Tal como se recoge en la declaración, “la Comunidad Valenciana aspira sin éxito, desde 2002, a que el Estado participe en la financiación del transporte metropolitano de Valencia con una aportación de 38 millones de euros. Las razones han ido cambiando, pero el resultado siempre ha sido el mismo”. Frente a otras áreas que disponen de aportaciones estatales desde hace años para realizar un servicio de movilidad adecuado a las necesidades de la ciudadanía, el área metropolitana de València “no ha percibido ni un euro del gobierno central desde hace décadas”; y el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado 2018 “perpetúa” esa ausencia de financiación.

Y esto, a pesar de que en 2017, se creó la Autoridad de Transporte Metropolitano de València, y que desde el gobierno valenciano y desde municipios como el Ayuntamiento de València se ha reivindicado esa partida presupuestaria “en igualdad de condiciones a otras áreas, como por ejemplo Madrid, Canarias o Barcelona”, como se subraya en la declaración presentada al Ministerio.

Tal como ha defendido el alcalde de València, Joan Ribó, “los derechos de los habitantes del área metropolitana de València a acceder a unos servicios de transporte son idénticos a las otras áreas españolas, pero para poder ejercerlos de manera efectiva es imprescindible disponer de medios financieros equivalentes a los otros sistemas de transporte metropolitano”. Hay que tener en cuenta que, de cara al próximo año, los PGE prevén de nuevo 0 euros para València, mientras que Madrid o Barcelona recibirán 126,9 y 109,3 millones de euros, respectivamente, o Canarias, que este año casi duplica la aportación del año pasado, con 47 millones.

Después de la entrega de la Declaración en la sede del Ministerio de Hacienda, la delegación de alcaldes valencianos encabezada por Joan Ribó ha participado en una reunión con los portavoces de los grupos parlamentarios Socialista, Unidos Podemos y Compromís, del Congreso de los Diputados.

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Nueva ley del alquiler: qué pasará con tu vivienda a partir de ahora

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Vivienda en alquiler ARCHIVO OFFICIAL PRESS

El Gobierno aprueba medidas para frenar el encarecimiento del alquiler y proteger a los inquilinos

El Gobierno ha aprobado el Real Decreto-ley 8/2026 con nuevas medidas urgentes en materia de alquiler, con el objetivo de contener el aumento de precios y proteger a los inquilinos ante el impacto económico derivado de la guerra en Irán.

Esta nueva normativa introduce cambios clave en los contratos de alquiler de vivienda habitual, especialmente en lo relativo a la prórroga de contratos y a la limitación de las subidas de la renta.

Entre las principales medidas destacan:

  • Prórroga extraordinaria de contratos de hasta dos años
  • Límite máximo del 2% en la subida del alquiler
  • Medidas específicas para grandes tenedores y propietarios particulares

Prórroga obligatoria de los contratos de alquiler

El artículo 1 del decreto establece que los contratos de alquiler de vivienda habitual que finalicen entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 podrán prorrogarse.

  • El inquilino podrá solicitar una prórroga extraordinaria de hasta 2 años
  • El propietario estará obligado a aceptarla
  • Se mantendrán las mismas condiciones del contrato

Solo se podrá rechazar esta prórroga si el propietario acredita la necesidad de recuperar la vivienda para uso propio o familiar, según la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

Es importante tener en cuenta que, si el decreto no es convalidado por el Congreso, estas medidas dejarían de aplicarse a futuros contratos.

Límite del 2% en la subida del alquiler

Para evitar que la inflación se traslade al precio de la vivienda, la ley fija un tope del 2% en la actualización anual del alquiler.

Diferencias según el tipo de propietario

  • Grandes tenedores:
    El incremento no podrá superar el 2%, aunque exista acuerdo entre las partes
  • Propietarios particulares:
    • Se puede pactar la subida
    • Si no hay acuerdo, el máximo será del 2%
    • Nunca podrá superar el límite legal vinculado al IPC

Se considera gran tenedor a quien posee más de 10 viviendas o más de 1.500 m² de uso residencial.

Cómo afecta la nueva ley a los inquilinos

Esta normativa afecta directamente a quienes viven de alquiler en vivienda habitual regulada por la LAU.

Si finaliza el contrato

Si tu contrato termina entre marzo de 2026 y diciembre de 2027:

  • Podrás solicitar una prórroga de hasta dos años
  • Mantendrás el mismo precio y condiciones

Los expertos recomiendan solicitar esta prórroga mediante burofax para dejar constancia legal.

Si se revisa el precio anual

  • La subida no podrá superar el 2% en la mayoría de casos
  • Se limita el impacto de la inflación en el alquiler

Cómo afecta a los propietarios

Las obligaciones varían en función del tipo de arrendador.

Si el contrato finaliza

  • Están obligados a aceptar la prórroga si el inquilino la solicita
  • La prórroga será anual, hasta un máximo de dos años
  • Solo podrán negarse por causas justificadas

Si se actualiza el precio

  • Caseros particulares: podrán pactar el incremento
  • Grandes tenedores: limitación obligatoria del 2%

Impacto económico y contexto de la medida

El Gobierno ha aprobado esta normativa como respuesta al aumento de precios provocado por la guerra en Irán, que ha disparado los costes energéticos y la inflación.

El objetivo es evitar una crisis habitacional y garantizar la estabilidad de los hogares en un contexto económico incierto.

Calculadora para calcular la subida del alquiler

Algunas plataformas han desarrollado herramientas para calcular el incremento máximo permitido del 2%, facilitando tanto a inquilinos como a propietarios conocer cómo aplicar la nueva normativa.

Una medida clave para el mercado del alquiler

El Real Decreto-ley 8/2026 refuerza el control sobre el mercado del alquiler en España, limitando las subidas de precios y garantizando la continuidad de los contratos en un periodo de incertidumbre económica.

Estas medidas buscan equilibrar la protección de los inquilinos con la seguridad jurídica de los propietarios.

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