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Ribó lidera una marcha de alcaldes al Ministerio de Hacienda para exigir inversión en el transporte metropolitano

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El alcalde de València, Joan Ribó, ha encabezado hoy una marcha de representantes institucionales del área metropolitana de València (con más de 30 alcaldes y alcaldesas) al Ministerio de Hacienda para exigir al Gobierno de España que incluya una dotación económica de al menos 38 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 para la Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia. Bajo la premisa “No queremos ser más que nadie, pero tampoco menos que todos”, el alcalde de València, Joan Ribó, ha encabezado la exigencia al ministro de Hacienda de igualdad de trato con otras áreas del Estado.

Ante la ausencia, un año más, de partidas presupuestarias en los PGE 2018, destinadas a financiar el transporte del área metropolitana de València, los alcaldes valencianos han dicho basta. Una delegación encabezada por el alcalde de València, Joan Ribó, se ha desplazado hoy a Madrid en una marcha de alcaldes hasta el Ministerio de Hacienda, donde han hecho entrega de una declaración institucional en favor del transporte metropolitano de València, y su necesaria y justa subvención. “Estamos aquí para manifestar la indignación de la tercera área metropolitana de España que, con más de dos millones de habitantes, no tiene ningún tipo de ayuda del Estado en cuanto a financiación del transporte metropolitano”, ha explicado Joan Ribó.

“Hemos venido para exigir al ministro de Hacienda que aporte los mínimos recursos necesarios para poner en marcha una política metropolitana de movilidad. València, la Comunidad Valenciana, siempre está a la cola en cuanto a la financiación en los PGE, y estamos hartos de ser los últimos de la fila”, ha añadido. El alcalde ha asegurado que la situación del transporte metropolitano “es urgente, y es imprescindible que el Ministerio de Hacienda aporte los recursos que le pedimos, de igual manera que los aporta a Madrid, los aporta a Barcelona y los aporta a Canarias. Esa es la reivindicación fundamental que planteamos”.

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Han participado en la acción también la directora gerente de la Autoridad de Transporte Metropolitano de València (ATMV), María Pérez; y el director general de Obras Públicas, Transporte y Movilidad de la Conselleria, Carlos Domingo.

Tal como se recoge en la declaración, “la Comunidad Valenciana aspira sin éxito, desde 2002, a que el Estado participe en la financiación del transporte metropolitano de Valencia con una aportación de 38 millones de euros. Las razones han ido cambiando, pero el resultado siempre ha sido el mismo”. Frente a otras áreas que disponen de aportaciones estatales desde hace años para realizar un servicio de movilidad adecuado a las necesidades de la ciudadanía, el área metropolitana de València “no ha percibido ni un euro del gobierno central desde hace décadas”; y el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado 2018 “perpetúa” esa ausencia de financiación.

Y esto, a pesar de que en 2017, se creó la Autoridad de Transporte Metropolitano de València, y que desde el gobierno valenciano y desde municipios como el Ayuntamiento de València se ha reivindicado esa partida presupuestaria “en igualdad de condiciones a otras áreas, como por ejemplo Madrid, Canarias o Barcelona”, como se subraya en la declaración presentada al Ministerio.

Tal como ha defendido el alcalde de València, Joan Ribó, “los derechos de los habitantes del área metropolitana de València a acceder a unos servicios de transporte son idénticos a las otras áreas españolas, pero para poder ejercerlos de manera efectiva es imprescindible disponer de medios financieros equivalentes a los otros sistemas de transporte metropolitano”. Hay que tener en cuenta que, de cara al próximo año, los PGE prevén de nuevo 0 euros para València, mientras que Madrid o Barcelona recibirán 126,9 y 109,3 millones de euros, respectivamente, o Canarias, que este año casi duplica la aportación del año pasado, con 47 millones.

Después de la entrega de la Declaración en la sede del Ministerio de Hacienda, la delegación de alcaldes valencianos encabezada por Joan Ribó ha participado en una reunión con los portavoces de los grupos parlamentarios Socialista, Unidos Podemos y Compromís, del Congreso de los Diputados.

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España reabre el debate sobre el burka entre seguridad, derechos y política

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Un nuevo frente político por la regulación del burka

El debate sobre la prohibición del burka y el nicab en espacios públicos ha vuelto al primer plano político en España después de que Junts anunciara que no apoyará la propuesta presentada por Vox en el Congreso, pese a coincidir en su rechazo al uso del velo integral.

La formación vinculada a Carles Puigdemont ha registrado su propio proyecto de ley, que incluiría la prohibición de estas prendas en espacios públicos junto con la petición de delegación de competencias estatales en materia de seguridad e identificación de personas, asegurando que la iniciativa será “rigurosa” y alineada con estándares europeos.


🏛️ El rechazo de Junts bloquea la iniciativa de Vox

El voto en contra de Junts dificulta que la proposición de Vox prospere, incluso contando con el apoyo del Partido Popular.

Desde la formación catalana sostienen que se oponen al burka por considerarlo una forma de opresión, pero rechazan respaldar iniciativas de Vox, a quien acusan de mantener posiciones contrarias a los derechos humanos y a Cataluña.

Por su parte, Vox ha criticado la decisión y ha acusado a Junts de actuar por cálculo electoral, defendiendo que la prohibición responde a la protección de los valores culturales y de la igualdad entre hombres y mujeres.


🌍 ¿Qué ocurre en Europa con el burka y el nicab?

Varios países europeos han aprobado restricciones al velo integral en espacios públicos —como Francia, Bélgica o Austria— principalmente por motivos de seguridad, identificación y laicidad, lo que sirve de referencia en el debate español.

El argumento habitual en Europa combina tres ejes:

  • Seguridad pública e identificación

  • Neutralidad en espacios comunes

  • Igualdad de género


📊 Posibles consecuencias para España

1️⃣ Impacto político y polarización

La discusión puede intensificar la polarización política y convertirse en un tema central del debate sobre inmigración, identidad cultural y derechos individuales.

2️⃣ Debate jurídico y constitucional

Una eventual prohibición podría enfrentarse a recursos legales por posibles conflictos con derechos fundamentales como la libertad religiosa y la libertad individual.

3️⃣ Integración social y convivencia

Algunos expertos advierten que medidas restrictivas pueden dificultar la integración si se perciben como estigmatizantes, mientras que otros sostienen que favorecen la cohesión social y la igualdad.

4️⃣ Implicaciones en seguridad

Los defensores argumentan que facilitaría la identificación en espacios públicos, especialmente en ámbitos sensibles como edificios oficiales o transportes.

5️⃣ Repercusión internacional

La decisión podría influir en la imagen de España en materia de derechos civiles y políticas migratorias dentro de la Unión Europea.


👩‍⚖️ Feminismo, religión y libertad: un debate complejo

El uso del burka y el nicab genera un intenso debate entre quienes lo consideran una expresión religiosa o cultural y quienes lo ven como un símbolo de desigualdad de género. Esta tensión refleja un dilema más amplio entre proteger libertades individuales y promover valores de igualdad.


🔎 Un tema que seguirá en la agenda

Con propuestas legislativas en marcha y posiciones políticas enfrentadas, el debate sobre el velo integral en España seguirá evolucionando en los próximos meses, especialmente en un contexto de creciente discusión sobre inmigración y convivencia cultural.

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