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Ribó lidera una marcha de alcaldes al Ministerio de Hacienda para exigir inversión en el transporte metropolitano

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El alcalde de València, Joan Ribó, ha encabezado hoy una marcha de representantes institucionales del área metropolitana de València (con más de 30 alcaldes y alcaldesas) al Ministerio de Hacienda para exigir al Gobierno de España que incluya una dotación económica de al menos 38 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 para la Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia. Bajo la premisa “No queremos ser más que nadie, pero tampoco menos que todos”, el alcalde de València, Joan Ribó, ha encabezado la exigencia al ministro de Hacienda de igualdad de trato con otras áreas del Estado.

Ante la ausencia, un año más, de partidas presupuestarias en los PGE 2018, destinadas a financiar el transporte del área metropolitana de València, los alcaldes valencianos han dicho basta. Una delegación encabezada por el alcalde de València, Joan Ribó, se ha desplazado hoy a Madrid en una marcha de alcaldes hasta el Ministerio de Hacienda, donde han hecho entrega de una declaración institucional en favor del transporte metropolitano de València, y su necesaria y justa subvención. “Estamos aquí para manifestar la indignación de la tercera área metropolitana de España que, con más de dos millones de habitantes, no tiene ningún tipo de ayuda del Estado en cuanto a financiación del transporte metropolitano”, ha explicado Joan Ribó.

“Hemos venido para exigir al ministro de Hacienda que aporte los mínimos recursos necesarios para poner en marcha una política metropolitana de movilidad. València, la Comunidad Valenciana, siempre está a la cola en cuanto a la financiación en los PGE, y estamos hartos de ser los últimos de la fila”, ha añadido. El alcalde ha asegurado que la situación del transporte metropolitano “es urgente, y es imprescindible que el Ministerio de Hacienda aporte los recursos que le pedimos, de igual manera que los aporta a Madrid, los aporta a Barcelona y los aporta a Canarias. Esa es la reivindicación fundamental que planteamos”.

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Han participado en la acción también la directora gerente de la Autoridad de Transporte Metropolitano de València (ATMV), María Pérez; y el director general de Obras Públicas, Transporte y Movilidad de la Conselleria, Carlos Domingo.

Tal como se recoge en la declaración, “la Comunidad Valenciana aspira sin éxito, desde 2002, a que el Estado participe en la financiación del transporte metropolitano de Valencia con una aportación de 38 millones de euros. Las razones han ido cambiando, pero el resultado siempre ha sido el mismo”. Frente a otras áreas que disponen de aportaciones estatales desde hace años para realizar un servicio de movilidad adecuado a las necesidades de la ciudadanía, el área metropolitana de València “no ha percibido ni un euro del gobierno central desde hace décadas”; y el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado 2018 “perpetúa” esa ausencia de financiación.

Y esto, a pesar de que en 2017, se creó la Autoridad de Transporte Metropolitano de València, y que desde el gobierno valenciano y desde municipios como el Ayuntamiento de València se ha reivindicado esa partida presupuestaria “en igualdad de condiciones a otras áreas, como por ejemplo Madrid, Canarias o Barcelona”, como se subraya en la declaración presentada al Ministerio.

Tal como ha defendido el alcalde de València, Joan Ribó, “los derechos de los habitantes del área metropolitana de València a acceder a unos servicios de transporte son idénticos a las otras áreas españolas, pero para poder ejercerlos de manera efectiva es imprescindible disponer de medios financieros equivalentes a los otros sistemas de transporte metropolitano”. Hay que tener en cuenta que, de cara al próximo año, los PGE prevén de nuevo 0 euros para València, mientras que Madrid o Barcelona recibirán 126,9 y 109,3 millones de euros, respectivamente, o Canarias, que este año casi duplica la aportación del año pasado, con 47 millones.

Después de la entrega de la Declaración en la sede del Ministerio de Hacienda, la delegación de alcaldes valencianos encabezada por Joan Ribó ha participado en una reunión con los portavoces de los grupos parlamentarios Socialista, Unidos Podemos y Compromís, del Congreso de los Diputados.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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