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Ribó lidera una marcha de alcaldes al Ministerio de Hacienda para exigir inversión en el transporte metropolitano

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El alcalde de València, Joan Ribó, ha encabezado hoy una marcha de representantes institucionales del área metropolitana de València (con más de 30 alcaldes y alcaldesas) al Ministerio de Hacienda para exigir al Gobierno de España que incluya una dotación económica de al menos 38 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 para la Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia. Bajo la premisa “No queremos ser más que nadie, pero tampoco menos que todos”, el alcalde de València, Joan Ribó, ha encabezado la exigencia al ministro de Hacienda de igualdad de trato con otras áreas del Estado.

Ante la ausencia, un año más, de partidas presupuestarias en los PGE 2018, destinadas a financiar el transporte del área metropolitana de València, los alcaldes valencianos han dicho basta. Una delegación encabezada por el alcalde de València, Joan Ribó, se ha desplazado hoy a Madrid en una marcha de alcaldes hasta el Ministerio de Hacienda, donde han hecho entrega de una declaración institucional en favor del transporte metropolitano de València, y su necesaria y justa subvención. “Estamos aquí para manifestar la indignación de la tercera área metropolitana de España que, con más de dos millones de habitantes, no tiene ningún tipo de ayuda del Estado en cuanto a financiación del transporte metropolitano”, ha explicado Joan Ribó.

“Hemos venido para exigir al ministro de Hacienda que aporte los mínimos recursos necesarios para poner en marcha una política metropolitana de movilidad. València, la Comunidad Valenciana, siempre está a la cola en cuanto a la financiación en los PGE, y estamos hartos de ser los últimos de la fila”, ha añadido. El alcalde ha asegurado que la situación del transporte metropolitano “es urgente, y es imprescindible que el Ministerio de Hacienda aporte los recursos que le pedimos, de igual manera que los aporta a Madrid, los aporta a Barcelona y los aporta a Canarias. Esa es la reivindicación fundamental que planteamos”.

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Han participado en la acción también la directora gerente de la Autoridad de Transporte Metropolitano de València (ATMV), María Pérez; y el director general de Obras Públicas, Transporte y Movilidad de la Conselleria, Carlos Domingo.

Tal como se recoge en la declaración, “la Comunidad Valenciana aspira sin éxito, desde 2002, a que el Estado participe en la financiación del transporte metropolitano de Valencia con una aportación de 38 millones de euros. Las razones han ido cambiando, pero el resultado siempre ha sido el mismo”. Frente a otras áreas que disponen de aportaciones estatales desde hace años para realizar un servicio de movilidad adecuado a las necesidades de la ciudadanía, el área metropolitana de València “no ha percibido ni un euro del gobierno central desde hace décadas”; y el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado 2018 “perpetúa” esa ausencia de financiación.

Y esto, a pesar de que en 2017, se creó la Autoridad de Transporte Metropolitano de València, y que desde el gobierno valenciano y desde municipios como el Ayuntamiento de València se ha reivindicado esa partida presupuestaria “en igualdad de condiciones a otras áreas, como por ejemplo Madrid, Canarias o Barcelona”, como se subraya en la declaración presentada al Ministerio.

Tal como ha defendido el alcalde de València, Joan Ribó, “los derechos de los habitantes del área metropolitana de València a acceder a unos servicios de transporte son idénticos a las otras áreas españolas, pero para poder ejercerlos de manera efectiva es imprescindible disponer de medios financieros equivalentes a los otros sistemas de transporte metropolitano”. Hay que tener en cuenta que, de cara al próximo año, los PGE prevén de nuevo 0 euros para València, mientras que Madrid o Barcelona recibirán 126,9 y 109,3 millones de euros, respectivamente, o Canarias, que este año casi duplica la aportación del año pasado, con 47 millones.

Después de la entrega de la Declaración en la sede del Ministerio de Hacienda, la delegación de alcaldes valencianos encabezada por Joan Ribó ha participado en una reunión con los portavoces de los grupos parlamentarios Socialista, Unidos Podemos y Compromís, del Congreso de los Diputados.

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Ley de Extranjería: claves de la reforma migratoria que podría regularizar a 900.000 personas

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El nuevo reglamento simplifica trámites, introduce nuevos tipos de arraigo y abre la puerta a una regularización masiva de inmigrantes

La reforma de la Ley de Extranjería aprobada por el Consejo de Ministros en noviembre de 2024 entra hoy oficialmente en vigor en España. El nuevo Reglamento de Extranjería, presentado por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, tiene como objetivo simplificar procedimientos, eliminar duplicidades y reforzar el enfoque de derechos humanos en la política migratoria.


🧾 Regularización masiva de inmigrantes en España: ¿a quiénes afecta?

El Gobierno de Pedro Sánchez prevé regularizar a unas 900.000 personas en situación administrativa irregular en un plazo de tres años. Según informa El País, esta medida afectaría a quienes ya residían en territorio español antes del 31 de diciembre de 2024. Aunque no ha sido presentada como una regularización masiva explícita, la flexibilización del arraigo facilitará el proceso de legalización para miles de inmigrantes.


🆕 Cambios clave en la Ley de Extranjería 2025

✅ Nuevas modalidades de arraigo

La nueva ley unifica y redefine los tipos de arraigo, que pasan a ser cinco:

  1. Arraigo social

  2. Arraigo laboral

  3. Arraigo familiar

  4. Arraigo formativo (socioformativo)

  5. Arraigo de segunda oportunidad

Entre los principales cambios destacan:

  • Reducción del periodo mínimo de permanencia en España para acceder al arraigo de 3 a 2 años.

  • Posibilidad de trabajar desde el primer día tanto por cuenta propia como ajena.

  • Los solicitantes de asilo rechazados podrán acceder al arraigo tras solo seis meses, en lugar de dos años.


⚠️ Polémica: el asilo ya no computa para el arraigo

Una de las medidas más polémicas del nuevo reglamento es que el tiempo de residencia como solicitante de protección internacional no contará para acceder al arraigo. Esto deja a muchas personas en riesgo de irregularidad sobrevenida, lo que ha provocado reacciones críticas por parte de ONG y asociaciones de derechos humanos como CEAR, Cáritas, Red Acoge o el Servicio Jesuita a Migrantes, que han presentado un recurso ante el Tribunal Supremo.

El Defensor del Pueblo también ha alertado en su informe registrado en las Cortes Generales de que esta disposición podría dejar sin cobertura a miles de menores.


✈️ Visados y autorizaciones de residencia: novedades destacadas

El nuevo reglamento introduce varias reformas relevantes:

  • Visado para la búsqueda de empleo: se amplía su duración de 3 meses a 1 año.

  • Autorizaciones iniciales: ahora serán de 1 año y las renovaciones pasarán a ser de 4 años.

  • Residencia para familiares de ciudadanos españoles: se mejora la reagrupación familiar y se amplía la edad máxima de los hijos beneficiarios de 21 a 26 años.

  • Estudiantes extranjeros: podrán trabajar hasta 30 horas semanales mientras cursan sus estudios y enlazar fácilmente con permisos de trabajo al finalizar su formación.


💬 Reacciones políticas: Vox critica la reforma y pide su endurecimiento

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha calificado la nueva Ley de Extranjería como una “tomadura de pelo” y ha criticado que «la nacionalidad no puede ser un regalo ni un arma política». El partido ha registrado una iniciativa parlamentaria para endurecer la legislación migratoria, eliminando las vías de regularización a través del arraigo.

“La inmigración irregular agrava la inseguridad, precariza el empleo y colapsa los servicios públicos”, ha declarado Millán, acusando al Ejecutivo de poner en riesgo la identidad y estabilidad del país.


Una reforma ambiciosa, pero controvertida

La entrada en vigor de esta reforma representa un cambio profundo en la gestión de la inmigración en España, con medidas que, según el Gobierno, responden a una visión más inclusiva y respetuosa de los derechos humanos. Sin embargo, la controversia política y jurídica en torno a sus implicaciones prácticas podría marcar el debate migratorio en los próximos meses.

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