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Ribó lidera una marcha de alcaldes al Ministerio de Hacienda para exigir inversión en el transporte metropolitano

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El alcalde de València, Joan Ribó, ha encabezado hoy una marcha de representantes institucionales del área metropolitana de València (con más de 30 alcaldes y alcaldesas) al Ministerio de Hacienda para exigir al Gobierno de España que incluya una dotación económica de al menos 38 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 para la Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia. Bajo la premisa “No queremos ser más que nadie, pero tampoco menos que todos”, el alcalde de València, Joan Ribó, ha encabezado la exigencia al ministro de Hacienda de igualdad de trato con otras áreas del Estado.

Ante la ausencia, un año más, de partidas presupuestarias en los PGE 2018, destinadas a financiar el transporte del área metropolitana de València, los alcaldes valencianos han dicho basta. Una delegación encabezada por el alcalde de València, Joan Ribó, se ha desplazado hoy a Madrid en una marcha de alcaldes hasta el Ministerio de Hacienda, donde han hecho entrega de una declaración institucional en favor del transporte metropolitano de València, y su necesaria y justa subvención. “Estamos aquí para manifestar la indignación de la tercera área metropolitana de España que, con más de dos millones de habitantes, no tiene ningún tipo de ayuda del Estado en cuanto a financiación del transporte metropolitano”, ha explicado Joan Ribó.

“Hemos venido para exigir al ministro de Hacienda que aporte los mínimos recursos necesarios para poner en marcha una política metropolitana de movilidad. València, la Comunidad Valenciana, siempre está a la cola en cuanto a la financiación en los PGE, y estamos hartos de ser los últimos de la fila”, ha añadido. El alcalde ha asegurado que la situación del transporte metropolitano “es urgente, y es imprescindible que el Ministerio de Hacienda aporte los recursos que le pedimos, de igual manera que los aporta a Madrid, los aporta a Barcelona y los aporta a Canarias. Esa es la reivindicación fundamental que planteamos”.

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Han participado en la acción también la directora gerente de la Autoridad de Transporte Metropolitano de València (ATMV), María Pérez; y el director general de Obras Públicas, Transporte y Movilidad de la Conselleria, Carlos Domingo.

Tal como se recoge en la declaración, “la Comunidad Valenciana aspira sin éxito, desde 2002, a que el Estado participe en la financiación del transporte metropolitano de Valencia con una aportación de 38 millones de euros. Las razones han ido cambiando, pero el resultado siempre ha sido el mismo”. Frente a otras áreas que disponen de aportaciones estatales desde hace años para realizar un servicio de movilidad adecuado a las necesidades de la ciudadanía, el área metropolitana de València “no ha percibido ni un euro del gobierno central desde hace décadas”; y el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado 2018 “perpetúa” esa ausencia de financiación.

Y esto, a pesar de que en 2017, se creó la Autoridad de Transporte Metropolitano de València, y que desde el gobierno valenciano y desde municipios como el Ayuntamiento de València se ha reivindicado esa partida presupuestaria “en igualdad de condiciones a otras áreas, como por ejemplo Madrid, Canarias o Barcelona”, como se subraya en la declaración presentada al Ministerio.

Tal como ha defendido el alcalde de València, Joan Ribó, “los derechos de los habitantes del área metropolitana de València a acceder a unos servicios de transporte son idénticos a las otras áreas españolas, pero para poder ejercerlos de manera efectiva es imprescindible disponer de medios financieros equivalentes a los otros sistemas de transporte metropolitano”. Hay que tener en cuenta que, de cara al próximo año, los PGE prevén de nuevo 0 euros para València, mientras que Madrid o Barcelona recibirán 126,9 y 109,3 millones de euros, respectivamente, o Canarias, que este año casi duplica la aportación del año pasado, con 47 millones.

Después de la entrega de la Declaración en la sede del Ministerio de Hacienda, la delegación de alcaldes valencianos encabezada por Joan Ribó ha participado en una reunión con los portavoces de los grupos parlamentarios Socialista, Unidos Podemos y Compromís, del Congreso de los Diputados.

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Sánchez admite cobros en efectivo de menos de 1.000 € pero niega financiación ilegal

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Pedro Sánchez-EUROPA PRESS

En una sesión muy tensa de la comisión de investigación del Senado sobre el Caso Koldo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, admitió que en su etapa como secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) pudo recibir en “alguna ocasión” pagos en efectivo para “liquidar gastos”, pero insistió en que nunca superaron los 1.000 euros por operación y siempre se realizaron contra justificante o factura.

El mandatario subrayó que dichos pagos fueron “anecdóticos” y rechazó de forma rotunda la existencia de financiación ilegal en su partido. “En el PSOE no existen sobresueldos”, afirmó con contundencia, y defendió que las fuentes de financiación del partido son “legales” y trazables.


Detalles de la admisión y matices

Sánchez explicó que esos pagos en metálico se realizaron cuando ejercía como secretario general del PSOE, bajo el procedimiento habitual del partido: solicitud de gasto, factura o justificante, y rembolso.

“Estoy convencido de que en alguna ocasión he podido liquidar gastos siempre contra factura”, declaró el presidente.

Sin embargo, el presidente del Gobierno no precisó la cuantía total de los pagos que ha recibido. “Sobre cifras no le puedo responder en concreto porque fueron anecdóticos”, dijo ante la senadora de UPN, María del Mar Caballero.

A preguntas del senador de Vox, Ángel Pelayo, respecto al límite máximo legal para pagos en efectivo (1.000 euros), Sánchez respondió que esos pagos “en ningún caso” lo superaron.


Negación de financiación ilegal y críticas a la comisión

Sánchez utilizó buena parte de su intervención para rechazar las insinuaciones de la oposición y para cuestionar las motivaciones de la comisión investigadora. Calificó la sesión de “comisión de difamación” y llegó a afirmar que “esto es un circo”, lo que provocó reproches del presidente de la comisión del Senado, Eloy Suárez, y de otros grupos parlamentarios.

Además, defendió la “trazabilidad” de las cuentas del PSOE, señalando que tanto él como su partido han actuado con transparencia frente a los hechos que investigan los tribunales, mencionando que su Gobierno, junto al de José Luis Rodríguez Zapatero, han sido los “más limpios y honestos de la historia de la democracia”.


Interrogatorios, evasivas y asuntos pendientes

La sesión, que comenzó a las 9:00 h en la Sala Clara Campoamor del Senado, se prolongó más de cinco horas con interrogatorios por parte de numerosos grupos parlamentarios (excepto el PNV).

Durante el interrogatorio, Sánchez respondió en múltiples ocasiones con expresiones como “no me consta” o “no tengo constancia” cuando se le preguntó sobre detalles específicos relacionados con la trama, como los pagos realizados por el exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García o el rescate de la aerolínea Air Europa.

En concreto:

  • Negó que su mujer, Begoña Gómez, tuviera vinculación alguna con el rescate de Air Europa, afirmando que los informes de la unidad de la Guardia Civil descartaban su implicación.

  • Sobre el cese de Ábalos en 2021, aseguró que no fue motivado por los escándalos investigados, sino por una necesidad de renovación del Gobierno tras la pandemia y la desescalada.

  • Finalmente, cuando el senador del PP, Alejo Miranda, le retó a un careo con Ábalos y el empresario Víctor de Aldama, Sánchez rehusó contestar directamente.


Implicaciones políticas y próximas etapas

Esta comparecencia de Sánchez marca un momento clave en el desarrollo del Caso Koldo. Sus declaraciones tienen varias implicaciones:

  • Reactiva el debate público sobre la financiación de partidos y el uso de efectivo en las formaciones políticas.

  • Pone foco en la credibilidad del presidente del Gobierno, que ha admitido cobros en metálico pese a los límites legales, aunque lo ha hecho dentro de la legalidad según su versión.

  • Agrava el enfrentamiento político entre el Gobierno y la oposición (PP, Vox, UPN) que busca que esta sesión derive en responsabilidades políticas o judiciales.

  • Refuerza la presión para que se faciliten documentos, se aclaren pagos en metálico vinculados al PSOE y se depuren responsabilidades en el interior del partido.

La comisión sigue abierta y todavía quedan por comparecer más testigos y cargos vinculados al caso. El Ejecutivo y el PSOE habrán de hacer frente a nuevas interpelaciones, mientras la oposición insiste en que esta sesión ha sido sólo el primer paso para revelar lo que consideran una “financiación irregular” del partido.

 

Una cita histórica en el Senado

La sesión comenzará a las 9:00 horas y se espera que se prolongue durante más de seis horas. Sánchez deberá responder ante los senadores sobre los contratos, licencias y operaciones del Gobierno presuntamente relacionadas con la intermediación de Koldo García, exasesor de Ábalos y una de las figuras centrales del caso.

La comparecencia, solicitada por el Partido Popular, llega en un momento político especialmente tenso para el Ejecutivo, marcado por el desgaste de su pacto con Junts, las sospechas de financiación ilegal en el PSOE y la presión creciente de la oposición.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anticipado un interrogatorio directo y sin concesiones. “¿Piensa decir la verdad o va a seguir haciendo de Pedro Sánchez?”, ironizó el dirigente gallego en la víspera de la cita.

Sánchez rompe el silencio dos años después

El presidente no comparecía en el Senado desde marzo de 2024, y lo hace ahora obligado por la normativa parlamentaria, que establece que debe asistir al menos una vez al mes al pleno de la Cámara Alta desde el inicio del curso político.

Para esta sesión, Sánchez contará con el respaldo de su equipo más cercano: el ministro de Justicia, Félix Bolaños; el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas; y el director de Asuntos Institucionales, Iván García Yustos.

La comparecencia tendrá lugar en la misma sala en la que ya declararon José Luis Ábalos y Koldo García, piezas clave del caso que investiga la presunta adjudicación irregular de contratos públicos durante la pandemia.

Una comisión marcada por el caso Koldo y la sombra de la corrupción

La de Sánchez será la segunda comparecencia de un presidente del Gobierno en una comisión de investigación en democracia —la primera fue la de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004 por los atentados del 11M—, aunque en este caso con un matiz inédito: es la primera vez que un presidente acude para rendir cuentas por un caso de corrupción que afecta a su propio partido.

La investigación judicial apunta a la posible existencia de una “caja B” en el PSOE y a movimientos económicos vinculados a antiguos dirigentes. El exgerente del partido, Mariano Moreno Pavón, ha implicado en sus declaraciones a varios cargos, mientras que Santos Cerdán, exsecretario de Organización, continúa en prisión preventiva en Soto del Real.

Moncloa busca rebajar la tensión antes del interrogatorio

En la víspera de su comparecencia, Moncloa ha intentado reducir el ruido político. Durante la Sesión de Control celebrada este martes en el Congreso, marcada por su brevedad debido al funeral de Estado por las víctimas de la DANA, Sánchez evitó entrar al choque con la oposición.

El presidente centró su discurso en un tono institucional, recordando a las víctimas y elogiando la unidad mostrada durante el homenaje en València. Fuentes del Gobierno explican que el objetivo es mantener la calma y proyectar una imagen de responsabilidad antes de un interrogatorio que se prevé bronco.

Un examen político y moral

La cita de este miércoles no solo pondrá a prueba la capacidad dialéctica de Pedro Sánchez, sino también su credibilidad política y su liderazgo dentro del PSOE. En un contexto de creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones y de erosión interna en el partido, el presidente buscará exhibir firmeza, transparencia y control frente a los ataques de la oposición.

Mientras tanto, desde el Partido Popular se insiste en que esta comparecencia debe servir para “arrojar luz” sobre la gestión de los fondos públicos durante la pandemia y sobre la supuesta red de comisiones ilegales.

Sea cual sea el resultado, lo cierto es que la sesión de este miércoles quedará registrada como un momento inédito en la historia reciente de la democracia española: el día en que un presidente del Gobierno compareció ante el Senado para responder por un caso de corrupción que golpea directamente a su propio partido.

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