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Así afecta el nuevo salario mínimo interprofesional según tu lugar de residencia

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Crisis en el PSOE en directo hoy: Última hora
La vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. EFE/J.J. Guillén/Archivo

Retenciones del SMI en 2024: Diferencias de Hasta 76 Euros Según la Comunidad Autónoma

Madrid, 12 feb (EFE) – La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 16.576 euros brutos anuales conllevará la aplicación de retenciones del IRPF para algunos trabajadores, generando diferencias significativas según la comunidad autónoma de residencia.

Según cálculos del Consejo General de Economistas (CGE), un contribuyente soltero y sin hijos tendrá retenciones que oscilarán entre 280,67 euros anuales en la Comunitat Valenciana y 357,43 euros en Cataluña, lo que supone una brecha de hasta 76,76 euros al año.

Los trabajadores con SMI comenzarán a tributar

A diferencia de años anteriores, el Gobierno no ha ajustado el IRPF para eximir de tributación a quienes perciben el salario mínimo. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda ha aclarado que la mayoría de los trabajadores con SMI seguirán sin pagar IRPF, ya que su situación personal y familiar les permitirá continuar sin retenciones.

El perfil más afectado será el de un trabajador soltero y sin hijos, a quien Hacienda calcula una retención media de 300,03 euros al año, lo que representa casi la mitad de la subida del salario mínimo (700 euros anuales).

Diferencias según la comunidad autónoma

Las retenciones varían según la comunidad debido a las diferencias en la aplicación del IRPF. Los cálculos del CGE, adelantados por El Mundo, muestran que los trabajadores en Cataluña, Baleares y Madrid tendrán las retenciones más altas, mientras que los de Comunitat Valenciana y Extremadura pagarán menos.

Estas diferencias reflejan la autonomía fiscal de las comunidades y cómo afecta el nuevo SMI a los contribuyentes según su lugar de residencia.

Andalucía 316,76
Aragón 339,56
Asturias 348,50
Baleares 330,62
Canarias 330,62
Cantabria 321,69
Castilla y León 330,62
Castilla-La Mancha 339,56
Cataluña 357,43
Extremadura 312,75
Galicia 309,11
Madrid 287,12
Murcia 339,56
La Rioja 312,75
Comunitat Valenciana 280,67
MEDIA NACIONAL 300,03

 

 

 

Gobierno acuerda con sindicatos una subida de 50 euros en el Salario Mínimo Interprofesional

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado este miércoles un acuerdo con los sindicatos UGT y CCOO para incrementar el salario mínimo interprofesional (SMI) en 50 euros, situándolo en 1.184 euros mensuales brutos en 14 pagas a partir de 2025.

Con esta medida, el SMI experimentará un aumento del 4,41%, una de las subidas más significativas en los últimos años y alineada con el objetivo de garantizar condiciones laborales más dignas. El acuerdo se alcanzó durante una reunión con los agentes sociales, aunque sin el respaldo de la patronal CEOE, que finalmente no se sumó a la firma del pacto.

Un acuerdo con impacto en miles de trabajadores

Durante la rueda de prensa posterior al encuentro, Yolanda Díaz destacó el papel del diálogo social en la consecución de este pacto. «El diálogo social funciona», afirmó la vicepresidenta, quien también agradeció las aportaciones realizadas por la patronal CEOE durante las negociaciones, a pesar de que no se logró un acuerdo tripartito.

Este incremento del SMI beneficiará a millones de trabajadores en España, especialmente a aquellos con contratos precarios o en sectores con salarios más bajos. El objetivo es reducir la desigualdad salarial y mejorar el poder adquisitivo en un contexto económico de alta inflación.

La subida en cifras: ¿cómo se compara con años anteriores?

El aumento de 50 euros es el más alto dentro de la horquilla recomendada por el informe de expertos encargado por el Ministerio de Trabajo. Además, este incremento forma parte de una estrategia progresiva que busca alcanzar el 60% del salario medio en España, cumpliendo así con las directrices marcadas por la Carta Social Europea.

En años recientes, el salario mínimo ha experimentado varios ajustes:

  • 2023: Subida de 80 euros, situándose en 1.134 euros.
  • 2024: Incremento de 35 euros, alcanzando los 1.184 euros previstos.
  • 2025: Este último aumento consolida la tendencia de incrementos sostenidos en el SMI.

Reacciones de los agentes sociales

Los sindicatos UGT y CCOO han celebrado el acuerdo, considerándolo un paso fundamental para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores más vulnerables. Por su parte, Pepe Álvarez, secretario general de UGT, declaró que la subida del SMI es «un avance social imprescindible» para garantizar un mínimo de bienestar económico.

No obstante, la ausencia de la patronal CEOE en la firma del acuerdo ha generado algunas críticas desde el ámbito empresarial, donde se advierte del posible impacto negativo en la competitividad de las pequeñas y medianas empresas (pymes).

Objetivos del Gobierno con esta medida

El incremento del salario mínimo responde a varios objetivos estratégicos del Gobierno:

  • Reducción de la desigualdad salarial en sectores con menor remuneración.
  • Incrementar el consumo interno, al mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores.
  • Cumplir con los compromisos internacionales de derechos laborales establecidos por la Carta Social Europea.
  • Combatir la pobreza laboral, que afecta a una parte significativa de los empleados en España.

Impacto económico esperado

Aunque el aumento del SMI puede generar tensiones en ciertos sectores empresariales, expertos en economía laboral sostienen que estas medidas contribuyen a una mayor cohesión social y estabilidad económica. Un salario mínimo más alto permite a los trabajadores disponer de mayores recursos para cubrir necesidades básicas, lo que a su vez dinamiza sectores como el comercio y los servicios.

No obstante, se subraya la importancia de implementar medidas de apoyo a las pymes, como incentivos fiscales o financiación preferente, para minimizar los efectos adversos en términos de costes laborales.

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El Tribunal Supremo envía a juicio al fiscal general del Estado y le impone una fianza de 150.000 euros

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Álvaro García Ortiz
Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado

El Tribunal Supremo ha abierto juicio oral contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos. El magistrado instructor de la Sala Segunda, Ángel Hurtado, le ha impuesto una fianza de 150.000 euros para asegurar posibles responsabilidades civiles. Si no la abona en el plazo de cinco días, se procederá al embargo de bienes.

El caso se basa en la filtración, presuntamente autorizada o coordinada por García Ortiz, del contenido confidencial de un correo electrónico relacionado con la investigación fiscal sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En concreto, se acusa al fiscal general de haber facilitado esa información a un medio de comunicación, lo que constituiría un delito de revelación de secretos cometido por autoridad.


El proceso judicial

La decisión del magistrado llega semanas después de que la Sala de Apelación del propio Supremo confirmara el procesamiento de García Ortiz. El tribunal considera que existen indicios suficientes para sentarlo en el banquillo y juzgar si su actuación supuso una violación del deber de confidencialidad inherente a su cargo.

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que actúa como acusación particular, solicita una condena de seis años de prisión para el fiscal general. Sin embargo, el magistrado ha rechazado su suspensión cautelar del cargo, aunque ha remitido el auto a la Inspección Fiscal para que determine si procede alguna medida administrativa.


Respaldo del Gobierno y críticas de la oposición

Pese a la apertura de juicio, el Gobierno ha reiterado su plena confianza en Álvaro García Ortiz y ha defendido su presunción de inocencia. Así lo ha afirmado la ministra portavoz, quien ha subrayado que el fiscal general «siempre ha defendido la verdad y ha perseguido el delito».

Por el contrario, la oposición ha exigido su dimisión inmediata. Desde el Partido Popular, se considera que la situación es insostenible desde el punto de vista ético y político. Su portavoz en el Congreso ha señalado que en un país democrático, el fiscal general debería haber renunciado ya al cargo.


La Fiscalía también recurre

En paralelo, la propia Fiscalía del Tribunal Supremo ha presentado un recurso contra el auto de apertura de juicio oral. La teniente fiscal sostiene que la instrucción ha vulnerado derechos fundamentales y no ha respetado las garantías procesales necesarias. Por ello, solicita el archivo del caso.

La causa se encuentra ahora en una fase clave: a la espera de que se determine la fecha del juicio y de que la Inspección Fiscal valore si es procedente adoptar medidas disciplinarias internas contra García Ortiz.


Claves del caso

  • Imputado: Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado

  • Delito atribuido: Revelación de secretos

  • Fianza: 150.000 euros, a abonar en cinco días

  • Condena solicitada: 6 años de prisión (por parte de APIF)

  • Reacciones: Apoyo del Gobierno, duras críticas del PP y Compromís

  • Estado actual: Auto de apertura de juicio oral firme; pendiente de fecha


Este juicio marca un precedente inédito en la historia reciente del Ministerio Fiscal en España y pone bajo escrutinio público el papel institucional del fiscal general, su relación con el Gobierno y los límites legales de su actuación.

 

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