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Salvador Illa descarta por el momento adelantar el toque de queda pero lo estudiará

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EFE/Jesús Morón/Junta de Andalucía

Madrid/Sevilla, 20 ene (EFE).- El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha descartado este miércoles adelantar, por el momento, el toque de queda nocturno como le han pedido varias comunidades autónomas si bien ha asegurado que va a estudiar la propuesta.

De esta forma se ha expresado el ministro en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), en la que varias comunidades le han planteado ampliar las medidas de actuación frente al coronavirus más allá de las que ya están disponibles.

Entre esas medidas solicitadas por las comunidades se encuentra la de adelantar la restricción de movilidad nocturna, una propuesta que el Ministerio no ha aceptado por el momento pero sí la va a estudiar, según ha dicho Illa.

«Lo vamos a valorar en este ejercicio de escucha permanente que tenemos», ha insistido en la rueda de prensa en la que ha estado acompañado por la titular de Función Pública, Carolina Darias, y el consejero de Salud de Andalucía, Jesús Aguirre.

El ministro ha señalado que si se accede a esta petición, tal vez se concentre la movilidad en unas franjas horarias, por tanto, ha dicho, la medida puede tener «sus pros y sus contras».

Y es que se ha mostrado convencido de que con las medidas de las que disponen las comunidades con la estrategia nacional contra la covid y las recogidas en el estado de alarma se puede doblegar esta tercera curva.

«Todos sabemos que si se adoptan medidas hoy no veremos el resultado, por mucho que nos empeñemos, mañana, no se trata tanto de añadir muchas más medidas de golpe sino de aplicar bien las que hemos adoptado y esperar los días necesarios para evaluar los resultados de las mismas», ha destacado Illa.

En este sentido, ha abundado en que «ya sabemos» que las medidas actuales «dan resultados»: «no porque lo hemos leído en ningún libro sino porque lo hemos experimentado en la segunda ola», cuando, ha añadido, se consiguió doblegar la segunda curva.

Ha hecho hincapié en que vienen «días duros» pero ha recalcado que con lo que se está ya haciendo y si «cumplimos todos» se vencerá esta tercera ola.

«La cogobernanza funcionó en la primera ola, en la segunda y va a funcionar en la tercera», ha augurado el ministro.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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