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Salvador Illa descarta por el momento adelantar el toque de queda pero lo estudiará

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EFE/Jesús Morón/Junta de Andalucía

Madrid/Sevilla, 20 ene (EFE).- El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha descartado este miércoles adelantar, por el momento, el toque de queda nocturno como le han pedido varias comunidades autónomas si bien ha asegurado que va a estudiar la propuesta.

De esta forma se ha expresado el ministro en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), en la que varias comunidades le han planteado ampliar las medidas de actuación frente al coronavirus más allá de las que ya están disponibles.

Entre esas medidas solicitadas por las comunidades se encuentra la de adelantar la restricción de movilidad nocturna, una propuesta que el Ministerio no ha aceptado por el momento pero sí la va a estudiar, según ha dicho Illa.

«Lo vamos a valorar en este ejercicio de escucha permanente que tenemos», ha insistido en la rueda de prensa en la que ha estado acompañado por la titular de Función Pública, Carolina Darias, y el consejero de Salud de Andalucía, Jesús Aguirre.

El ministro ha señalado que si se accede a esta petición, tal vez se concentre la movilidad en unas franjas horarias, por tanto, ha dicho, la medida puede tener «sus pros y sus contras».

Y es que se ha mostrado convencido de que con las medidas de las que disponen las comunidades con la estrategia nacional contra la covid y las recogidas en el estado de alarma se puede doblegar esta tercera curva.

«Todos sabemos que si se adoptan medidas hoy no veremos el resultado, por mucho que nos empeñemos, mañana, no se trata tanto de añadir muchas más medidas de golpe sino de aplicar bien las que hemos adoptado y esperar los días necesarios para evaluar los resultados de las mismas», ha destacado Illa.

En este sentido, ha abundado en que «ya sabemos» que las medidas actuales «dan resultados»: «no porque lo hemos leído en ningún libro sino porque lo hemos experimentado en la segunda ola», cuando, ha añadido, se consiguió doblegar la segunda curva.

Ha hecho hincapié en que vienen «días duros» pero ha recalcado que con lo que se está ya haciendo y si «cumplimos todos» se vencerá esta tercera ola.

«La cogobernanza funcionó en la primera ola, en la segunda y va a funcionar en la tercera», ha augurado el ministro.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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