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Sánchez anuncia una inversión de 1.238 millones para modernizar la FP

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Sánchez anuncia una inversión de 1.238 millones para modernizar la FP
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la ministra de Educación y Formación Profesional , Pilar Alegría se fotografían con los alumnos del Centro Integrado Público de Formación Profesional de Mislata (Valencia) que han visitado. EFE/ Kai Forsterling

Mislata (Valencia), 16 may (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que el Consejo de Ministros aprobará mañana una inversión de 1.238 millones de euros para modernizar la Formación Profesional en España, la mayor de la historia dedicada a estos estudios.

Sánchez ha realizado este anuncio durante una visita al Centro Integrado Público de Formación Profesional de Mislata (Valencia), en la que ha estado acompañado de la ministra de Educación, Pilar Alegría, y del president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.

Del total de fondos, que serán gestionados por las comunidades autónomas -su distribución se concretará este martes- 864 se destinarán a la formación de profesorado y 392 a incrementar el número de plazas y a mejorar las aulas de emprendimiento e internacionalización.

«Si preguntamos a los padres y a las madres, creo que podemos decir que el principal desafío del país se llama desigualdad. La sufren particularmente los jóvenes. Precariedad, desempleo, edad de emancipación… La desigualdad intergeneracional es de esas desigualdades a resolver», ha subrayado el presidente.

«Cuando fue elegido presidente hace 4 años no fue casualidad denominar al ministerio de Educación y Formación Profesional, sino que quise reivindicar el compromiso de un Gobierno progresista con la FP, porque cuando hablamos de igualdad hablamos de construir una sociedad que garantice la igualdad de oportunidades», ha agregado.

A juicio del presidente Sánchez, España va a necesitar en los próximos dos o tres años «un 50 % de personas cualificadas de forma intermedia en términos técnicos. Estamos en un 25 %, por lo que hemos de duplicar esta cifra en poco tiempo para hacer frente a toda la oferta laboral que va a propiciar la empresa en mano de obra para los jóvenes».

Ha recordado asimismo que la FP española disfruta de un nuevo marco normativo desde el pasado mes de marzo «en el que se mezclan los conceptos de empleabilidad y formación intelectual, para que los jóvenes salgan con capacidades intelectuales que les permitan ser libres, autónomos y ciudadanos de primera».

«Hemos hecho que toda la FP sea dual, hemos apostado por el emprendimiento y la formación continua, y estamos acelerando la acreditación profesional de quienes no finalizaron sus estudios pero tienen una gran experiencia en sus oficios», ha añadido el presidente.

Además del renovado marco normativo y de una inversión prevista en los próximos años de 5.500 millones de euros, Sánchez ha anunciado que el Consejo de Ministros de mañana aprobará una inyección adicional de 1.238 millones de euros para la modernización de la FP, de los cuales 864 se destinarán a la formación del profesorado y las relaciones con las empresas y otros 392 al incremento de plazas disponibles y a la mejora de las aulas de emprendimiento e internacionalización.

«Dentro de muchos años, cuando eche la vista atrás, creo que de lo que más orgulloso me sentiré es de haber contribuido de forma decisiva a dignificar la FP como un camino de educación tan digno e importante para la vida de nuestros jóvenes como otros sistemas educativos que tradicionalmente han copado las preferencias de nuestros jóvenes y padres», ha concluido Sánchez.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado que la Generalitat invertirá cinco millones de euros en la ampliación de este centro de Formación Profesional de Mislata, y ha recordado que el Ejecutivo autonómico ya ha previsto una ampliación de 5.000 nuevas plazas más para FP el próximo curso, lo que significará un incremento total del 30 % respecto a las disponibles en 2015.

A esas nuevas plazas -5.700, según fuentes de la Generalitat– se sumará la apertura de seis centros de FP integrados en Alicante, Elche, Sagunt (2), Castelló y Dénia. Desde 2015 el presupuesto en formación profesional de la Generalitat ha crecido un 271 %.

«Actualmente hay un decalaje entre el mercado laboral y la oferta de empleo, y ahí la FP llena un hueco fundamental. Creo que la FP no es la asignatura pendiente, sino el futuro del país», ha concluido el president, quien ha estado acompañado por la consellera de Educación, Raquel Tamarit, en su primer acto público tras la toma de posesión de su cargo.

Durante la visita al centro de Mislata -que imparte grados avanzados como son los de Inteligencia Artificial y Óptica-, el presidente del Gobierno ha charlado con alumnos de primer curso del ciclo superior de Óptica y Gestión de Alojamientos Turísticos y del ciclo medio de Cuidados Auxiliares de Enfermería.

Al concluir la visita, numerosos alumnos han querido hacerse un ‘selfie’ con Pedro Sánchez en uno de los jardines del centro donde el presidente ha realizado el anuncio de inversión.

En el exterior del instituto, un grupo de personas ha reclamado durante la llegada y la salida del presidente la equiparación salarial entre la Policía y la Guardia Civil, y la Policía Autonómica.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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