El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha decretado este lunes prisión comunicada y sin fianza para Santos Cerdán tras tomarle declaración. La decisión se basa en la existencia de un riesgo fundado de fuga y de destrucción de pruebas, según argumenta el juez en su auto. Esta medida ha sido solicitada por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, que también ha advertido de esos riesgos durante la vista celebrada para decidir las medidas cautelares.

La Fiscalía sostiene que Santos Cerdán sería el líder de una organización criminal dedicada a presuntos amaños en la adjudicación de obra pública a cambio de comisiones ilegales. Según el Ministerio Público, estas comisiones podrían haber superado los 600.000 euros, un volumen que refuerza, a juicio de la acusación, la gravedad de los hechos y la necesidad de su ingreso en prisión provisional.

Durante su comparecencia ante el juez, y según fuentes jurídicas presentes en la declaración, Cerdán solo ha respondido a las preguntas de su defensa. En su intervención, ha sostenido que es víctima de una persecución política y se ha reivindicado como «el arquitecto político de un Gobierno progresista», en alusión a su papel en la moción de censura contra Mariano Rajoy que propició la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa.

El caso sigue bajo secreto de sumario y forma parte de una investigación de gran calado sobre corrupción institucional y posible financiación ilegal vinculada a contratos públicos. Desde el entorno de Cerdán no se ha emitido aún ningún comunicado oficial.

”El jefe de la organización criminal”

Tras ello se ha celebrado una vistilla de medidas cautelares en la que el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha pedido el ingreso en prisión provisional sin fianza al considerar que Cerdán es «el jefe de la organización criminal», de acuerdo con las citadas fuentes.

El fiscal ha alegado que hay riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, subrayando que las conversaciones y mensajes en los que se basa su imputación son «explícitos», por lo que ha considerado ofensivo que insinúe que es víctima de una persecución política.

En la vistilla, el fiscal ha sostenido que se valió de José Luis Ábalos y de Koldo García para penetrar en un Gobierno que en realidad le era ajeno y, concretamente, en el ministerio con mayor presupuesto, para actuar en su beneficio y el de otros a través de los presuntos amaños.

De esta forma, Anticorrupción ha ido un paso más allá que con el ex ministro de Transportes y el exasesor ministerial, para quienes solo pidió prohibición de salida del país, retirada de pasaporte y comparecencia periódica en sede judicial, medidas cautelares que se ratificaron la semana pasada. Para éstos, las acusaciones populares también reclamaron cárcel pero el instructor lo rechazó. En esta ocasión se han adherido a la petición del fiscal.

 ¿Por qué declara Santos Cerdán ante el Supremo?

La comparecencia judicial de Cerdán se produce tras la publicación del denominado informe Cerdán, un extenso documento de la UCO que lo relaciona directamente con el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su asesor, Koldo García. Los tres habrían participado en una trama que supuestamente otorgaba contratos de obra pública a determinadas constructoras a cambio de comisiones encubiertas.

Cerdán dimitió como número tres del PSOE el pasado 12 de junio, el mismo día en que se hizo público el informe policial. Días después, renunció también a su acta como diputado, perdiendo así su aforamiento y facilitando que el Supremo pudiera citarlo directamente como investigado.

La defensa niega los hechos y cuestiona las pruebas

Fuentes de la defensa han confirmado que Cerdán está dispuesto a declarar y a “aclarar los hechos” ante el juez instructor, Leopoldo Puente, quien ya ha advertido que valorará posibles medidas cautelares tras su testimonio. Entre las pruebas más relevantes que lo incriminan figura un contrato privado por el que supuestamente Cerdán adquirió el 45% de la empresa Servinabar, beneficiaria de más de 75 millones de euros en adjudicaciones públicas en Navarra.

La defensa sostiene que dicho documento, hallado en casa del empresario Joseba Antxón Alonso Egurrola, “no tuvo efectos jurídicos” al no haberse elevado a escritura pública. Sin embargo, el Consejo General del Notariado aclara que este tipo de contratos, aunque privados, sí tienen validez entre las partes firmantes y suelen utilizarse precisamente para ocultar la titularidad real.

Las constructoras investigadas y el origen de la trama

Según la UCO, el epicentro de esta red de amaño de contratos estaría en Navarra, donde Cerdán y Koldo García comenzaron a mover influencias en 2015. La investigación apunta a que empresas como Acciona, Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) fueron las principales beneficiadas por esta trama.

Solo las comisiones obtenidas de Acciona superarían los 600.000 euros, aunque según los informes policiales aún se adeudarían unos 450.000 euros más. En uno de los audios grabados por Koldo entre 2019 y 2023, se escucha supuestamente a Cerdán afirmar: “Voy a ir a por todo”.

Los audios, WhatsApps y el papel de los investigados

El caso está cimentado en grabaciones y mensajes de WhatsApp que reflejan conversaciones entre los implicados. Cerdán, al igual que Ábalos, niega reconocerse en los audios, mientras que Koldo ha optado por guardar silencio en sus comparecencias anteriores.

El Supremo ya impuso medidas cautelares a otros imputados del caso: retirada de pasaporte, prohibición de salida del país y obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado. No se descarta que estas medidas se apliquen también a Cerdán tras su declaración.

 Posibles penas y nuevas declaraciones en el horizonte

La Fiscalía Anticorrupción aprecia indicios de cohecho y organización criminal. Por el momento, las acusaciones populares lideradas por el PP han pedido incluso prisión provisional para algunos implicados, aunque esta medida aún no ha sido aplicada.

El calendario judicial continuará este viernes con las declaraciones de los empresarios Antonio y Daniel Fernández Menéndez (OPR) y José Ruz (LIC). El 7 de julio será el turno de Joseba Alonso Egurrola y Fernando Merino, ex directivo de Acciona Construcción.

 ¿Qué está en juego en la declaración de Cerdán?

El interrogatorio a Santos Cerdán podría ser clave para esclarecer su papel en una red que, de confirmarse, habría desviado decenas de millones de euros públicos. Su implicación directa o indirecta marcará no solo el rumbo judicial del caso, sino también el impacto político que podría tener sobre el PSOE y su gestión pasada en el Gobierno.

Por ahora, tanto la Fiscalía como el Supremo mantienen el foco sobre un entramado que, según las investigaciones, ha crecido a la sombra del poder político durante más de una década.

La UCO entrega al Supremo el contrato privado de compraventa por el que Santos Cerdán adquirió parte de Servinabar

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado al magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente —que instruye la investigación de la trama Koldo—, una copia del contrato de compraventa por el que Santos Cerdán, actual secretario del PSOE, habría adquirido parte de la empresa Servinabar 2000 SL en 2016.

Dicha empresa, según las investigaciones, habría sido adjudicataria de varias obras públicas valoradas en millones de euros, y está siendo analizada en el marco de este caso de presunta corrupción.

Un contrato fechado en 2016 y hallado en un registro en Vizcaya

En un oficio al que ha tenido acceso Libertad Digital, la UCO informa que el documento fue hallado el pasado 10 de junio de 2025 durante un registro en el domicilio de Joseba Antxón Alonso, ubicado en Elorrio (Vizcaya). Esta actuación se realizó en el marco de la Causa Especial nº 003/0020775/2020.

Durante el registro se intervino documentación en papel, incluyendo un contrato privado de compraventa de participaciones sociales fechado el 1 de junio de 2016, mediante el cual Santos Cerdán adquiría 1.350 participaciones de Servinabar 2000 SL por un valor de 6.000 euros. El contrato consta de cuatro páginas, firmadas por ambas partes, y cuenta con el sello oficial de la empresa en su hoja final.

Entrega oficial del documento al Supremo

Tras una solicitud expresa del magistrado instructor, el pasado 20 de junio de 2025, la UCO ha remitido una copia del contrato al Tribunal Supremo. El documento fue recogido durante el registro y sellado por la Letrada de la Administración de Justicia en funciones de guardia de los Juzgados de Durango (Vizcaya).

La defensa de Cerdán: “Es solo un contrato privado sin efecto jurídico”

Fuentes de la defensa de Santos Cerdán han confirmado a este medio que ya han recibido una copia del documento intervenido por la UCO. Según han explicado, «no se trata de una escritura pública, sino de un contrato privado que nunca se elevó a público», por lo que «no tuvo ni tiene efecto jurídico alguno».

Además, subrayan que Servinabar ya informó a los medios hace días que Santos Cerdán nunca formó parte activa de la sociedad, ni percibió ingresos derivados de su actividad. Según estas fuentes, en el momento de la firma del contrato, en 2016, «el objeto social de la empresa era distinto al actual». El dirigente socialista ampliará sus explicaciones sobre este asunto en su declaración prevista para este lunes.

Opiniones jurídicas: el contrato privado puede ser válido si fue registrado

Por otro lado, fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital han matizado que una compraventa de participaciones mediante documento privado es perfectamente válida entre las partes, siempre que la sociedad acepte el registro del contrato en su libro de socios. Además, recuerdan que este tipo de contratos pueden ser elevados a públicos en cualquier momento, si las partes así lo desean.

Detalles del contrato de compraventa de Servinabar 2000 SL

El contrato recoge lo siguiente:

• Vendedor: Joseba Antxón Alonso Egurrola, administrador único de Servinabar 2000 SL.

• Comprador: Santos Cerdán León.

• Objeto: Venta de 1.350 participaciones sociales de la empresa, numeradas del 1.650 al 3.000.

• Precio: 6.000 euros, con carta de pago incluida.

• Cláusulas adicionales:

  • Los gastos e impuestos derivados correrían a cargo del comprador.

  • Declaración de cumplimiento de requisitos legales.

  • Ambas partes se someten a los juzgados de Navarra en caso de conflicto.

El contrato, con fecha de 1 de junio de 2016, lleva la firma de ambas partes y el sello de Servinabar 2000 SL.

Un documento clave en la investigación de la trama Koldo

Este contrato privado de compraventa se suma a la documentación analizada por la Guardia Civil en el contexto de la trama Koldo, y podría resultar clave para esclarecer la posible vinculación de Santos Cerdán con la sociedad adjudicataria de obras públicas. El Tribunal Supremo tendrá ahora que valorar la validez y el impacto legal de este documento en el marco de la causa abierta.

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