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Sanidad confirma 40 nuevos casos en la Comunitat y la Generalitat decreta el nivel de Emergencia 2

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VALÈNCIA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) –

La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, ha confirmado esta mañana 40 nuevos casos positivos de coronavirus en la en la Comunitat Valenciana, lo que eleva a 188 los casos activos.

Se han conocido 2 casos en la provincia de Castellón, 18 en la provincia de Alicante y 20 en la de Valencia. De todos ellos, 19 son mujeres y 21 son hombres. Once de ellos están ingresados y uno reviste gravedad.

De este modo, el número de casos activos se eleva a 188 en la Comunitat Valenciana:
· 7 en la provincia de Castellón
· 57 en la provincia de Alicante
· 124 en la provincia de Valencia

El número de personas ingresadas en este momento es de 42 y 3 de ellas están graves.

La consellera ha explicado que, hasta el momento, se han realizado un total de 2.734 pruebas con resultado negativo. En el número 900 se han atendido desde que se puso en marcha más de 14.000 llamadas, y ha bajado al 8% la solicitud de información general gracias a la puesta en marcha del «autotest» en la página web de la Conselleria de Sanitat, que ha recibido ya más de un millón de visitas. (http://coronavirusautotest.san.gva.es/autotest_va.html)

Medidas especiales de Farmacia y Asistencia Sanitaria

La Conselleria ha adoptado nuevas medidas especiales a través de la Dirección General de Farmacia y de la Dirección General de Asistencia Sanitaria que ya están en vigor.

Entre las medidas de la DG de Farmacia se encuentra promover la modificación y prescripción de tratamientos mediante las citas telefónicas y las citas sin presencia del paciente, especialmente para pacientes crónicos. Además, se dispensará la cantidad máxima posible de medicamentos y productos sanitarios en las Unidades de Atención Farmacéutica a pacientes Externos y en Centros Sanitarios, siempre de acuerdo con las características del paciente y del medicamento. Están destinadas a pacientes que presentan mayor riesgo de contagio y pacientes con situaciones clínicas que aconsejen evitar la asistencia a un centro hospitalario. Por supuesto, se hará siempre de acuerdo con las características del paciente y del medicamento.

Por otro lado, se habilita a los servicios de Farmacia para que dispongan de las instalaciones y equipamiento adecuados, para la elaboración de lotes de geles hidroalcohólicos destinados a personal sanitario y se reservan las formulaciones comerciales, envasadas con dosificadores, para los pacientes, profesionales y usuarios de espacios donde se da un mayor flujo de personas.

Por su parte, desde la Dirección General de Asistencia Sanitaria se han adoptado medidas especiales destinadas a los departamentos de salud, prohibiendo las visitas en términos generales y solo si es necesario, permitiendo la presencia de un único acompañante como cuidador de pacientes ingresados en hospitales para pacientes crónicos (HACLES), y menores o pacientes dependientes en el resto de los dispositivos sanitarios.

En todo caso, cualquier persona que presente síntomas debe abstenerse de acompañar a un paciente y se debe suspender la actividad del voluntariado y las visitas de los informadores técnicos sanitarios. Además, el horario de visitas en UCI se restringe a media hora dos veces al día, también limitada a un único acompañante y debe cancelarse cualquier actividad grupal o comunitaria de promoción o prevención de la salud, aunque se asegurará el servicio de restauración para los profesionales.

Además, podrán ser suspendidas o retrasadas las actividades quirúrgicas programadas, excepto la urgente y oncológica, según las necesidades de los centros.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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