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Sanidad envía un nuevo documento sobre las restricciones de ocio nocturno tras el varapalo de la Audiencia Nacional
Publicado
hace 4 añosen
 
																								
												
												
											Fuentes de la Conselleria de Sanidad de la Comunitat Valenciana han confirmado que la ministra Carolina Darias ha llamado a la cosellera, Ana Barceló, y la ha remitido un nuevo documento para el miércoles, cuando se reúna de nuevo el Consejo Interterritorial de Salud, órgano en el que se aprobaron sin la unanimidad de las comunidades autónomas las medidas que la justicia ha paralizado este lunes en Madrid.
Otras fuentes autonómicas han asegurado también a Efe que Sanidad está contactando con los gobiernos autonómicos, después de conocerse la resolución judicial.
Por su parte, fuentes del Ministerio ha insistido que todo el departamento busca «puntos de encuentro» y que la ministra habla a diario con los titulares de las consejerías autonómicas.
«El Ministerio busca consenso y trata de evitar la judicialización del proceso; sería una pena que vaya a depender de las autoridades judiciales porque no hayamos encontrado alternativas suficientes», ha resaltado en su habitual rueda de prensa el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, tras conocer la resolución de la Audiencia Nacional.
La Audiencia Nacional ha suspendido de forma cautelarísima la aplicación en la Comunidad de Madrid de las restricciones al ocio nocturno, la hostelería y los eventos acordadas en el Consejo Interterritorial de Salud el pasado miércoles y publicadas el sábado en el BOE.
En la redacción final de esa orden, la Secretaría de Estado de Sanidad introdujo un apartado en el que se especifica que las comunidades y ciudades con estatuto de autonomía que se rijan por medidas más restrictivas que las acordadas, serán quienes decidan sobre la conveniencia de flexibilizarlas.
Madrid presentó un recurso contencioso administrativo contra esas medidas pidiendo su paralización como medida cautelarísima (sin ni siquiera escuchar a la otra parte) para impedir «un daño inmediato, irreparable e insubsanable».
La Audiencia accede a esa petición ante «el riesgo de generar situaciones de incertidumbre y de menoscabo (que pudiera ser grave) a los intereses de los afectados últimos por la decisión de imponer restricciones distintas a las ya existentes».
Una vez adoptada esa decisión, la Sala da plazo al Gobierno central para que presente alegaciones. Entonces decidirá si mantiene la suspensión o reactiva las medidas.
También Galicia ha avanzado este lunes que presentará un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional por «invasión de competencias» en caso de que el Gobierno no modifique la normativa sobre horarios en la hostelería.
No obstante, el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, ha confiado en que en el Consejo interterritorial se pueda “retomar el entendimiento”.
Simón ha explicado que todo el Ministerio, desde la parte más técnica, ha tratado de «mantener una posición negociadora a la hora de implementar y proponer todas las medidas».
Y «prácticamente todo lo que se propone» se trabaja antes en las ponencias y se eleva a la Comisión de Salud Pública «o se discute con múltiples actores».
En este caso, Sanidad propuso en el Interterritorial una declaración de actuaciones coordinadas que permite la reapertura del ocio nocturno hasta las 2, ampliable hasta las 3, en aquellas zonas que estén en los niveles más bajos de riesgo.
También establece un límite horario para la hostelería, que no podrá abrir más allá de la 1 ni servir más tarde de las 24 horas, y restricciones de aforo, así como otras medidas para eventos multitudinarios y prohibiciones de fumar y vapear en la calle cuando no se puedan guardar los 2 metros de distancia, entre otras.
La declaración salió adelante con el voto en contra de Madrid, Cataluña, Murcia, Galicia y Andalucía. Euskadi ni siquiera participó en el debate y Castilla y León se abstuvo.
«Si no se pueden aplicar las medidas por motivos judiciales, se buscarán alternativas lo más consensuadas posibles», ha dicho el epidemiólogo, recordando que en el pasado ya se dieron situaciones similares en la que «la posición judicial no coincide con las propuestas que salen de Salud publica o Sanidad».
En su opinión, si se logra finalmente el consenso con esas alternativas que garanticen la seguridad suficiente, «los riesgos no serán demasiados».
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Sánchez admite cobros en efectivo de menos de 1.000 € pero niega financiación ilegal
Publicado
hace 6 horasen
30 octubre, 2025 
														En una sesión muy tensa de la comisión de investigación del Senado sobre el Caso Koldo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, admitió que en su etapa como secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) pudo recibir en “alguna ocasión” pagos en efectivo para “liquidar gastos”, pero insistió en que nunca superaron los 1.000 euros por operación y siempre se realizaron contra justificante o factura.
El mandatario subrayó que dichos pagos fueron “anecdóticos” y rechazó de forma rotunda la existencia de financiación ilegal en su partido. “En el PSOE no existen sobresueldos”, afirmó con contundencia, y defendió que las fuentes de financiación del partido son “legales” y trazables.
Detalles de la admisión y matices
Sánchez explicó que esos pagos en metálico se realizaron cuando ejercía como secretario general del PSOE, bajo el procedimiento habitual del partido: solicitud de gasto, factura o justificante, y rembolso.
“Estoy convencido de que en alguna ocasión he podido liquidar gastos siempre contra factura”, declaró el presidente.
Sin embargo, el presidente del Gobierno no precisó la cuantía total de los pagos que ha recibido. “Sobre cifras no le puedo responder en concreto porque fueron anecdóticos”, dijo ante la senadora de UPN, María del Mar Caballero.
A preguntas del senador de Vox, Ángel Pelayo, respecto al límite máximo legal para pagos en efectivo (1.000 euros), Sánchez respondió que esos pagos “en ningún caso” lo superaron.
Negación de financiación ilegal y críticas a la comisión
Sánchez utilizó buena parte de su intervención para rechazar las insinuaciones de la oposición y para cuestionar las motivaciones de la comisión investigadora. Calificó la sesión de “comisión de difamación” y llegó a afirmar que “esto es un circo”, lo que provocó reproches del presidente de la comisión del Senado, Eloy Suárez, y de otros grupos parlamentarios.
Además, defendió la “trazabilidad” de las cuentas del PSOE, señalando que tanto él como su partido han actuado con transparencia frente a los hechos que investigan los tribunales, mencionando que su Gobierno, junto al de José Luis Rodríguez Zapatero, han sido los “más limpios y honestos de la historia de la democracia”.
Interrogatorios, evasivas y asuntos pendientes
La sesión, que comenzó a las 9:00 h en la Sala Clara Campoamor del Senado, se prolongó más de cinco horas con interrogatorios por parte de numerosos grupos parlamentarios (excepto el PNV).
Durante el interrogatorio, Sánchez respondió en múltiples ocasiones con expresiones como “no me consta” o “no tengo constancia” cuando se le preguntó sobre detalles específicos relacionados con la trama, como los pagos realizados por el exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García o el rescate de la aerolínea Air Europa.
En concreto:
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Negó que su mujer, Begoña Gómez, tuviera vinculación alguna con el rescate de Air Europa, afirmando que los informes de la unidad de la Guardia Civil descartaban su implicación. 
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Sobre el cese de Ábalos en 2021, aseguró que no fue motivado por los escándalos investigados, sino por una necesidad de renovación del Gobierno tras la pandemia y la desescalada. 
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Finalmente, cuando el senador del PP, Alejo Miranda, le retó a un careo con Ábalos y el empresario Víctor de Aldama, Sánchez rehusó contestar directamente. 
Implicaciones políticas y próximas etapas
Esta comparecencia de Sánchez marca un momento clave en el desarrollo del Caso Koldo. Sus declaraciones tienen varias implicaciones:
- 
Reactiva el debate público sobre la financiación de partidos y el uso de efectivo en las formaciones políticas. 
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Pone foco en la credibilidad del presidente del Gobierno, que ha admitido cobros en metálico pese a los límites legales, aunque lo ha hecho dentro de la legalidad según su versión. 
- 
Agrava el enfrentamiento político entre el Gobierno y la oposición (PP, Vox, UPN) que busca que esta sesión derive en responsabilidades políticas o judiciales. 
- 
Refuerza la presión para que se faciliten documentos, se aclaren pagos en metálico vinculados al PSOE y se depuren responsabilidades en el interior del partido. 
La comisión sigue abierta y todavía quedan por comparecer más testigos y cargos vinculados al caso. El Ejecutivo y el PSOE habrán de hacer frente a nuevas interpelaciones, mientras la oposición insiste en que esta sesión ha sido sólo el primer paso para revelar lo que consideran una “financiación irregular” del partido.
Una cita histórica en el Senado
La sesión comenzará a las 9:00 horas y se espera que se prolongue durante más de seis horas. Sánchez deberá responder ante los senadores sobre los contratos, licencias y operaciones del Gobierno presuntamente relacionadas con la intermediación de Koldo García, exasesor de Ábalos y una de las figuras centrales del caso.
La comparecencia, solicitada por el Partido Popular, llega en un momento político especialmente tenso para el Ejecutivo, marcado por el desgaste de su pacto con Junts, las sospechas de financiación ilegal en el PSOE y la presión creciente de la oposición.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anticipado un interrogatorio directo y sin concesiones. “¿Piensa decir la verdad o va a seguir haciendo de Pedro Sánchez?”, ironizó el dirigente gallego en la víspera de la cita.
Sánchez rompe el silencio dos años después
El presidente no comparecía en el Senado desde marzo de 2024, y lo hace ahora obligado por la normativa parlamentaria, que establece que debe asistir al menos una vez al mes al pleno de la Cámara Alta desde el inicio del curso político.
Para esta sesión, Sánchez contará con el respaldo de su equipo más cercano: el ministro de Justicia, Félix Bolaños; el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas; y el director de Asuntos Institucionales, Iván García Yustos.
La comparecencia tendrá lugar en la misma sala en la que ya declararon José Luis Ábalos y Koldo García, piezas clave del caso que investiga la presunta adjudicación irregular de contratos públicos durante la pandemia.
Una comisión marcada por el caso Koldo y la sombra de la corrupción
La de Sánchez será la segunda comparecencia de un presidente del Gobierno en una comisión de investigación en democracia —la primera fue la de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004 por los atentados del 11M—, aunque en este caso con un matiz inédito: es la primera vez que un presidente acude para rendir cuentas por un caso de corrupción que afecta a su propio partido.
La investigación judicial apunta a la posible existencia de una “caja B” en el PSOE y a movimientos económicos vinculados a antiguos dirigentes. El exgerente del partido, Mariano Moreno Pavón, ha implicado en sus declaraciones a varios cargos, mientras que Santos Cerdán, exsecretario de Organización, continúa en prisión preventiva en Soto del Real.
Moncloa busca rebajar la tensión antes del interrogatorio
En la víspera de su comparecencia, Moncloa ha intentado reducir el ruido político. Durante la Sesión de Control celebrada este martes en el Congreso, marcada por su brevedad debido al funeral de Estado por las víctimas de la DANA, Sánchez evitó entrar al choque con la oposición.
El presidente centró su discurso en un tono institucional, recordando a las víctimas y elogiando la unidad mostrada durante el homenaje en València. Fuentes del Gobierno explican que el objetivo es mantener la calma y proyectar una imagen de responsabilidad antes de un interrogatorio que se prevé bronco.
Un examen político y moral
La cita de este miércoles no solo pondrá a prueba la capacidad dialéctica de Pedro Sánchez, sino también su credibilidad política y su liderazgo dentro del PSOE. En un contexto de creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones y de erosión interna en el partido, el presidente buscará exhibir firmeza, transparencia y control frente a los ataques de la oposición.
Mientras tanto, desde el Partido Popular se insiste en que esta comparecencia debe servir para “arrojar luz” sobre la gestión de los fondos públicos durante la pandemia y sobre la supuesta red de comisiones ilegales.
Sea cual sea el resultado, lo cierto es que la sesión de este miércoles quedará registrada como un momento inédito en la historia reciente de la democracia española: el día en que un presidente del Gobierno compareció ante el Senado para responder por un caso de corrupción que golpea directamente a su propio partido.
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